Los datos de inflación atribuidos a Mendoza en la medición nacional del IPC están en la mitad del valor remitido por la provincia.
Otro nuevo conflicto político, esta vez en la propia fórmula presidencial del oficialismo, fue detonado por las controversias en torno del índice de precios al consumidor que sigue el Indec.
La directora de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza, Patricia Jiménez, denunció esta mañana en radio Nihuil, respecto de la inflación nacional difundida anoche, que “los datos correspondientes a Mendoza no son los reales”.
Y fue más lejos aún al precisar que en los últimos ocho meses la provincia acumula una inflación del 17%, mientras que en el área metropolitana, donde la toma de datos es duramente cuestionada, es tan sólo de 4.6%.
Explicó que los precios son relevados en cada provincia, y luego enviados al Indec en Capital Federal, por lo que al cotejar los datos difundidos ayer con los de Mendoza se llegó a la conclusión de que no se trata de los mismos.
El IPC nacional había dado en el cuestionado instituto 0,9 %, cuando en Mendoza, la ciudad del candidato a vicepresidente, Julio Cobos, arrojó 3,1 %.
No fue sólo la brecha entre el promedio nacional y el comportamiento en la provincia cuyana lo que provocó el encontronazo entre los funcionarios mendocinos y la Casa Rosada, sino que en el parte procesado en el Indec el distrito de Cobos figura con 1,5 % en lugar de los 3,1 % que constan en las planillas locales.
Desde Mendoza se afirma que la medición del Indec queda justo en la mitad de camino respecto de la hecha en la provincia, mientras que desde el Palacio de Hacienda, a cargo de Miguel Peirano, hicieron trascender que la funcionaria que formuló la grave denuncia responde políticamente al enemigo del gobernador en la interna y en el radicalismo, Roberto Iglesias.
El enojo que provocó en el gobierno nacional la controversia desatada desde el seno mismo de la alianza electoral con vistas al 28 de octubre determinó que al candidato a vicepresidente prácticamente le hayan retirado toda participación en la campaña.
Sobre todo, causó estupor en la Casa Rosada que la funcionaria haya descartado presiones del Poder Ejecutivo provincial para dibujar los datos que serían enviados a Buenos Aires, lo cual significa que Cobos avaló la actuación del organismo local.
El índice de inflación nacional era considerado por los empleados del organismo como el que reflejaba la inflación real, a diferencia del cuestionado índice metropolitano.
Sin embargo el equipo que estaba a cargo del procesamiento de los datos del IPC Nacional fue relevado a comienzos de agosto por cuestionar las manipulaciones en el índice porteño.
Los polémicos datos del Indec debían llegar a las redacciones a las 16.00, horario habitual en que el organismo difunde sus índices. Sin embargo, los números llegaron recién a las 23.00, lo que sumó aún más suspicacias.
Tampoco la ex directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Cynthia Pok dice confiar en los indicadores que difunde el organismo. “No creo en ellos porque sé lo que está ocurriendo; escucho a los técnicos que denuncian lo que sucede; y, por último, no hay alternativas que expliquen esos números”.
En diálogo con radio La Red, Pok expresó preocupación por los procedimientos del Indec. “Siempre digo que el capital más preciado de una institución como el Indec no son ni sus técnicos ni sus metodologías, sino la confianza de la gente, importante no sólo al momento de leer la información sino al momento de brindarla”, reflexionó.
En ese sentido, indicó esa falta de confianza “resiente la calidad de los datos que provee la sociedad. Cuando no hay crédito para que los censos, encuestas o relevamientos sean respetados, la gente no responde o bien baja la calidad de la respuesta. Se preguntan: ¿Por qué le voy a contestar correctamente si después no se va a compilar de la misma manera?”.
Denuncio asimismo estar “absolutamente limitada en sus funciones”. Es que, tras ser desplazada de la dirección del organismo, retornó a su puesto como coordinadora técnica de la EPH pero “sin privilegios”.
En ese sentido, reveló: “Tengo totalmente interdicto el comunicarme con todo el sistema estadístico nacional, con las direcciones estadísticas provinciales, fui excluida de la Comisión de Representación del Mercosur… Cuestiones que entiendo que son represalias en mi contra y contra personas de mi programa y, como tales, son tratadas en la Justicia”.
La funcionaria integra una comisión para normalizar el Indec, que comenzó a funcionar después del acuerdo entre el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el ministro de Economía, Miguel Peirano, y el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky.
Están también el subsecretario de Gestión Pública, Juan Manuel Abal Medina, en representación de Fernández; el subsecretario de Coordinación Económica, Osvaldo Alonso, en nombre de Peirano; el secretario general de ATE-Capital, Leopoldo González; el jefe de ATE-Indec y Daniel Fazio.
Los trabajadores agrupados en ATE -gremio integrado en la CTA- vienen protestando desde fines de enero contra la presunta manipulación del índice de inflación y en reclamo de la destitución de la directora de Indices de Precios de Consumo del instituto. “Que se vaya la Paglieri y fuera la intervención”, es el canto de protesta en el INdEC.
La presunta manipulación del índice de inflación del Gran Buenos Aires, que está por la mitad del nivel calculado en el nivel nacional y por estudios privados, llevó a que el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, pidiera que se prohibiera a Paglieri la entrada al INdEC. El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral el procesamiento de la funcionaria por los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público, falsificación de documento y violación del secreto estadístico.
Según Stornelli, los testigos de la causa “la sindican no sólo como responsable de una profunda reorganización interna, sino también como aquella encargada de ejecutar drásticos cambios en la metodología de encuestas, recopilación y procesamiento de datos estadísticos que resultaban inaplicables y contrarios con los parámetros internacionales, o utilizando como base (datos) obtenidos por fuentes externas al organismo, lo que presuntamente se habría encontrado justificado por un fin ilegítimo, que sería el de la manipulación de datos estadísticos (…) de los índices de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio”.
El fiscal federal también pidió el procesamiento de Moreno, Edwin y de tres asesores que Paglieri llevó consigo al Indec.
Intrigas
Un borrador que trascendió justo cuando intervinieron el Indec a fines de enero encendió la primera mecha acerca de la presunta intención de la nueva conducción de manipular los índices.
La versión fue que lo armaron personas con conocimientos de informática y que economistas podrían haber recalculado los números. También adujeron que podría ser obra de empleados del Indec disconformes porque la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) levantó la huelga de un mes y medio después de llegar a un acuerdo con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para crear una comisión que revisará la metodología de cálculo del índice de precios al consumidor (IPC).
(…) Entre este borrador del viernes 2 de febrero y el informe final del lunes 5 se habrían cambiado los números. Aquel lunes se demoró casi tres horas la publicación del comunicado de prensa con el dato. Eran aquellos los primeros días de Paglieri, economista de confianza de Moreno, en el Indec. Ella comenzó a trabajar allí el 31 de enero. En los meses siguientes, ya no hubo dos números porque Paglieri se encargó de confeccionar completamente los índices de acuerdo con su nueva metodología.
En el pedido de indagatoria de Stornelli consta que Silvia Almeida, que era coordinadora del IPC nacional, declaró que “entre el 29 de enero y el 5 de febrero de este año [el cálculo de la inflación] daba un resultado de 1,9%, diferente del luego publicado de 1,1%”. Almeida dijo que Paglieri ordenó que se pusieran “topes” a los aumentos de la lechuga, la medicina prepaga y los hoteles. En la solicitud de Stornelli dice que Graciela Guiet, de la oficina de cálculos de la inflación, “expresó que el IPC había dado el 1,9% y [el rubro] alimentos y bebidas, 2,6%”.
Los datos de inflación atribuidos a Mendoza en la medición nacional del IPC están en la mitad del valor remitido por la provincia.
Otro nuevo conflicto político, esta vez en la propia fórmula presidencial del oficialismo, fue detonado por las controversias en torno del índice de precios al consumidor que sigue el Indec.
La directora de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza, Patricia Jiménez, denunció esta mañana en radio Nihuil, respecto de la inflación nacional difundida anoche, que “los datos correspondientes a Mendoza no son los reales”.
Y fue más lejos aún al precisar que en los últimos ocho meses la provincia acumula una inflación del 17%, mientras que en el área metropolitana, donde la toma de datos es duramente cuestionada, es tan sólo de 4.6%.
Explicó que los precios son relevados en cada provincia, y luego enviados al Indec en Capital Federal, por lo que al cotejar los datos difundidos ayer con los de Mendoza se llegó a la conclusión de que no se trata de los mismos.
El IPC nacional había dado en el cuestionado instituto 0,9 %, cuando en Mendoza, la ciudad del candidato a vicepresidente, Julio Cobos, arrojó 3,1 %.
No fue sólo la brecha entre el promedio nacional y el comportamiento en la provincia cuyana lo que provocó el encontronazo entre los funcionarios mendocinos y la Casa Rosada, sino que en el parte procesado en el Indec el distrito de Cobos figura con 1,5 % en lugar de los 3,1 % que constan en las planillas locales.
Desde Mendoza se afirma que la medición del Indec queda justo en la mitad de camino respecto de la hecha en la provincia, mientras que desde el Palacio de Hacienda, a cargo de Miguel Peirano, hicieron trascender que la funcionaria que formuló la grave denuncia responde políticamente al enemigo del gobernador en la interna y en el radicalismo, Roberto Iglesias.
El enojo que provocó en el gobierno nacional la controversia desatada desde el seno mismo de la alianza electoral con vistas al 28 de octubre determinó que al candidato a vicepresidente prácticamente le hayan retirado toda participación en la campaña.
Sobre todo, causó estupor en la Casa Rosada que la funcionaria haya descartado presiones del Poder Ejecutivo provincial para dibujar los datos que serían enviados a Buenos Aires, lo cual significa que Cobos avaló la actuación del organismo local.
El índice de inflación nacional era considerado por los empleados del organismo como el que reflejaba la inflación real, a diferencia del cuestionado índice metropolitano.
Sin embargo el equipo que estaba a cargo del procesamiento de los datos del IPC Nacional fue relevado a comienzos de agosto por cuestionar las manipulaciones en el índice porteño.
Los polémicos datos del Indec debían llegar a las redacciones a las 16.00, horario habitual en que el organismo difunde sus índices. Sin embargo, los números llegaron recién a las 23.00, lo que sumó aún más suspicacias.
Tampoco la ex directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Cynthia Pok dice confiar en los indicadores que difunde el organismo. “No creo en ellos porque sé lo que está ocurriendo; escucho a los técnicos que denuncian lo que sucede; y, por último, no hay alternativas que expliquen esos números”.
En diálogo con radio La Red, Pok expresó preocupación por los procedimientos del Indec. “Siempre digo que el capital más preciado de una institución como el Indec no son ni sus técnicos ni sus metodologías, sino la confianza de la gente, importante no sólo al momento de leer la información sino al momento de brindarla”, reflexionó.
En ese sentido, indicó esa falta de confianza “resiente la calidad de los datos que provee la sociedad. Cuando no hay crédito para que los censos, encuestas o relevamientos sean respetados, la gente no responde o bien baja la calidad de la respuesta. Se preguntan: ¿Por qué le voy a contestar correctamente si después no se va a compilar de la misma manera?”.
Denuncio asimismo estar “absolutamente limitada en sus funciones”. Es que, tras ser desplazada de la dirección del organismo, retornó a su puesto como coordinadora técnica de la EPH pero “sin privilegios”.
En ese sentido, reveló: “Tengo totalmente interdicto el comunicarme con todo el sistema estadístico nacional, con las direcciones estadísticas provinciales, fui excluida de la Comisión de Representación del Mercosur… Cuestiones que entiendo que son represalias en mi contra y contra personas de mi programa y, como tales, son tratadas en la Justicia”.
La funcionaria integra una comisión para normalizar el Indec, que comenzó a funcionar después del acuerdo entre el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el ministro de Economía, Miguel Peirano, y el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky.
Están también el subsecretario de Gestión Pública, Juan Manuel Abal Medina, en representación de Fernández; el subsecretario de Coordinación Económica, Osvaldo Alonso, en nombre de Peirano; el secretario general de ATE-Capital, Leopoldo González; el jefe de ATE-Indec y Daniel Fazio.
Los trabajadores agrupados en ATE -gremio integrado en la CTA- vienen protestando desde fines de enero contra la presunta manipulación del índice de inflación y en reclamo de la destitución de la directora de Indices de Precios de Consumo del instituto. “Que se vaya la Paglieri y fuera la intervención”, es el canto de protesta en el INdEC.
La presunta manipulación del índice de inflación del Gran Buenos Aires, que está por la mitad del nivel calculado en el nivel nacional y por estudios privados, llevó a que el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, pidiera que se prohibiera a Paglieri la entrada al INdEC. El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral el procesamiento de la funcionaria por los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público, falsificación de documento y violación del secreto estadístico.
Según Stornelli, los testigos de la causa “la sindican no sólo como responsable de una profunda reorganización interna, sino también como aquella encargada de ejecutar drásticos cambios en la metodología de encuestas, recopilación y procesamiento de datos estadísticos que resultaban inaplicables y contrarios con los parámetros internacionales, o utilizando como base (datos) obtenidos por fuentes externas al organismo, lo que presuntamente se habría encontrado justificado por un fin ilegítimo, que sería el de la manipulación de datos estadísticos (…) de los índices de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio”.
El fiscal federal también pidió el procesamiento de Moreno, Edwin y de tres asesores que Paglieri llevó consigo al Indec.
Intrigas
Un borrador que trascendió justo cuando intervinieron el Indec a fines de enero encendió la primera mecha acerca de la presunta intención de la nueva conducción de manipular los índices.
La versión fue que lo armaron personas con conocimientos de informática y que economistas podrían haber recalculado los números. También adujeron que podría ser obra de empleados del Indec disconformes porque la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) levantó la huelga de un mes y medio después de llegar a un acuerdo con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para crear una comisión que revisará la metodología de cálculo del índice de precios al consumidor (IPC).
(…) Entre este borrador del viernes 2 de febrero y el informe final del lunes 5 se habrían cambiado los números. Aquel lunes se demoró casi tres horas la publicación del comunicado de prensa con el dato. Eran aquellos los primeros días de Paglieri, economista de confianza de Moreno, en el Indec. Ella comenzó a trabajar allí el 31 de enero. En los meses siguientes, ya no hubo dos números porque Paglieri se encargó de confeccionar completamente los índices de acuerdo con su nueva metodología.
En el pedido de indagatoria de Stornelli consta que Silvia Almeida, que era coordinadora del IPC nacional, declaró que “entre el 29 de enero y el 5 de febrero de este año [el cálculo de la inflación] daba un resultado de 1,9%, diferente del luego publicado de 1,1%”. Almeida dijo que Paglieri ordenó que se pusieran “topes” a los aumentos de la lechuga, la medicina prepaga y los hoteles. En la solicitud de Stornelli dice que Graciela Guiet, de la oficina de cálculos de la inflación, “expresó que el IPC había dado el 1,9% y [el rubro] alimentos y bebidas, 2,6%”.
