Greenpeace, FARN y la AAdeAA presentaron una demanda colectiva para frenar la reforma de la Ley de Glaciares

Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) presentaron ante la Justicia Federal de La Pampa un amparo colectivo para frenar la reforma de la Ley de Glaciares aprobada el 9 de abril. La acción solicita que se declare la inconstitucionalidad de la norma y que se suspenda su aplicación en todo el territorio nacional.

La presentación cuenta con la adhesión de más de 850.000 personas “a título personal” y pide una medida cautelar para proteger las reservas de agua dulce. El planteo busca que, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, continúe vigente la Ley 26.639.

En el bloque actor también figura Marta Maffei, autora de la ley original, junto con asambleas y organizaciones territoriales de distintas provincias. Entre las mencionadas se encuentran Asamblea Jachal no se Toca, Asamblea Popular por el Agua, Asamblea Pucará, Asamblea en Defensa del Territorio, Asamblea Santa Cruz por el Agua, Multisectorial Golfo San Matías, Asamblea el Paraná No se Toca y Asociación Alihuén. Además, se suman organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Círculo de Políticas Ambientales.

Las entidades sostienen que la acción judicial se origina en un “proceso legislativo profundamente viciado”. Señalan que se negó la participación a más de 100.000 personas inscriptas en una audiencia pública convocada por comisiones de la Cámara de Diputados, en incumplimiento de los estándares de participación del Acuerdo de Escazú. Según el texto, “Ni siquiera el 0,2% de las personas anotadas pudo participar oralmente, lo que convierte la audiencia en una simulación de participación”. También afirman que las reglas de la audiencia se modificaron una vez abierta la inscripción y que se intentó validar la instancia con videos y ponencias escritas bajo “criterios arbitrarios” que, sostienen, no cumplen con el requisito de transparencia.

El amparo plantea que la reforma implica un retroceso ambiental y que viola la Ley General del Ambiente, el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú y el sistema de presupuestos mínimos ambientales de la Constitución Nacional. La suspensión solicitada incluye “toda reglamentación, resolución, acto administrativo o autorización” vinculada a la norma, incluso aprobaciones de proyectos mineros cuyas áreas se superpongan con glaciares, según el Inventario Nacional de Glaciares y dictámenes técnicos del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA).

Las organizaciones advierten que la reforma reemplaza un criterio científico por decisiones provinciales discrecionales y remarcan que los glaciares y el ambiente periglacial alimentan el 40% de las cuencas hídricas nacionales y garantizan agua para más de 7 millones de personas. También recuerdan que la Corte Suprema ratificó por unanimidad en 2019 la constitucionalidad de la Ley de Glaciares.

Para detallar los alcances de la demanda y responder preguntas, los referentes legales realizaron una conferencia de prensa virtual este martes 5 de mayo. Diego Salas, director de Programas de Greenpeace, afirmó: “Esta demanda representa un hito de participación ciudadana: más de 850 mil personas de todo el país se han unido en esta defensa histórica de los glaciares. Es un mensaje fuerte y claro; la sociedad no permitirá una reforma que ponga en riesgo las reservas de agua dulce de Argentina”.