“Más que una medida de fuerza, este es un serio llamado de
atención al Gobierno para que hayan reglas de juego claras y
estables, y que se termine con la discriminación en contra de la
industria agroalimentaria”, sostuvo Manuel Cabanellas, titular de
Confederación Rurales Argentinas, entidad que promovió la
protesta.
Cabanellas criticó las declaraciones del ministro de Economía,
Roberto Lavagna, quien sostuvo que el campo fue uno de los más
favorecidos por la devaluación y la salida de la convertibilidad.
“El ministro debe saber que la devaluación y la pesificación se
tomaron por presiones de otros sectores, que inclusive pretendían
llegar a una hiperinflación. El campo quiere aportar su cuota de
sacrificio para que haya un país distinto”, sostuvo el dirigente.
Si bien la intención de las entidades que promueven la medida
es “no afectar” a la población común, la protesta podría provocar
algunos síntomas de desabastecimiento en el mercado cerealero y
llevar presión sobre los precios.
Incluso, algunos analistas sostienen que el paro podría
impactar en el tipo de cambio, ya que se supone que la falta de
comercilización implicará un menor ingreso de dólares al país.
Diariamente, el Banco Central interviene en el mercado
mayoristda de cambios comprando divisas que liquidan los
exportadores, principalmente del sector cerealero.
Dentro de las entidades que apoyan la medida se encuentran
Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria, mientras Coninagro
optó por no acompañarla.
“La medida es la más suave que se puede tomar”, sostuvo
Cabanellas y aseguró que “el Gobierno debe terminar de pensar en
la agroindustria sólo por la recaudación que le deja”.
Las Bolsas de Cereales de Rosario, Bahía Blanca, Córdoba, y la
Bolsa de Comercio de Santa Fe, manifestaron su solidaridad con las
entidades participantes por compartir las razones que las llevan a
adoptar la medida de fuerza.
Los empresarios se quejan por la “voracidad fiscal” del
Gobierno para recaudar y entre los principales males enumeran los
siguientes: ausencia de neutralidad en alícuotas, plazos de cobro,
pagos del IVA, inequitativo y arbitrario tratamiento del gravámen
a las ganancias sin ajuste por inflación, la aplicación de
Ingresos Brutos y los desmedidos tributos inmobiliarios.
Además, se quejan por el constante retraso del Gobierno para
proceder a la devolución del IVA a los exportadores.
“Más que una medida de fuerza, este es un serio llamado de
atención al Gobierno para que hayan reglas de juego claras y
estables, y que se termine con la discriminación en contra de la
industria agroalimentaria”, sostuvo Manuel Cabanellas, titular de
Confederación Rurales Argentinas, entidad que promovió la
protesta.
Cabanellas criticó las declaraciones del ministro de Economía,
Roberto Lavagna, quien sostuvo que el campo fue uno de los más
favorecidos por la devaluación y la salida de la convertibilidad.
“El ministro debe saber que la devaluación y la pesificación se
tomaron por presiones de otros sectores, que inclusive pretendían
llegar a una hiperinflación. El campo quiere aportar su cuota de
sacrificio para que haya un país distinto”, sostuvo el dirigente.
Si bien la intención de las entidades que promueven la medida
es “no afectar” a la población común, la protesta podría provocar
algunos síntomas de desabastecimiento en el mercado cerealero y
llevar presión sobre los precios.
Incluso, algunos analistas sostienen que el paro podría
impactar en el tipo de cambio, ya que se supone que la falta de
comercilización implicará un menor ingreso de dólares al país.
Diariamente, el Banco Central interviene en el mercado
mayoristda de cambios comprando divisas que liquidan los
exportadores, principalmente del sector cerealero.
Dentro de las entidades que apoyan la medida se encuentran
Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria, mientras Coninagro
optó por no acompañarla.
“La medida es la más suave que se puede tomar”, sostuvo
Cabanellas y aseguró que “el Gobierno debe terminar de pensar en
la agroindustria sólo por la recaudación que le deja”.
Las Bolsas de Cereales de Rosario, Bahía Blanca, Córdoba, y la
Bolsa de Comercio de Santa Fe, manifestaron su solidaridad con las
entidades participantes por compartir las razones que las llevan a
adoptar la medida de fuerza.
Los empresarios se quejan por la “voracidad fiscal” del
Gobierno para recaudar y entre los principales males enumeran los
siguientes: ausencia de neutralidad en alícuotas, plazos de cobro,
pagos del IVA, inequitativo y arbitrario tratamiento del gravámen
a las ganancias sin ajuste por inflación, la aplicación de
Ingresos Brutos y los desmedidos tributos inmobiliarios.
Además, se quejan por el constante retraso del Gobierno para
proceder a la devolución del IVA a los exportadores.
