Berlusconi: una fiscal le pide 8 años por corrupción
Nuevamente, el turbio pasado empresario y político de Silvio Berlusconi reactiva escándalos. Ahora, la fiscal milanesa Ilda Boccassini le pide ocho años de cárcel por corromper a los ex jueces Renato Squillante y Filippo Verde.
Se trata de un caso iniciado en 1998, cuando Berlusconi no ocupaba cargos electivos. En ese momento, declaraciones de Stefania Ariosto, el actual primer ministro, Squillante, Cesare Previti y Atilio Pacifico llevaron a abrir proceso el 9 de marzo de 2000. Squillante y Verde fueron acusados de venalidad, el resto de pagar sobornos.
El escándalo involucraba operaciones irregulares vía cuentas de la firma SME y Ariosto. De allá salieron fondos para abonar coimas (por ejemplo, US$ 434.000 a Squillante). Pero también entró en el asunto el holding Fininvest, controlado por Berlusconi. Otra sociedad vinculada, Barilla, le entregó alrededor de US$ 300.000 a Verde.
Ahora, la fiscal plantea al tribunal “denegar a Berlusconi las atenuantes genéricas. No las merece porque, en su actual condición de presidente del Consejo, el imputado ha mentido varias veces ante la autoridad judicial”. Naturalmente, el partido neofascista Forza Italia –base de la maltrecha coalición de derecha que sostiene al primer ministro- le ha dicho de todo menos bonita a la fiscal.
Debe consignarse que los sobornos datan de 1991. Pero las sentencias contra Previti (cinco años), Pacifico (cuatro) y Squillante (ocho) recién se dictaron en noviembre de 2003. Meses antes, una legislatura complaciente le concedió a Berlusconi inmunidad mientras se hallase al frente del poder ejecutivo. No obstante, quedó sin efecto en enero un bloqueo a otra causa contra el primer ministro, en este caso relacionada con ramificaciones suizas del mismo afer.
Se trata de un caso iniciado en 1998, cuando Berlusconi no ocupaba cargos electivos. En ese momento, declaraciones de Stefania Ariosto, el actual primer ministro, Squillante, Cesare Previti y Atilio Pacifico llevaron a abrir proceso el 9 de marzo de 2000. Squillante y Verde fueron acusados de venalidad, el resto de pagar sobornos.
El escándalo involucraba operaciones irregulares vía cuentas de la firma SME y Ariosto. De allá salieron fondos para abonar coimas (por ejemplo, US$ 434.000 a Squillante). Pero también entró en el asunto el holding Fininvest, controlado por Berlusconi. Otra sociedad vinculada, Barilla, le entregó alrededor de US$ 300.000 a Verde.
Ahora, la fiscal plantea al tribunal “denegar a Berlusconi las atenuantes genéricas. No las merece porque, en su actual condición de presidente del Consejo, el imputado ha mentido varias veces ante la autoridad judicial”. Naturalmente, el partido neofascista Forza Italia –base de la maltrecha coalición de derecha que sostiene al primer ministro- le ha dicho de todo menos bonita a la fiscal.
Debe consignarse que los sobornos datan de 1991. Pero las sentencias contra Previti (cinco años), Pacifico (cuatro) y Squillante (ocho) recién se dictaron en noviembre de 2003. Meses antes, una legislatura complaciente le concedió a Berlusconi inmunidad mientras se hallase al frente del poder ejecutivo. No obstante, quedó sin efecto en enero un bloqueo a otra causa contra el primer ministro, en este caso relacionada con ramificaciones suizas del mismo afer.
