Impugnan en España el traspaso de Aerolíneas Argentinas al grupo Marsans
Aprobados los balances tras sucesivas impugnaciones gremiales, surge una denuncia que involucra a los dueños de Air Comet dentro del gobierno español: el Tribunal de Cuentas reclama por fondos estatales que debieron haberse aplicado a cancelar deudas.
El Tribunal de Cuentas de España acaba de ratificar su denuncia contra la Sociedad Estatal de Privatizaciones Industriales (SEPI) por haber alterado las condiciones del contrato de compraventa de Aerolíneas Argentinas con Air Comet, del grupo Marsans, hoy propietario de la compañía aerocomercial de bandera nacional.
Mediante un acuerdo privado celebrado por fuera del traspaso formalizado con Interinvest y Air Comet, dos representantes del holding español liquidador de empresas públicas lograron que el Consejo de ministros refrendara un compromiso de aporte equivalente a US$ 300 millones que la firma de Marsans tendría que aplicar a pagar deudas de Aerolíneas con los bancos BBVA, ABN Amor, Citibank, y con Repsol y SEPI.
Pero como nadie de Air Comet firmó el consentimiento, finalmente esos fondos se utilizaron para la compra de esos pasivos, “quedando subrogada en la posición de acreedor de Aerolíneas Argentinas para poder intervenir en el concurso de acreedores de esa sociedad”, dice el informe del tribunal, actualizado al 31 de diciembre de 2006 y aprobado el 17 de junio último, según publica el diario madrileño Expansión.
Lo más sintomático fue que la convocatoria se hizo en diciembre de 2002 y ahí quedó establecida una quita de 60 % de las deudas de Aerolíneas.
La decisión de destinar los US$ 300 millones a la adquisición de las deudas, y no a su extinción, consta en un documento privado, denominado ´Convenio de Aportes Irrevocables´, sacado a la luz recientemente por la Sepi, cuya presidencia cambió a Enrique Martínez Robles”.
Pero ese documento no fue firmado por Air Comet, sino por Interinvest (propietaria de Aerolíneas) y Sepi, “cuando todavía Interinvest era filial de Sepi”.
Decisión política
El asunto se remonta a la privatización de Aerolíneas Argentinas, cuando José María Aznar era el primer mandatario español. Para concretar la operación se destinaron € 758 millones a reflotar la empresa que se llevaba Marsans.
El tribunal rebate las alegaciones de la Sepi, según las cuales este cambio no tenía por qué ser aprobado por su gobierno, al subrayar la necesidad “de que el acuerdo de privatización sea autorizado en sus propios términos por el Consejo de Ministros”.
El documento exigía que los créditos adquiridos por Air Comet fueran capitalizados en Aerolíneas Argentinas, pero el Tribunal de Cuentas considera que no se ha acreditado de modo efectivo el desembolso.
Ignacio Ruiz Jarabo aseguró a Expansión que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas validó el pasado año la legalidad de la operación.
En el juzgado 35 de Madrid aún se tramita una causa penal contra los propietarios de Marsans, el presidente de la patronal española CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el presidente de la compañía, Gonzalo Pascual, por supuesta malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal.
Como la privatización formó parte de una decisión del Estado español de no cerrar Aerolíneas, pero que saliera de la órbita de la Sepi, las condiciones en que ingresó Air Comet mezclan aspectos económicos y políticos, hoy muy difíciles de ponderar en un informe técnico.
Antecedentes
· Aerolíneas Argentinas finalizó los años ´80 operando a pérdida para el Estado argentino;
· Apareció Iberia, entonces empresa estatal española, y se adjudicó la privatización;
· Iberia comenzó a atravesar serios inconvenientes en España y su participación en Aerolíneas significó un desmantelamiento de la flota de la firma aerocomercial argentina de bandera;
· Cedió su gestión a American Airlines, que tras desangrarla aún más, terminó regresándosela a Iberia, quien se la entregó al organismo estatal español Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales);
· Luego, la Sepi decidió reprivatizarla y ahí entra en escena el Grupo Marsans;
· El Estado español no logra ponerse de acuerdo y se plantea una impugnación del Tribunal de Cuentas a la Sepi, una jurisdicción contra otra del propio Estado español;
· Como consecuencia de tantas irregularidades en el trámite, los accionistas de Marsans quedaron imputados en los tribunales madrileños por supuesto delito fiscal, malversación de fondos públicos y falsedad documental.
· Los sindicatos aeronáuticos, que ya ganaron un lugar en la conducción de la compañía como condición para cesar en sus hostilidades, esperan la resolución judicial española para presionar al gobierno de Néstor Kirchner a que reclame la devolución de las acciones “sin poner un peso” y les sea entregada a los trabajadores para administrarla;
· Gómez Ferrán pretende atribuir la cuestión que se mantiene abierta en su país a una pelea interna del gobierno, y que la junta de accionistas apruebe lo actuado para poder salir a buscar capitales a las Bolsas en cuanto Rodríguez Zapatero zanje la disputa.
El Tribunal de Cuentas de España acaba de ratificar su denuncia contra la Sociedad Estatal de Privatizaciones Industriales (SEPI) por haber alterado las condiciones del contrato de compraventa de Aerolíneas Argentinas con Air Comet, del grupo Marsans, hoy propietario de la compañía aerocomercial de bandera nacional.
Mediante un acuerdo privado celebrado por fuera del traspaso formalizado con Interinvest y Air Comet, dos representantes del holding español liquidador de empresas públicas lograron que el Consejo de ministros refrendara un compromiso de aporte equivalente a US$ 300 millones que la firma de Marsans tendría que aplicar a pagar deudas de Aerolíneas con los bancos BBVA, ABN Amor, Citibank, y con Repsol y SEPI.
Pero como nadie de Air Comet firmó el consentimiento, finalmente esos fondos se utilizaron para la compra de esos pasivos, “quedando subrogada en la posición de acreedor de Aerolíneas Argentinas para poder intervenir en el concurso de acreedores de esa sociedad”, dice el informe del tribunal, actualizado al 31 de diciembre de 2006 y aprobado el 17 de junio último, según publica el diario madrileño Expansión.
Lo más sintomático fue que la convocatoria se hizo en diciembre de 2002 y ahí quedó establecida una quita de 60 % de las deudas de Aerolíneas.
La decisión de destinar los US$ 300 millones a la adquisición de las deudas, y no a su extinción, consta en un documento privado, denominado ´Convenio de Aportes Irrevocables´, sacado a la luz recientemente por la Sepi, cuya presidencia cambió a Enrique Martínez Robles”.
Pero ese documento no fue firmado por Air Comet, sino por Interinvest (propietaria de Aerolíneas) y Sepi, “cuando todavía Interinvest era filial de Sepi”.
Decisión política
El asunto se remonta a la privatización de Aerolíneas Argentinas, cuando José María Aznar era el primer mandatario español. Para concretar la operación se destinaron € 758 millones a reflotar la empresa que se llevaba Marsans.
El tribunal rebate las alegaciones de la Sepi, según las cuales este cambio no tenía por qué ser aprobado por su gobierno, al subrayar la necesidad “de que el acuerdo de privatización sea autorizado en sus propios términos por el Consejo de Ministros”.
El documento exigía que los créditos adquiridos por Air Comet fueran capitalizados en Aerolíneas Argentinas, pero el Tribunal de Cuentas considera que no se ha acreditado de modo efectivo el desembolso.
Ignacio Ruiz Jarabo aseguró a Expansión que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas validó el pasado año la legalidad de la operación.
En el juzgado 35 de Madrid aún se tramita una causa penal contra los propietarios de Marsans, el presidente de la patronal española CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el presidente de la compañía, Gonzalo Pascual, por supuesta malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal.
Como la privatización formó parte de una decisión del Estado español de no cerrar Aerolíneas, pero que saliera de la órbita de la Sepi, las condiciones en que ingresó Air Comet mezclan aspectos económicos y políticos, hoy muy difíciles de ponderar en un informe técnico.
Antecedentes
· Aerolíneas Argentinas finalizó los años ´80 operando a pérdida para el Estado argentino;
· Apareció Iberia, entonces empresa estatal española, y se adjudicó la privatización;
· Iberia comenzó a atravesar serios inconvenientes en España y su participación en Aerolíneas significó un desmantelamiento de la flota de la firma aerocomercial argentina de bandera;
· Cedió su gestión a American Airlines, que tras desangrarla aún más, terminó regresándosela a Iberia, quien se la entregó al organismo estatal español Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales);
· Luego, la Sepi decidió reprivatizarla y ahí entra en escena el Grupo Marsans;
· El Estado español no logra ponerse de acuerdo y se plantea una impugnación del Tribunal de Cuentas a la Sepi, una jurisdicción contra otra del propio Estado español;
· Como consecuencia de tantas irregularidades en el trámite, los accionistas de Marsans quedaron imputados en los tribunales madrileños por supuesto delito fiscal, malversación de fondos públicos y falsedad documental.
· Los sindicatos aeronáuticos, que ya ganaron un lugar en la conducción de la compañía como condición para cesar en sus hostilidades, esperan la resolución judicial española para presionar al gobierno de Néstor Kirchner a que reclame la devolución de las acciones “sin poner un peso” y les sea entregada a los trabajadores para administrarla;
· Gómez Ferrán pretende atribuir la cuestión que se mantiene abierta en su país a una pelea interna del gobierno, y que la junta de accionistas apruebe lo actuado para poder salir a buscar capitales a las Bolsas en cuanto Rodríguez Zapatero zanje la disputa.
