La Justicia avaló el aumento tarifario
Las facturas de electricidad y gas llegarán con un incremento de 9% y 7% respectivamente en Capital Federal y Gran Bs.As., a raíz de que la Justicia rechazó una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo para frenar la suba.
El juez del fuero Contencioso Administrativo Guillermo Rossi no
se pronunció sobre la cuestión de fondo de esta presentación
realizada por la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia
Oliveira, y de esta forma dio vía libre a las subas tarifarias.
Los incrementos habían sido dispuestos mediante el decreto 120,
de enero de 2003, pero fueron frenados por las presentaciones
judiciales.
En el caso de la electricidad, el incremento alcanzará a las
empresas Edenor y Edesur, mientras que en gas involucra a la firma
Metrogas, todas con jurisdicción en la Capital Federal, pero que,
a su vez, extienden sus redes de distribución al Gran Buenos
Aires.
Voceros del juzgado de Rossi aclararon que el fallo “no
significa un aval a los aumentos”, pero admitieron que éstos
siguen vigentes ya que “no hubo pronunciamiento en contra”.
Ante esto, Oliveira anticipó que mañana presentará un recurso
de aclaratoria para que el juez especifique el alcance de la
resolución y establezca si el aumento “es ilegal e
inconstitucional”.
Oliveira reclamará al magistrado que defina “la parte de la
resolución que no le concede la medida cautelar, por la que
solicitó la suspensión inmediata de los aumentos”.
No obstante, la defensora “consentirá” el resto del fallo, ya
que el juez le reconoce “la legitimación para actuar en nombre de
los habitantes de la ciudad de Buenos Aires”.
Oliveira había solicitado la inconstitucionalidad y la nulidad
absoluta del decreto presidencial 120/03 que permitió al Poder
Ejecutivo realizar en forma transitoria ajustes tarifarios hasta
que concluya el proceso de renegociación de los contratos de las
concesiones y licencias de servicios públicos.
Por otra parte, el juez Rossi obligó al Estado a informar
mensualmente el estado de la renegociación de los contratos de los
servicios públicos y también el nivel de cumplimiento de la
empresas.
“La información deberá ser brindada a todos los medios de
difusión oral, televisiva e impresa y publicada en cada
oportunidad en dos diarios de la Capital Federal”, señaló el juez,
en su fallo.
Rossi obligó al Estado a comunicar estas cuestiones a los
usuarios dentro de los cinco días de notificado de la resolución y
luego el tercer lunes de cada mes mientras se desarrolla en
proceso de renegociación de los contratos.
El juez del fuero Contencioso Administrativo Guillermo Rossi no
se pronunció sobre la cuestión de fondo de esta presentación
realizada por la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia
Oliveira, y de esta forma dio vía libre a las subas tarifarias.
Los incrementos habían sido dispuestos mediante el decreto 120,
de enero de 2003, pero fueron frenados por las presentaciones
judiciales.
En el caso de la electricidad, el incremento alcanzará a las
empresas Edenor y Edesur, mientras que en gas involucra a la firma
Metrogas, todas con jurisdicción en la Capital Federal, pero que,
a su vez, extienden sus redes de distribución al Gran Buenos
Aires.
Voceros del juzgado de Rossi aclararon que el fallo “no
significa un aval a los aumentos”, pero admitieron que éstos
siguen vigentes ya que “no hubo pronunciamiento en contra”.
Ante esto, Oliveira anticipó que mañana presentará un recurso
de aclaratoria para que el juez especifique el alcance de la
resolución y establezca si el aumento “es ilegal e
inconstitucional”.
Oliveira reclamará al magistrado que defina “la parte de la
resolución que no le concede la medida cautelar, por la que
solicitó la suspensión inmediata de los aumentos”.
No obstante, la defensora “consentirá” el resto del fallo, ya
que el juez le reconoce “la legitimación para actuar en nombre de
los habitantes de la ciudad de Buenos Aires”.
Oliveira había solicitado la inconstitucionalidad y la nulidad
absoluta del decreto presidencial 120/03 que permitió al Poder
Ejecutivo realizar en forma transitoria ajustes tarifarios hasta
que concluya el proceso de renegociación de los contratos de las
concesiones y licencias de servicios públicos.
Por otra parte, el juez Rossi obligó al Estado a informar
mensualmente el estado de la renegociación de los contratos de los
servicios públicos y también el nivel de cumplimiento de la
empresas.
“La información deberá ser brindada a todos los medios de
difusión oral, televisiva e impresa y publicada en cada
oportunidad en dos diarios de la Capital Federal”, señaló el juez,
en su fallo.
Rossi obligó al Estado a comunicar estas cuestiones a los
usuarios dentro de los cinco días de notificado de la resolución y
luego el tercer lunes de cada mes mientras se desarrolla en
proceso de renegociación de los contratos.
