Según The Economist, en un relevamiento del año 2018 sobre 167 países, 114 son considerados democráticos. De ese grupo, 20 son democracias plenas y solo hay una en la región, la República Oriental del Uruguay.
Ese notable avance tuvo, desde mediados del siglo pasado, varias oleadas: la descolonización después de la segunda gran guerra, el ocaso de los regímenes militares en la Europa mediterránea en los años setenta, el amanecer democratizador en América latina de principios de los ochenta iniciado en nuestro país en 1983 y, finalmente, Europa oriental después de la implosión de la URSS.
Esa impronta democratizadora junto con la dinámica de una economía crecientemente globalizada, permitió una clara disminución de la pobreza.
En efecto, mientras que en los años 80 casi la mitad de la población mundial vivía bajo la línea de pobreza – según las convenciones de las Naciones Unidas, personas que cuentan con menos de 1,90 dólares de ingreso diarios- en el año 2015 esa cifra se había reducido a alrededor del 10% de la población mundial.
Si bien es clara la evidente reducción de la pobreza, no es menos cierto que los niveles de desigualdad han aumentado, sobre todo hacia el interior de los países.
Ahora bien, las consecuencias de la pandemia impactarán, seguramente, en las dos dinámicas que distinguieron los asuntos globales en las últimas décadas: la democratización de las sociedades y la mundialización de la economía.
En el plano político, los miedos individuales y las incertidumbres sociales son nutrientes para el surgimiento y desarrollo de liderazgos autoritarios. De hecho, es muy probable que se agreguen casos a la lista de países que, en los tiempos recientes, están experimentando sistemáticos retrocesos democráticos tanto en Europa (Hungría, Polonia, Rumania, Serbia y Turquía) como en América latina (Venezuela y Nicaragua).
Esperemos que esos indicadores de lo que se ha dado en llamar la “recesión democrática” no consoliden una regresión que afecte las libertades y, en consecuencia, las posibilidades de progreso social.
(*) Presidente de la Auditoría General de la Nación.
