China audita su deuda pública

Una urgente auditoría a escala nacional ordenó el Gobierno para conocer en detalle el endeudamiento de los gobiernos locales, que supone una amenaza para la segunda economía del mundo.

Una directiva anunciada el domingo en un escueto comunicado señala que de acuerdo con la petición del Consejo de Estado, el Departamento Nacional de Auditorías (DNA) organizará agencias de auditoría por todo el país para llevar a cabo una auditoría de la deuda gubernamental.

Según el Diario del Pueblo —órgano oficial del Partido Comunista Chino (PCCh)—, la orden fue dictada el viernes pasado y el trabajo comenzará esta semana.

Las instrucciones emitidas desde Beijing indican la creciente preocupación de los líderes chinos sobre el riesgo sistémico derivado de los crecientes niveles de endeudamiento, en particular la demanda de dinero por parte de las administraciones locales, que si bien ha ayudado a la economía a seguir creciendo con celeridad, es insostenible, según la óptica del nuevo gobierno.

Las reformas de la economía han sido aceleradas para bascular de un modelo de desarrollo basado en la inversión y las exportaciones a otro más ligado al consumo interno, aunque sea más lento.

Pero un fuerte endeudamiento se considera un escenario peligroso para China, un riesgo macroeconómico, según el banco alemán Deutsche Bank.

Una auditoría realizada por DNA en 2011 ubica la deuda pública de los gobiernos locales en un total de 10,7 billones de yuanes (1.300 millones de euros) a finales de 2010.

Standard Chartered, Fitch y Crédit Suisse estiman que el endeudamiento de las administraciones locales supone el equivalente entre el 15% y el 36% del PIB (producto interior bruto); es decir, hasta 2.300 millones de euros, según el PIB de 2012.

El viceministro de Finanzas, Zhu Guangyao, sostuvo este mes que el Gobierno desconoce el valor total de la deuda local, aunque aseguró que es manejable.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó, también este mes, que las obligaciones conjuntas de los Gobiernos central y locales representan el 45% del PIB.

Las leyes presupuestarias chinas prohíben a las administraciones locales que asuman deuda directamente, pero sus dirigentes han pedido prestado en gran cantidad a través de diferentes vías –por ejemplo a empresas, a alto costo-, y con frecuencia han utilizado el dinero en proyectos inmobiliarios especulativos.

Las autoridades locales se enfrentan a una presión financiera creciente para construir las escuelas, las infraestructuras sanitarias y llevar a cabo otros programas sociales prometidos por Beijing a la población, pero la mayoría tiene prohibido recolectar sus propios impuestos y dispone de fuentes limitadas para financiarlos.

A menudo, acuden a la expropiación y venta de suelo –fuente corriente de corrupción-, lo que genera protestas sociales y un gran descontento con el partido comunista chino.

La crisis de 2008 fue la que aceleró la petición de préstamos a raíz de que el Gobierno central aprobó un plan de estímulo por valor de cuatro billones de yuanes (491.000 millones de euros al cambio actual) para construir líneas de subterráneo y otras obras públicas, que desencadenó la demanda de créditos a los bancos estatales y un fuerte endeudamiento en las administraciones locales.