Gobierno y ruralistas buscan otra tregua para despolitizar la movilización de bases

La salida de Lousteau plantea un escenario de “desojización” del conflicto con el agro que cambia el eje del diálogo gremial empresario con las cuatro entidades, al salir de la encerrona política que conducía otra vez al paro.

28 abril, 2008

Una simple palabra, aunque de significado compuesto, podría determinar
que entre el gobierno y el campo se reabra una fase distinta de negociación:
móviles. Dejar nada más que las retenciones en firme sería
ratificar conceptualmente la misma situación actual, aunque quitándole
el techo a los precios con alcance futuro.

Así se interpretaba el fin de semana en círculos próximos
a la Casa Rosada, luego de que el autor de las retenciones móviles que
hicieron estallar el conflicto con el agro, Martín Lousteau, se alejara
el gobierno.

Carlos Kunkel fue el promotor más entusiasta de la variante que desde
hace rato venía pregonando el ex gobernador Felipe Solá acerca
de la ubicación de otro punto de partida para capear la crisis con el
campo: sacar de la mesa el precio máximo que Lousteau había fijado
de hecho a la soja y al girasol para los próximos cuatro años.
El desacertado propósito del ex ministro (además del fiscal, obviamente)
había sido intentar “desojizar” la producción desalentando
esos cultivos por el lado de la rentabilidad y, en consecuencia, regresando
el lápiz y el papel hacia el trigo y la ganadería.

Rara ironía del destino, mientras los productores se unían en
un histórico paro contra ese tope dispuesto para ambas oleaginosas, la
cotización en Chicago descendió hasta el nivel en que se encontraban
antes de dictarse la explosiva medida, y en cambio, avanzó la del maíz.

En forma silenciosa, se está materializando una incipiente tendencia
a mutar, sobre todo en la pampa húmeda, sembradíos de soja por
maíz, además de un lento retorno de cría de ganado para
aprovechar los estímulos ofrecidos desde el gobierno tendientes a recomponer
el stock.

En el juego de las amenazas que entretienen al escenario mediático,
el enfrentamiento con el sector se circunscribe, actualmente, a la política:
el esposo de la presidenta, Néstor Kirchner, intercambia denuestos desde
tribunas partidarias con el piquete agrario, encarnado por el dirigente entrerriano
Alfredo De Angeli, mientras desde la Casa Rosada invitan a las cabezas de las
cuatro entidades del sector a la asunción del ministro de Economía
que reemplaza al que encendió la mecha del paro agropecuario.

Posiblemente al aspecto político de la disputa se hayan referido los
comentarios dominicales de los diarios, cuando coincidieron en interpretar que
el ex primer mandatario no quería un arreglo del conflicto, sino que
inducía a los productores a salir otra vez a la ruta, llevarlo a la larga
y derrotarlos en forma categórica para afirmar su proyecto de concentración
del poder.

Un Fernández al ruedo

Porque en lo tocante a la controversia gremial empresaria en sí, el
ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, salió
esta mañana a emitir señales conciliadoras en declaraciones radiales:
deseó que esta semana se solucione el conflicto y destacó que
es “muy grande” la importancia del sector “en la vida de los
argentinos”.

Además, expresó que “hay que sentarse (en una mesa de diálogo)
y tratar de acordar, lo que no significa que se vaya para atrás con la
política de las retenciones”.

Consultado sobre la posibilidad de llegar a un consenso para el próximo
viernes, día que concluye la tregua tras el paro de 21 días, Fernández
se esperanzó: “Yo espero que así sea, porque va de suyo que
la importancia que tiene el campo en la vida de los argentinos es muy grande”.

Horas antes, Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural, también
había admitido que en las tratativas que mantienen el campo y el gobierno
“estamos a pocos pasos de distintos acuerdos”, pero aprovechó
para requerir del Poder Ejecutivo Nacional “señales positivas para
que el productor pueda encontrar en alguna prórroga (al límite
impuesto al 2 de mayo), una solución”.

Tanto optimismo de ambas partes obedece a que, dejada la soja de lado, el foco
concreto de diferencias entre la posición oficial y la de los representantes
rurales se concentra en las exportaciones de carnes y trigo, las que junto con
la lechería signaron la batalla que venía librando Guillermo Moreno
con los productores, especialmente los agrupados en Federación Agraria
Argentina y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires
y La Pampa (CARBAP).

Con las resoluciones destinadas a cubrir a los pequeños y más
alejados productores de soja mediante reintegros, emitidas la semana pasada,
se trazó una línea que separa los intereses de las explotaciones
menos extensivas y las realizadas en áreas marginales respecto de las
que integran el núcleo de mayor productividad en la región central
del país.

Hasta el dirigente más duro en los piquetes, De Angeli, tuvo la sensibilidad
de percibir la descompresión política dentro del sector que representa
y pidió a la presidenta que busque una solución.

En el fin de semana, los representantes de las entidades rurales en Villa Mercedes,
San Luis, coincidieron en esperar el llamado del gobierno para no reavivar el
paro este viernes, cuando vence la tregua.

Eduardo Roulet, vicepresidente de CRA, dijo: “Trabajamos para que el gobierno
nos tenga como socios y no como enemigos.” Luego, le contestó al
discurso reciente del ex presidente Néstor Kirchner: “No es verdad
que queramos el precio internacional y tampoco que el pueblo se quede con hambre.
Reclamo que los políticos hagan sus deberes y distribuyan mejor los recursos”.

Síntomas de descompresión

La versión oficial se publica en Página 12, e indica que las
entidades rurales intentarán esta semana llegar a acuerdos parciales
para extender la tregua.

Dice el matutino: El próximo viernes, las entidades rurales deberán
evaluar si retoman el lockout agropecuario. Hasta el momento, la negociación
registró pocos avances, pero el desplazamiento del ministro de Economía,
Martín Lousteau, sirvió para descomprimir los ánimos. Algunos
representantes del agro consultados por este diario dejaron trascender ayer
que si el gobierno se compromete a garantizarles el precio pleno para la próxima
cosecha de trigo y a modificar la “tablita” que establece la progresividad
de las retenciones móviles, será posible al menos postergar la
tregua más allá de esta semana. Los ruralistas esperan que hoy
se los convoque para seguir conversando. El vicepresidente de la Sociedad Rural,
Hugo Luis Biolcati, calificó el escenario que se abre con la llegada
del nuevo ministro, Carlos Fernández, como “una oportunidad”
que “hay que saber venderla a nuestros muchachos que están un poco
agotados de la provocación”. Luego agregó que sería
una irresponsabilidad no responder favorablemente al llamado de Carlos Fernández
y reconoció que “cuatro días no es nada”, en referencia
a lo que falta para la finalización de la tregua, dando a entender que
se debería extender, aunque sin poner un nuevo plazo porque al gobierno
no le gusta que le marquen la cancha. “Hay que ser un poco más fino
y decir bueno, vamos a darnos un pequeño plazo, una cosa así más
light”, aseguró.

Es interesante repasar un poco más del análisis de Página
12: Varios dirigentes del campo creen que más allá de estas advertencias
públicas y de los duros cuestionamientos que les formuló el ex
presidente Néstor Kirchner a fines de la semana pasada, igual el gobierno
va a terminar aceptando alguna reforma en lo que hace, al menos, al criterio
de movilidad de las retenciones. Con el trigo también creen que habrá
novedades. La semana pasada Javier De Urquiza les dijo que los encargados de
garantizarles el precio pleno iban a ser las grandes exportadoras. La propuesta
fue rechazada porque los productores saben que en la negociación con
los eslabones más concentrados de la cadena siempre pierden. El secretario
de Agricultura les va a ofrecer otra alternativa esta semana. Algunas fuentes
afirman que consistiría en intimar a molinos y exportadores a cumplir
con el precio pleno como condición indispensable para cobrar compensaciones
y exportar, respectivamente.

Durante el fin de semana hubo comunicaciones informales entre el jefe de Gabinete
y los dirigentes ruralistas, en las que se conversó en borrador sobre
un cronograma de soluciones al conflicto, que arrancarían desde hoy mismo,
con la citación a los representantes del campo.

Una versión “de adentro” indica que no se hablaría
directamente de eliminar las retenciones móviles, en principio, sino
de diluirlas mediante un tope establecido respecto de la cotización internacional
de la soja y el girasol, que iría en una franja entre 45 y 50 %, cuando
al viernes ese cálculo se encontraba en 40,68 %.

La otra cuestión a resolver, en el ámbito de cada jurisdicción,
sería cómo hacer que los productores alcanzados por el reintegro
anunciado puedan efectivizarlo, sin quedar expuestos a la regularizar su situación
con AFIP. Como más de la mitad opera en negro, la cobranza se tornaría
dificultosa si pasara por el CBU, razón por la que se canalizaría
a través de un agente institucional al que cada beneficiario debería
dirigirse.

Por más que los analistas políticos coincidan en que el poder
real lo ejerce Néstor Kirchner y que sus discursos de la semana pasada
constituyan una virtual ruptura con el campo para provocar la vuelta de los
productores a los cortes de ruta, desde la llamada mesa chica de Olivos trasciende
otro cantar: una vez clasificados los enemigos políticos alrededor de
la responsabilidad por los incendios en el Delta y avenida la dirigencia rural
a arreglar desde una posición más “gremial empresaria”,
la única oposición de cuidado para vigilar sería la denominada
“prensa independiente”. E irritar a los periodistas desde el atril
o interferir con regulaciones en los negocios de las compañías
con más penetración en la opinión pública constituyen
acciones políticas que, a la corta, no repercuten en la economía
real.

Mensaje a los mercados

De ahí que encaminar las relaciones con un sector importante de la producción,
como el agropecuario, repercutirá directamente y de inmediato en los
mercados financieros, que desataron un vendaval sobre la Argentina a partir
de la crisis con el principal proveedor de divisas y recursos fiscales con que
cuenta la administración de los Kirchner.

El aumento del riesgo-país, la suba del dólar a pesar de que
el Banco Central vendiera más de 100 millones (se habla de 300 millones
sólo el viernes pasado) y los reveses que sufriera el pleito con los
bonistas en el juzgado de Nueva York desde que Lousteau reveló que podrían
recanjearse los títulos entregados en 2005 encendieron las luces de alarma
desde el Banco Central, y los reportes que se entregaron a la Casa Rosada no
resultaron para nada tranquilizadores.

El EMBI+ Argentina, que mide la sobretasa de los bonos locales frente a similares
del Tesoro de USA, había tocado el viernes los 603 unidades.
Ese índice fue normalizado en junio de 2005 luego de que el país
completara una gigantesca reestructuración de deuda en cesación
de pagos.

Además, la calificadora Standard & Poor´s tomó la decisión
de la calificación negativa de la Argentina justamente porque el gobierno
se niega a aplicar políticas que estabilicen los mercados, muy alterados
por la inflación incesante y por la sospecha de que la Argentina no está
pensando seriamente en regularizar sus pagos financieros externos (sigue el
default en el Club de París, continúan los juicios de los bonistas
´hold out´ y hay decisiones judiciales negativas para el Estado argentino).

Pero básicamente se habla de recalentamiento de la economía argentina,
comportamiento potenciado por el gobierno.

Los principales bonos de la deuda argentina cerraron con fuerte baja a valores
mínimos desde la salida de la cesación de pagos en 2005, golpeados
por temores políticos y económicos ahondados tras la renuncia
del ministro de Economía, Martín Lousteau.

Los principales títulos públicos bajaron en promedio 3,2%, donde
se destacó la merma del 6,7% anotada en el “Disc” denominado
en pesos.

No obstante, la enérgica intervención del BCRA en el mercado
de compraventa de dólares daría una pauta de que, al menos desde
la autoridad monetaria, no serían proclives a aceptar una devaluación
ni tampoco apreciación del tipo de cambio. La entidad que preside Martín
Redrado no sólo está vendiendo divisas en el mercado spot (o del
día) cuando lo considera necesario, sino que también está
jugando fuerte en el mercado de futuros. Y, hasta ahora, el BCRA nunca habría
realizado contratos a futuro a pérdida.

“Por ahora, la economía hay que medirla día a día.
Para ilustrarlo: los primeros árboles están sanos, y no debería
haber inconvenientes. Pero el horizonte es de corto plazo. Y mientras tanto,
tampoco vemos que el dólar vaya a bajar”, razonó, por su
parte, el jefe de la mesa de otra entidad bancaria.

El comportamiento de la divisa estará ligado esta semana también
a la performance de los bonos. Dado que los inversores que salen de los títulos
eligen por lo general posicionarse en dólares. El contado con liquidación,
como se conoce cuando un inversor se hace de divisas mediante el mercado bursátil
-una operatoria que además se utiliza para sacar fondos al exterior-,
se operaba el viernes a $ 3,22. Aunque ayudó a evitar que subiera el
hecho de que las AFJP están repatriando por estos días flujos
de fondos de Brasil.

Lea La
cosecha da un respiro al enojo

Una simple palabra, aunque de significado compuesto, podría determinar
que entre el gobierno y el campo se reabra una fase distinta de negociación:
móviles. Dejar nada más que las retenciones en firme sería
ratificar conceptualmente la misma situación actual, aunque quitándole
el techo a los precios con alcance futuro.

Así se interpretaba el fin de semana en círculos próximos
a la Casa Rosada, luego de que el autor de las retenciones móviles que
hicieron estallar el conflicto con el agro, Martín Lousteau, se alejara
el gobierno.

Carlos Kunkel fue el promotor más entusiasta de la variante que desde
hace rato venía pregonando el ex gobernador Felipe Solá acerca
de la ubicación de otro punto de partida para capear la crisis con el
campo: sacar de la mesa el precio máximo que Lousteau había fijado
de hecho a la soja y al girasol para los próximos cuatro años.
El desacertado propósito del ex ministro (además del fiscal, obviamente)
había sido intentar “desojizar” la producción desalentando
esos cultivos por el lado de la rentabilidad y, en consecuencia, regresando
el lápiz y el papel hacia el trigo y la ganadería.

Rara ironía del destino, mientras los productores se unían en
un histórico paro contra ese tope dispuesto para ambas oleaginosas, la
cotización en Chicago descendió hasta el nivel en que se encontraban
antes de dictarse la explosiva medida, y en cambio, avanzó la del maíz.

En forma silenciosa, se está materializando una incipiente tendencia
a mutar, sobre todo en la pampa húmeda, sembradíos de soja por
maíz, además de un lento retorno de cría de ganado para
aprovechar los estímulos ofrecidos desde el gobierno tendientes a recomponer
el stock.

En el juego de las amenazas que entretienen al escenario mediático,
el enfrentamiento con el sector se circunscribe, actualmente, a la política:
el esposo de la presidenta, Néstor Kirchner, intercambia denuestos desde
tribunas partidarias con el piquete agrario, encarnado por el dirigente entrerriano
Alfredo De Angeli, mientras desde la Casa Rosada invitan a las cabezas de las
cuatro entidades del sector a la asunción del ministro de Economía
que reemplaza al que encendió la mecha del paro agropecuario.

Posiblemente al aspecto político de la disputa se hayan referido los
comentarios dominicales de los diarios, cuando coincidieron en interpretar que
el ex primer mandatario no quería un arreglo del conflicto, sino que
inducía a los productores a salir otra vez a la ruta, llevarlo a la larga
y derrotarlos en forma categórica para afirmar su proyecto de concentración
del poder.

Un Fernández al ruedo

Porque en lo tocante a la controversia gremial empresaria en sí, el
ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, salió
esta mañana a emitir señales conciliadoras en declaraciones radiales:
deseó que esta semana se solucione el conflicto y destacó que
es “muy grande” la importancia del sector “en la vida de los
argentinos”.

Además, expresó que “hay que sentarse (en una mesa de diálogo)
y tratar de acordar, lo que no significa que se vaya para atrás con la
política de las retenciones”.

Consultado sobre la posibilidad de llegar a un consenso para el próximo
viernes, día que concluye la tregua tras el paro de 21 días, Fernández
se esperanzó: “Yo espero que así sea, porque va de suyo que
la importancia que tiene el campo en la vida de los argentinos es muy grande”.

Horas antes, Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural, también
había admitido que en las tratativas que mantienen el campo y el gobierno
“estamos a pocos pasos de distintos acuerdos”, pero aprovechó
para requerir del Poder Ejecutivo Nacional “señales positivas para
que el productor pueda encontrar en alguna prórroga (al límite
impuesto al 2 de mayo), una solución”.

Tanto optimismo de ambas partes obedece a que, dejada la soja de lado, el foco
concreto de diferencias entre la posición oficial y la de los representantes
rurales se concentra en las exportaciones de carnes y trigo, las que junto con
la lechería signaron la batalla que venía librando Guillermo Moreno
con los productores, especialmente los agrupados en Federación Agraria
Argentina y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires
y La Pampa (CARBAP).

Con las resoluciones destinadas a cubrir a los pequeños y más
alejados productores de soja mediante reintegros, emitidas la semana pasada,
se trazó una línea que separa los intereses de las explotaciones
menos extensivas y las realizadas en áreas marginales respecto de las
que integran el núcleo de mayor productividad en la región central
del país.

Hasta el dirigente más duro en los piquetes, De Angeli, tuvo la sensibilidad
de percibir la descompresión política dentro del sector que representa
y pidió a la presidenta que busque una solución.

En el fin de semana, los representantes de las entidades rurales en Villa Mercedes,
San Luis, coincidieron en esperar el llamado del gobierno para no reavivar el
paro este viernes, cuando vence la tregua.

Eduardo Roulet, vicepresidente de CRA, dijo: “Trabajamos para que el gobierno
nos tenga como socios y no como enemigos.” Luego, le contestó al
discurso reciente del ex presidente Néstor Kirchner: “No es verdad
que queramos el precio internacional y tampoco que el pueblo se quede con hambre.
Reclamo que los políticos hagan sus deberes y distribuyan mejor los recursos”.

Síntomas de descompresión

La versión oficial se publica en Página 12, e indica que las
entidades rurales intentarán esta semana llegar a acuerdos parciales
para extender la tregua.

Dice el matutino: El próximo viernes, las entidades rurales deberán
evaluar si retoman el lockout agropecuario. Hasta el momento, la negociación
registró pocos avances, pero el desplazamiento del ministro de Economía,
Martín Lousteau, sirvió para descomprimir los ánimos. Algunos
representantes del agro consultados por este diario dejaron trascender ayer
que si el gobierno se compromete a garantizarles el precio pleno para la próxima
cosecha de trigo y a modificar la “tablita” que establece la progresividad
de las retenciones móviles, será posible al menos postergar la
tregua más allá de esta semana. Los ruralistas esperan que hoy
se los convoque para seguir conversando. El vicepresidente de la Sociedad Rural,
Hugo Luis Biolcati, calificó el escenario que se abre con la llegada
del nuevo ministro, Carlos Fernández, como “una oportunidad”
que “hay que saber venderla a nuestros muchachos que están un poco
agotados de la provocación”. Luego agregó que sería
una irresponsabilidad no responder favorablemente al llamado de Carlos Fernández
y reconoció que “cuatro días no es nada”, en referencia
a lo que falta para la finalización de la tregua, dando a entender que
se debería extender, aunque sin poner un nuevo plazo porque al gobierno
no le gusta que le marquen la cancha. “Hay que ser un poco más fino
y decir bueno, vamos a darnos un pequeño plazo, una cosa así más
light”, aseguró.

Es interesante repasar un poco más del análisis de Página
12: Varios dirigentes del campo creen que más allá de estas advertencias
públicas y de los duros cuestionamientos que les formuló el ex
presidente Néstor Kirchner a fines de la semana pasada, igual el gobierno
va a terminar aceptando alguna reforma en lo que hace, al menos, al criterio
de movilidad de las retenciones. Con el trigo también creen que habrá
novedades. La semana pasada Javier De Urquiza les dijo que los encargados de
garantizarles el precio pleno iban a ser las grandes exportadoras. La propuesta
fue rechazada porque los productores saben que en la negociación con
los eslabones más concentrados de la cadena siempre pierden. El secretario
de Agricultura les va a ofrecer otra alternativa esta semana. Algunas fuentes
afirman que consistiría en intimar a molinos y exportadores a cumplir
con el precio pleno como condición indispensable para cobrar compensaciones
y exportar, respectivamente.

Durante el fin de semana hubo comunicaciones informales entre el jefe de Gabinete
y los dirigentes ruralistas, en las que se conversó en borrador sobre
un cronograma de soluciones al conflicto, que arrancarían desde hoy mismo,
con la citación a los representantes del campo.

Una versión “de adentro” indica que no se hablaría
directamente de eliminar las retenciones móviles, en principio, sino
de diluirlas mediante un tope establecido respecto de la cotización internacional
de la soja y el girasol, que iría en una franja entre 45 y 50 %, cuando
al viernes ese cálculo se encontraba en 40,68 %.

La otra cuestión a resolver, en el ámbito de cada jurisdicción,
sería cómo hacer que los productores alcanzados por el reintegro
anunciado puedan efectivizarlo, sin quedar expuestos a la regularizar su situación
con AFIP. Como más de la mitad opera en negro, la cobranza se tornaría
dificultosa si pasara por el CBU, razón por la que se canalizaría
a través de un agente institucional al que cada beneficiario debería
dirigirse.

Por más que los analistas políticos coincidan en que el poder
real lo ejerce Néstor Kirchner y que sus discursos de la semana pasada
constituyan una virtual ruptura con el campo para provocar la vuelta de los
productores a los cortes de ruta, desde la llamada mesa chica de Olivos trasciende
otro cantar: una vez clasificados los enemigos políticos alrededor de
la responsabilidad por los incendios en el Delta y avenida la dirigencia rural
a arreglar desde una posición más “gremial empresaria”,
la única oposición de cuidado para vigilar sería la denominada
“prensa independiente”. E irritar a los periodistas desde el atril
o interferir con regulaciones en los negocios de las compañías
con más penetración en la opinión pública constituyen
acciones políticas que, a la corta, no repercuten en la economía
real.

Mensaje a los mercados

De ahí que encaminar las relaciones con un sector importante de la producción,
como el agropecuario, repercutirá directamente y de inmediato en los
mercados financieros, que desataron un vendaval sobre la Argentina a partir
de la crisis con el principal proveedor de divisas y recursos fiscales con que
cuenta la administración de los Kirchner.

El aumento del riesgo-país, la suba del dólar a pesar de que
el Banco Central vendiera más de 100 millones (se habla de 300 millones
sólo el viernes pasado) y los reveses que sufriera el pleito con los
bonistas en el juzgado de Nueva York desde que Lousteau reveló que podrían
recanjearse los títulos entregados en 2005 encendieron las luces de alarma
desde el Banco Central, y los reportes que se entregaron a la Casa Rosada no
resultaron para nada tranquilizadores.

El EMBI+ Argentina, que mide la sobretasa de los bonos locales frente a similares
del Tesoro de USA, había tocado el viernes los 603 unidades.
Ese índice fue normalizado en junio de 2005 luego de que el país
completara una gigantesca reestructuración de deuda en cesación
de pagos.

Además, la calificadora Standard & Poor´s tomó la decisión
de la calificación negativa de la Argentina justamente porque el gobierno
se niega a aplicar políticas que estabilicen los mercados, muy alterados
por la inflación incesante y por la sospecha de que la Argentina no está
pensando seriamente en regularizar sus pagos financieros externos (sigue el
default en el Club de París, continúan los juicios de los bonistas
´hold out´ y hay decisiones judiciales negativas para el Estado argentino).

Pero básicamente se habla de recalentamiento de la economía argentina,
comportamiento potenciado por el gobierno.

Los principales bonos de la deuda argentina cerraron con fuerte baja a valores
mínimos desde la salida de la cesación de pagos en 2005, golpeados
por temores políticos y económicos ahondados tras la renuncia
del ministro de Economía, Martín Lousteau.

Los principales títulos públicos bajaron en promedio 3,2%, donde
se destacó la merma del 6,7% anotada en el “Disc” denominado
en pesos.

No obstante, la enérgica intervención del BCRA en el mercado
de compraventa de dólares daría una pauta de que, al menos desde
la autoridad monetaria, no serían proclives a aceptar una devaluación
ni tampoco apreciación del tipo de cambio. La entidad que preside Martín
Redrado no sólo está vendiendo divisas en el mercado spot (o del
día) cuando lo considera necesario, sino que también está
jugando fuerte en el mercado de futuros. Y, hasta ahora, el BCRA nunca habría
realizado contratos a futuro a pérdida.

“Por ahora, la economía hay que medirla día a día.
Para ilustrarlo: los primeros árboles están sanos, y no debería
haber inconvenientes. Pero el horizonte es de corto plazo. Y mientras tanto,
tampoco vemos que el dólar vaya a bajar”, razonó, por su
parte, el jefe de la mesa de otra entidad bancaria.

El comportamiento de la divisa estará ligado esta semana también
a la performance de los bonos. Dado que los inversores que salen de los títulos
eligen por lo general posicionarse en dólares. El contado con liquidación,
como se conoce cuando un inversor se hace de divisas mediante el mercado bursátil
-una operatoria que además se utiliza para sacar fondos al exterior-,
se operaba el viernes a $ 3,22. Aunque ayudó a evitar que subiera el
hecho de que las AFJP están repatriando por estos días flujos
de fondos de Brasil.

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cosecha da un respiro al enojo

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