En respuesta, el Frente de Todos enfocó su campaña de 2019 en apuntalar los ingresos de los asalariados, y los aumentos de suma fija decretados al comienzo de 2020 intentaron cumplir esta promesa, recuerda el último informe de la consultora Ecolatina.
Como resultado, el salario formal trepó casi 14% durante el primer trimestre del año pasado, prácticamente duplicando a la inflación del período. Sin embargo, la llegada de la pandemia y la cuarentena dieron por tierra con cualquier intento de recuperación del salario real. Entre abril y agosto, en un contexto de caída inédita del nivel de actividad y disparada de la incertidumbre, muchos gremios postergaron sus paritarias, resignando cualquier mejora de poder adquisitivo, pero apostando a mantener los puestos de trabajo.
En respuesta, los salarios nominales de los trabajadores registrados avanzaron 3,3% en estos meses, muy por debajo de una inflación que acumuló más de 8,5% en el período. En consecuencia, el salario real retrocedió casi 6% entre abril y agosto, ubicándose 2,5% por debajo de los niveles de cambio de gobierno. En un contexto de crisis, priorizar el ajuste por precios -ingresos- en lugar de hacerlo por cantidades -puestos de trabajo- ayudó a repartir los costos entre más personas y atenuar los costos sociales del coronavirus y la cuarentena; no obstante, lejos estuvo de evitar los problemas.
En otro orden, vale destacar que la situación de los trabajadores informales, no mencionados hasta el momento. Fue sistemáticamente peor que la del sector registrado: este último tiene protecciones legales que velan por sus puestos de trabajo, en tanto los primeros, al estar “en negro”, perdieron directamente la totalidad de sus ingresos en muchos casos -o quedaron a merced de la “buena voluntad” de sus empleadores-, producto de las restricciones a la movilidad y a poder realizar sus tareas.
En la misma línea, la falta de regulaciones sobre esta parte del mercado les impidió acceder, al menos de manera directa, a los ajustes de suma fija de enero y febrero pasados.
En el último cuatrimestre del 2020, la relajación de la cuarentena impulsó la recuperación del nivel de actividad, que habría cerrado el año poco más de 3% por debajo de nivel de fines de 2019 -cuando llegó a estar más de 10% por debajo en el segundo trimestre-. En respuesta, comenzaron a tener lugar muchas paritarias -prevaleciendo los aumentos de suma fija o la incorporación al básico del incremento de principio de año-, intentando recomponer parte de la pérdida de los meses anteriores.
En este marco, los salarios nominales de los trabajadores registrados habrían acumulado una suba de 13% entre septiembre y diciembre. Sin embargo, los precios también tuvieron su dinamismo y les ganaron a los ingresos: la inflación totalizó 14,4% en el período y el salario real de los trabajadores se redujo 1,2% en último cuatrimestre de 2020, acumulando una caída de 2,3% en el año.
Como resultado, el poder adquisitivo encadenó en 2020 su tercer año seguido en rojo, perdiendo casi 20% desde comienzos de 2018. Por su parte, en el promedio anual -más relevante para el análisis económico- el deterioro del salario real registrado fue de 3,2% en 2020. Más allá de qué porcentaje se analice, se observa una clara tendencia general: los trabajadores perdieron poder de compra sistemática y constantemente en los últimos tres años, en un primer momento por la disparada del dólar y en una segunda instancia por la profundización de la crisis económica que generó la pandemia.
El proceso de caída fue muy heterogéneo durante el año pasado, tanto sectorial como temporalmente. Las diferentes velocidades de la inflación, la generalización de acuerdos de sumas fijas y algunos incrementos puntuales hacia los últimos meses del año diagramaron un panorama particular según qué gremio o período analicemos. ¿Qué pasará entonces en 2021? ¿será finalmente el año de los salarios?
La política de ingresos será uno de los principales desafíos del gobierno durante este año electoral. La votación marcará el pulso, de modo que será importante mostrar una mejora en el poder de compra durante los próximos meses para el oficialismo. Sin embargo, tan importante como esto será alcanzar una coordinación con los trabajadores, en pos de que la dinámica inflacionaria no se despegue de otros objetivos macroeconómicos.
En este marco, el gobierno buscaría que los acuerdos se alineasen cerca de la suba de precios aprobada en el Presupuesto 2021 a fines de septiembre pasado (29%). De esta forma, se evitaría presionar sobre otras variables nominales y los riesgos de una aceleración inflacionaria se reducirían. No obstante, más allá de las intenciones oficiales, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, la inflación rondaría 50% este año. Por lo tanto, tiene sentido preguntarnos a qué pauta se acomodarán los gremios, especialmente cuando hay una distancia tan importante entre ambas “proyecciones” y los resultados de los últimos años no fueron positivos.
La primera respuesta que aparece es que la heterogeneidad continuará siendo la norma de la economía. Por lo tanto, las posibilidades de recomponer las pérdidas de poder adquisitivo estarán atadas a los niveles de actividad a los que opere cada sector en gran medida.
Aquellas ramas que siguen paralizadas y precisan que el Estado se haga cargo de parte de sus salarios -algunos servicios- podrán tener ajustes en línea con la pauta oficial, mientras que los que ya están operando con normalidad -incluso hay algunas ramas de actividad trabajando por encima de los niveles de 2019- podrían aspirar a aumentos más significativos, revirtiendo parte de la caída de los últimos años.
Con estos números, se proyecta que el salario real de los trabajadores registrados volvería a caer en el promedio anual de 2021, retrocediendo alrededor de 1% en relación con la media de 2020, a pesar de mostrar una elevada varianza entre sectores.
Sin embargo, asumiendo que el Coronavirus y las restricciones operativas se van relajando con el correr de los meses, y que el gobierno finalmente pospone los ajustes tarifarios, habría una recuperación del poder adquisitivo entre puntas, mayor al 3% en el caso de los empleados formales. Este avance, aunque no lograría compensar la pérdida del año pasado, y mucho menos la acumulada desde 2018, podría ayudar a apuntalar el alicaído humor social.
De igual manera a los últimos años, la clave estará en el frente cambiario: con un dólar oficial controlado, y un acceso relativamente fluido al mercado para la gran mayoría de las importaciones, la inflación también estará contenida y las posibilidades de que el poder adquisitivo mejore serán relevantes. En cambio, con tensiones cambiarias similares a las de la segunda mitad del 2020, las chances de recomposición se reducirán sensiblemente. El hilo es delgado, ¿logrará no romperse este año?
