Lescano, peronismo y menemismo

Tenía 80 años y murió ayer. A ritmo menos intenso ahora, pero nunca dejó de moverse en los vericuetos de la política sindical y partidaria. Según sus íntimos, estaba intentando asegurar el recambio al actual esquema de poder y gestionaba la reunificación de la CGT para lo cual no vaciló en reunirse con su viejo enemigo, Hugo Moyano.

Siempre fue capaz de ver lo que los demás no veían y de tener en claro el rumbo de los acontecimientos. Prueba de ello es esta entrevista que se publicó en la edición 900 de Mercado, correspondiente a octubre de 1992, con el título: “El peronismo no tiene programa”. Lescano dejaba en claro –plena vigencia del menemismo- que no estaba de acuerdo con que el Estado “delegue totalmente en la actividad privada la prestación de servicios como el eléctrico, el telefónico, el suministro de gas y las prestaciones de obras sanitarias”.
Sobre discrepancias con el menemismo y con advertencias sobre riesgos futuros se desarrolló esta conversación.

La entrevista

El jefe de la CGT coincide abiertamente con Alfonsín en denunciar los peligros de la concentración económica. Acepta un modelo basado en el libre mercado, pero reclama mayor protagonismo sindical y un papel más activo del Estado

Con poder recortado, con menor credibilidad ante la opinión pública, y casi olvidada por los medios, la Confederación General del Trabajo intenta convivir con el modelo económico actual, adquirir algún protagonismo y obtener algunos logros. Sus dirigentes creen que, si no se avanza en este camino, sólo queda la confrontación. Una técnica que prefieren evitar en la relación con este gobierno. En el fondo, los dirigentes más lúcidos apuestan a que, tarde o temprano, este modelo económico será reemplazado y quieren estar en posición de influir sobre las principales directrices del que vendrá.
A principios de septiembre la CGT hizo una presentación escrita al presidente Carlos Menem. Además de ratificar los términos del acta suscripta con representantes del Poder Ejecutivo el 17 de julio pasado, la dirigencia gremial acepta que la estabilidad económica es condición necesaria para el crecimiento, pero no suficiente en sí misma. El documento, que pone de relieve "signos preocupantes" en la salud, la educación, la justicia, la pobreza y los conflictos laborales que se acrecientan, rescata las bondades del diálogo y la concertación y reclama "un estado fuerte, orientador".
Sobre estos temas, la visión estratégica de la central obrera, y sus relaciones con gobierno y empresarios, transcurrió la entrevista que MERCADO mantuvo con el secretario general de la CGT, Oscar Lescano, máximo dirigente de Luz y Fuerza.

- Hay consenso sobre dos logros del gobierno: el control de la inflación y la reforma del Estado. ¿La CGT comparte esta visión?

- Sí, sin duda la CGT está de acuerdo, porque quien más pierde con la inflación es el que tiene ingresos fijos mensuales. En cuanto a la transformación del Estado, creo que era imprescindible en algunas áreas. No digo todo. El Estado, ante la falta de recursos genuinos y la ausencia de inversión en los servicios públicos, se vio obligado a la venta de importantes bienes económicos. Con lo que no estamos de acuerdo es con que el Estado delegue totalmente en la actividad privada la prestación de servicios como el eléctrico, el telefónico, el suministro de gas y las prestaciones de obras sanitarias.
Hace falta algo más que entes reguladores que controlen las tarifas y el desempeño de las empresas.
Las acciones que el Estado ha retenido como de su propiedad en cada caso -y que serán ofrecidas en la Bolsa- deberían permanecer, en parte, en la órbita pública. Esas acciones darían derecho a mantener representantes estatales en los directorios para que vigilen el cumplimiento de los términos pactados en el pliego de licitación o contrato de compra.

- También se le formulan dos críticas al gobierno o al plan económico. La primera: que no ha logrado realmente ingresar a un proceso de crecimiento. La segunda: que no hay compensación por los efectos del ajuste.

- A partir de la ley de convertibilidad el Estado ha optado por una estrategia. Eligió un modelo económico, y ese modelo económico es la libertad de mercado, que declara traer la competencia y la eficiencia. Pero mientras a los empresarios se los libera de muchas trabas y se los exhorta a practicar la libre competencia, a los trabajadores se les pone un corsé que impide discutir libremente los salarios.
Se nos impone discutir en función de la productividad, pero los trabajadores tienen mínimas posibilidades de debatir porque no se cuenta con los elementos de juicio, con la información necesaria.

- Su tesis es que, si las empresas fueran más transparentes y dieran información a su personal sobre estructuras de costo y otros datos hasta ahora reservados, sería más fácil y factible la discusión sobre productividad.

- Claro, porque los empresarios no nos quieren dar esta información cuando discuten. Suelen decir: ustedes pidan y nosotros vemos si hay margen para una contraoferta, pero no hablemos de producción porque no les podemos dar información. Si la dan están descubriendo cuál es su costo real y en definitiva cuáles son los márgenes de esa empresa y de la comercialización final del producto. Los empresarios no tienen miedo a perder, sí lo tienen a dejar de ganar, a reducir los elevados márgenes de utilidad que han tenido hasta ahora.

- La segunda parte del cuestionamiento es que no hay compensación por los efectos del ajuste, que se descuida el área social.

- A este modelo que se ha elegido, de libre competencia y eficiencia, le falta el componente social.
Tenemos una gran preocupación porque los empresarios lo único que saben hacer o plantean permanentemente es el tema de los costos argentinos para poder competir con países limítrofes o entrar en el mercado mundial. Como resultado, buscan la forma de achicar los costos laborales, reducirlos en la convención colectiva de trabajo, bajarlos de todas formas con las leyes laborales que hoy están en vigencia. Así lo ha planteado recientemente la Unión Industrial, que busca reformular la ley de obras sociales y la ley previsional porque en definitiva se busca que con el dinero de los trabajadores se financie el conjunto de la economía.

- El movimiento obrero ha perdido peso específico, tiene menos afiliados. ¿A quién representa la CGT en un país donde no todo el mundo tiene empleo?

- Está bien, es verdad que el sindicalismo argentino ha perdido prestigio. Esta autocrítica la venimos haciendo desde que asume Menem, desde la división del movimiento obrero en dos CGT. Creo que en buena medida esto se debió a que muchos comunicadores sociales estuvieron al servicio de los grandes monopolios y del establishment, pero también el propio Estado colaboró en la división porque estaba convencido de que en esta transformación el movimiento obrero no iba a tener la madurez suficiente.
Los dirigentes se equivocaron, unos por ser muy obsecuentes y otros por ser contestatarios. Una gran mayoría de ellos aceptó todas las propuestas oficiales sin discutirlas y sin tener la participación debida. Fue necesario un profundo replanteo del movimiento obrero porque vimos que el capital iba avanzando sobre el trabajo, a través de lobbies que actuaban sobre los ministerios de Economía y de Trabajo y sobre el resto del gabinete a los efectos de llevar al Parlamento transformaciones profundas de leyes laborales para poder estar mejor, para poder demostrar su eficiencia y su competitividad, pero no para traer y repatriar el dinero que llevaron afuera hace muchos años.
Hemos asumido que esta transformación es tan profunda que traía consecuencias sociales. Hay dos alternativas: la confrontación directa, o insertarnos dentro del programa y el modelo económico y buscar de alguna forma competir con los poderes tanto empresarios y financieros como del Estado.
Pero competir en cuanto a ideas, análisis y discusión con protagonismo, que fue lo que pedimos el 17 de julio pasado, por lo cual levantamos la medida de fuerza anunciada.
Hay un acta donde se nos dieron todas esas garantías de participación en el diálogo y en el debate de todo proyecto que nos involucre para buscar la paz social con equidad y justicia. Así quedó establecido. Han pasado varias semanas y vemos que se va acrecentando la cantidad de gremios en conflicto.
Se multiplica el cierre de fábricas y la apertura económica significa que Brasil introduce cualquier cantidad de bienes de consumo a menor precio, porque allá, además de la recesión y del exceso de oferta, tienen costos laborales más bajos debido a los subsidios y a una legislación laboral menos avanzada que la nuestra.

- Esta última parte de su discurso podría ser suscripta íntegramente por la Unión Industrial, lo cual nos lleva a otro punto. ¿Qué hay detrás de la idea de la concertación o del acuerdo, que parece tener poca viabilidad en el corto plazo?

- Con los industriales hay contactos frecuentes. Hemos propuesto que en algún momento hay que sentarse a la mesa, cada cual con sus intereses y ver de qué manera podemos discutir salarios dentro de este modelo donde se han soslayado las convenciones colectivas de trabajo.
Hemos hablado con el ministro de Economía muy profundamente, en dos o tres oportunidades.
Explicamos que, contrariamente a lo que los funcionarios creen, la desocupación crece y se están cerrando fábricas. La apertura económica trae desocupación porque los fabricantes locales no pueden competir en el mercado interno y mucho menos en el externo. Ellos nos dicen que los salarios no se pueden aumentar por decreto. Entendemos que a los obreros lo que menos les conviene es la devaluación, y apoyamos la estabilidad.
La estabilidad pertenece a la sociedad, no al Presidente, ni a Cavallo ni al gabinete. Pero estamos convencidos de que, si este proceso no tiene componentes de crecimiento, peligra también la estabilidad, ya que ella sola no soluciona el problema de fondo. Y el verdadero problema es crecer.
Fíjese que, si es cierto que el producto bruto interno anda en los US$ 200 mil millones, como se calcula, y todo el dinero repatriado no pasa de US$ 5 mil millones, esa relación es como una aguja en un pajar. Recursos que por otra parte no ingresaron al circuito productivo, sino que se destinaron a especulación en la Bolsa o a colocar electrodomésticos con intereses desorbitantes, del orden de 100% anual a valor dólar.
Hace falta un Estado fuerte que oriente a la actividad privada a invertir. Un Estado que no se desprenda de todos sus bienes y abandone su rol esencial. Porque, en definitiva, la educación prácticamente va a ser privada, lo mismo que la salud, y, en cuanto a la justicia, no sabemos si será privada un día de éstos.

- ¿Cree que debe haber una política industrial, que el Estado debe decir cuáles son los sectores que tienen futuro, que tienen desarrollo posible?

- El Estado no puede dejar de tener un esquema, un proyecto, una idea del perfil industrial que quiere para el país. Lo debe incentivar, lo tiene que poner de manifiesto, programarlo y ponerlo en discusión.

- Dentro de esta tónica de protagonismo y de participación, ¿cuál va a ser la postura de la CGT ante temas como el de los fondos de pensión o las obras sociales?

- Fíjese en los reclamos del presidente de la UIA. Plantea la refundación de las obras sociales, la reforma del sistema previsional y la reducción de los costos laborales. Queremos que ellos se sienten a la mesa de negociación. Hasta ahora no han venido a discutir. Hay una ley que establece formar un consejo de salario mínimo sobre productividad y la ley de empleo, y hasta ahora no se han hecho presentes.
Sabemos que el modelo de obras sociales no es de lo mejor. Se ha deteriorado y queremos reformularlo. Todas estas sugerencias fueron hechas al ministro de Economía y bien recibidas, lo mismo que al ministro de Acción Social. Pero no ha pasado nada, como al movimiento obrero le falta una relación con el gobierno...

- Con el gobierno peronista...

- Hay un divorcio. Lamentablemente estamos fuera del poder, a pesar de que en ninguno de los casos se nos ocurrió cubrir puestos de ningún tipo dentro del gobierno. Solamente en algunos casos específicos como el PAMI. El poder que queremos tener es el poder de la persuasión, el poder de influir cuando se toman las decisiones, de que se escuche al movimiento obrero.

- En el caso de los fondos de pensiones ustedes aceptan la tesis, e incluso no tienen inconvenientes en participar.

- Hay una resolución de rechazar todo sistema de privatización que sea obligatorio. Si es optativo nosotros lo aceptamos. De cualquier modo, el proyecto ha cambiado sustancialmente. Nosotros lo venimos siguiendo de cerca por las informaciones que tenemos, no porque el gobierno nos haya dado participación.
Pretendemos que, en esta actividad privada de la previsión, podamos tener participación y capacidad de vigilancia o de control sobre el destino de esos fondos que son para pagar a los jubilados.

- Con los fondos de pensión, el Estado va a lograr una masa de financiación, pero la mayor parte irá al mercado de capitales. Usted tiene un buen ejemplo con Segba, que ha sido comprada gracias al ahorro de los obreros chilenos. Ahora, ¿este mecanismo va en beneficio de los obreros chilenos y mañana, eventualmente, de los obreros argentinos? ¿No hay una contradicción conceptual entre el funcionamiento del mecanismo y los intereses de la CGT?

- Esta es nuestra duda, y es la garantía que queremos tener nosotros. Quién nos garantiza que, dentro de 20 años, los que se jubilen tengan asegurada la prestación. No tenemos un ente regulador que nos asegure que así será y ésa es nuestra primera preocupación. La segunda pregunta es que, si el sistema es tan bueno como se dice, ¿por qué no lo maneja el Estado? En cuanto al destino de los fondos, consideramos que el aparato productivo es fundamental. La Bolsa tendrá a lo mejor un porcentaje para movilizar ese sector.
Nuestra primera conclusión, analizando la experiencia chilena, es que el sistema no es bueno para los jubilados pero que sí lo es en cuanto a inversión, al crecimiento que ha tenido Chile.
Esto es parte de la concertación que proponemos. Admitimos que la idea de pacto económico y social puede parecer gastada y suscitar suspicacias. Pero las circunstancias son diferentes. En el pasado cada vez que se habló de concertar se llegó a la mesa de negociaciones con un poder político debilitado, y cada sector tratando de llevar agua para su molino.

- El ahorro compulsivo de los asalariados -representados por la CGT- representará US$ 2.800 millones al año, tal vez durante 15 años seguidos. Será casi la única fuente de capital que vamos a tener en el futuro. ¿Proponen ustedes alguna contrapartida por parte de los empresarios, u otros mecanismos de formación del capital que no provengan del salario?

- Lo primero debe ser la repatriación del dinero que está afuera del país, y que es más de US$ 45 mil millones. Pero hay que ir un poco más allá. Los que adoptaron antes que nosotros este tipo de modelo económico, como Estados Unidos o Inglaterra, hoy están pegando la vuelta.

- Hablando de desfasaje en modas económicas, ¿no hay un divorcio entre los postulados peronistas -incluso actualizados- y los del menemismo? ¿Hay coherencia, se puede decir que éste es un gobierno peronista?

- No. No hay coherencia. Sabemos que en política se está viviendo sobre la coyuntura; que no hay un programa político de futuro. Lo vemos en las propias conversaciones que mantenemos con los ámbitos del gobierno.
Pensamos que el peronismo como partido, como movimiento, no existe, no está detrás de un programa. No sé si por temor o por obsecuencia, pero no sale a dar su opinión para hacer un proyecto de argentinos. Felipe González nos decía, a mí y a un grupo de compañeros líderes de gremios latinoamericanos, que los presidentes nuestros eligieron modelos que ya están perdiendo y que están dando la vuelta. Y agregaba: ellos acumulan, y ustedes van a tener explosiones sociales permanentemente. La concentración económica en unos pocos va a supeditar el poder político mañana, mientras que en España se acumula y se distribuye simultáneamente.

- ¿Usted cree que con este esquema de concentración hay posibilidad de supeditar en el futuro al poder político?

- Sí, estoy convencido.

- Es una tesis muy parecida a la de Alfonsín, que pregunta quién va a poder gobernar este país si media docena de grupos empresariales pueden manejar la energía, la electricidad, el gas, el petróleo, etc, y son los que en verdad controlan el nivel de inflación...
- Exacto. Estoy convencido -no quiero involucrar a todo el movimiento obrero- de que, si se concentra la economía en veinte empresarios, serán también el poder político.

- ¿Cuáles son las líneas centrales del modelo que usted cree que reemplazará al actual?

- Es la concertación, a través de un pacto social económico. Es la única salida. Elegimos agotar la instancia del diálogo; agotarla con imaginación, con creatividad, con asesoramiento profesional para encontrar caminos que eviten la confrontación. Hay que recordar que este gobierno batió todos los récords de no tener paros nacionales durante tres años, pero el enfrentamiento está instalado en la calle. La mayoría de los gremios importantes está parando permanentemente y, si no hacemos un acuerdo político como el que conversamos con el Presidente, en 90 días no serán diez gremios, sino todos, los que estarán en la calle. El gobierno, como lo demostró la reciente reunión en Olivos, demostró que ha aceptado la necesidad de que todos nos pongamos a buscar solución a los conflictos. Si a la postre le cierran las puertas a la CGT, la van a mandar...

- A la vereda de enfrente...
- A la vereda de enfrente, y a confrontar. Esperemos que los hechos de los próximos días demuestren que se puede concretar todo lo que hablamos en esa hora y media en Olivos.