Brasil: la corrupción parlamentaria no tiene límites
Al lado de los sobornos (llamados aportes) de las constructoras a los legisladores brasileños, lo de Skanska no tiene punto de comparación. La mafia de la obra pública pone en riesgo el andamiaje político federal.
Las dificultades para ahondar investigaciones sobre nexos entre el negocio constructor y el poder político hallaron explicación este fin de semana: más de la mitad de los parlamentario brasileños financiaban sus campañas electorales con “donativos” de grandes firmas constructoras locales y extranjeras. Ahora, detienen a uno tras otro.
Varios medios revelaron que casi 55% de legisladores federales recibieron fondos de ese sector. Además, 67% de quienes forman la comisión mixta de presupuesto son dirigentes políticos que llegaron a esos cargos usando dinero del sector privado. El esquema se había tornado rutina: las empresas que aportaban a la caja de un legislador siempre acabaron adjudicándose jugosos contratos en el distrito del “adornado”.
Los mecanismos de licitación pública eran soslayados o tergiversados. A menudo, varias de las constructoras involucradas se juntaban para eliminar competencia en determinadas zonas o concursos. En esos casos, los parlamentarios tenían una misión: obtener el OK de funcionarios ejecutivos para sobrefacturar o lograr condiciones ventajosas en desmedro del erario público.
El escándalo emblemático se llama “operación navaja”, donde salieron a luz nexos entre políticos, policías y la constructora Gautama. La firma, cuyo nombre budista recuerda una marca “hindú” de cerveza (Brahma), tenía acceso libre a varios ministerios del gobierno encabezado por Luiz Inácio da Silva. Altos funcionarios y legisladores solían pasearse en yates de Zuleido Veras, dueño de Gautama hoy preso y bajo proceso.
Hasta el domingo, el afer les ha costado los cargos a Silas Rondeau (ministro de minas y energía), Ivo Almeida –su asesor jefe-, José Santana (director del programa “luz para todos”) y Roberto Figueiredo, presidente del Banco regional de Brasilia. También han detenido a Jackson Lago, sobrino del gobernador de Maranhão, por una “comisión” de US$120.000 pedida a Gautama para el buen tío.
En Alagoas, segundo estado en cuanto a pobreza, un subsecretario fue pescado con US$ 110.000 en casa y no pudo explicarlos. También Renan Calheiros, presidente del senado federal, está siendo investigado porque otra constructora le abonaba un “sueldo” mensual de casi US$ 6.000, vía su amante. El parlamentario está al borde del juicio político, siempre y cuando haya disponibles legisladores libres de mácula. Según estimaciones del ministerio de justicia, Brasil puede estar perdiendo US$ 13.000 a 20.000 millones anuales por sobrefacturaciones dolosas.
La cifra se relaciona con alrededor de US$ 14.000 millones en sobornos a 285 de los 513 diputados federales y a 40 de 81 senadores. En su mayoría, miembros de comisiones que adjudican obras y otras compras públicas. Las coimas alcanzan a parlamentarios oficialistas (partido Laborista) y opositores, en particular el partido Socialdemócrata brasileño (PSDB). “En este congreso, el partido dominante es de las constructoras”, ironizaba un diputado del partido Socialismo y libertad (izquierda). “En vez de pelearse con Hugo Chávez por un canal venezolano de TV, Lula debiera ocuparse de la corrupción sistémica en casa”.
Las dificultades para ahondar investigaciones sobre nexos entre el negocio constructor y el poder político hallaron explicación este fin de semana: más de la mitad de los parlamentario brasileños financiaban sus campañas electorales con “donativos” de grandes firmas constructoras locales y extranjeras. Ahora, detienen a uno tras otro.
Varios medios revelaron que casi 55% de legisladores federales recibieron fondos de ese sector. Además, 67% de quienes forman la comisión mixta de presupuesto son dirigentes políticos que llegaron a esos cargos usando dinero del sector privado. El esquema se había tornado rutina: las empresas que aportaban a la caja de un legislador siempre acabaron adjudicándose jugosos contratos en el distrito del “adornado”.
Los mecanismos de licitación pública eran soslayados o tergiversados. A menudo, varias de las constructoras involucradas se juntaban para eliminar competencia en determinadas zonas o concursos. En esos casos, los parlamentarios tenían una misión: obtener el OK de funcionarios ejecutivos para sobrefacturar o lograr condiciones ventajosas en desmedro del erario público.
El escándalo emblemático se llama “operación navaja”, donde salieron a luz nexos entre políticos, policías y la constructora Gautama. La firma, cuyo nombre budista recuerda una marca “hindú” de cerveza (Brahma), tenía acceso libre a varios ministerios del gobierno encabezado por Luiz Inácio da Silva. Altos funcionarios y legisladores solían pasearse en yates de Zuleido Veras, dueño de Gautama hoy preso y bajo proceso.
Hasta el domingo, el afer les ha costado los cargos a Silas Rondeau (ministro de minas y energía), Ivo Almeida –su asesor jefe-, José Santana (director del programa “luz para todos”) y Roberto Figueiredo, presidente del Banco regional de Brasilia. También han detenido a Jackson Lago, sobrino del gobernador de Maranhão, por una “comisión” de US$120.000 pedida a Gautama para el buen tío.
En Alagoas, segundo estado en cuanto a pobreza, un subsecretario fue pescado con US$ 110.000 en casa y no pudo explicarlos. También Renan Calheiros, presidente del senado federal, está siendo investigado porque otra constructora le abonaba un “sueldo” mensual de casi US$ 6.000, vía su amante. El parlamentario está al borde del juicio político, siempre y cuando haya disponibles legisladores libres de mácula. Según estimaciones del ministerio de justicia, Brasil puede estar perdiendo US$ 13.000 a 20.000 millones anuales por sobrefacturaciones dolosas.
La cifra se relaciona con alrededor de US$ 14.000 millones en sobornos a 285 de los 513 diputados federales y a 40 de 81 senadores. En su mayoría, miembros de comisiones que adjudican obras y otras compras públicas. Las coimas alcanzan a parlamentarios oficialistas (partido Laborista) y opositores, en particular el partido Socialdemócrata brasileño (PSDB). “En este congreso, el partido dominante es de las constructoras”, ironizaba un diputado del partido Socialismo y libertad (izquierda). “En vez de pelearse con Hugo Chávez por un canal venezolano de TV, Lula debiera ocuparse de la corrupción sistémica en casa”.
