Como recuerda el último informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, el Frente de Todos mantuvo su hegemonía en el norte del país, aunque en esta ocasión el NEA se repartió en 2 victorias para el Frente de Todos y 2 para Juntos por el Cambio. NOA sigue siendo bastión del Frente de Todos (5 provincias a 1).
En la zona Pampeana hubo sorpresas, pues Juntos por el Cambio triunfó en todas las jurisdicciones, siendo que en 3 de las provincias que la componen (Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa) lo habitual eran victorias del Frente de Todos.
Otra sorpresa fue el resultado en la Patagonia, donde además de las victorias de partidos provinciales en Neuquén y Río Negro, Juntos por el Cambio triunfo en 2 provincias en que típicamente ganaba el Frente de Todos (Chubut y Santa Cruz).
En cambio, el núcleo regional más productivo de la Argentina (cuando se excluye la explotación de los recursos naturales no renovables), formado por provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y el interior de la provincia de Buenos Aires, tradicionalmente resultó electoralmente difícil para el Frente de Todos.
Así, este espacio político siempre gobernó privilegiando sus principales bases electorales regionales (norte y sur del país y conurbano bonaerense), desarrollando políticas públicas con criterios preponderantemente distributivos y de alto gasto público, dejando en un segundo plano a las jurisdicciones más productivas, donde la economía privada prevalece sobre la pública.
Juntos por el Cambio obtuvo el 42% de los votos el pasado 14 de noviembre, triunfando en el 54% de las provincias (5 de ellas del grupo de 13 jurisdicciones menos pobladas), pero si se tiene en cuenta la población de las provincias en las que ganó Juntos por el Cambio representan un 80% de la población total del país.
Así, el Frente de Todos perdió el quorum propio en el Senado y contará desde diciembre con 35 senadores propios, versus 31 de Juntos por el Cambio. Hay que seguir con atención esta nueva característica institucional, para ver si en el futuro se morigera el sesgo del Senado por privilegiar proyectos favorables a la expansión del sector público o no muy amigables para la economía privada, dado que el conjunto de provincias menos pobladas actúan como “filtro” en tal Cámara, y suelen privilegiar los proyectos pro-gasto público y pro-alta presión tributaria.
Las provincias más productivas del centro del país deberían propender a acuerdos que apunten a un desarrollo productivo con equilibrio fiscal y una política social dirigida a igualar oportunidades. Equilibrio fiscal para que no vuelva a ocurrir que, como consecuencia del déficit fiscal, naveguemos entre altas tasas de inflación y endeudamiento, con algunos sub-períodos en que los desequilibrios fiscales terminan elevando abrumadoramente las tasas de interés, afectando de esa manera al sector productivo de la economía, o apreciando excesivamente la moneda nacional, deteriorando las condiciones de competitividad de la producción local.
Debería existir también un correlato en la organización del federalismo fiscal. Provincias con mayor grado de autonomía financiera, amparada en la cobranza de impuestos no distorsivos. El sistema de coparticipación residual debería apuntar a nivelar fiscalmente a las provincias más rezagadas, pero a la vez exigiendo, a las provincias receptoras netas de recursos (aportados por el resto de las jurisdicciones), mayor responsabilidad en el uso de los recursos, transparencia en sus actos de gobierno y rendición de cuenta a la sociedad. No es lo que se observa en la realidad, en que las provincias que reciben más transferencias fiscales suelen exhibir los menores niveles de transparencia.
