SpaceX busca valer US$ 1,75 billones pese a pérdidas operativas crecientes

SpaceX presentó el 20 de mayo su formulario S-1 ante la Securities and Exchange Commission. La compañía pidió cotizar en Nasdaq con el símbolo SPCX. La rueda inaugural está prevista para el 12 de junio. El roadshow comienza el 4. El precio se fijará el 11. No se trata de una operación más. Será, si se concreta, la mayor oferta pública inicial de la historia.

Las cifras son conocidas. La interpretación, no tanto. Conviene separar tres planos: la magnitud económica, la arquitectura societaria y las consecuencias institucionales.

El tamaño

La empresa declaró ingresos consolidados por US$ 18.700 millones en 2025. Registró una pérdida operativa de US$ 2.600 millones y una pérdida neta de US$ 4.900 millones. El EBITDA ajustado fue de US$ 6.600 millones. Starlink aportó US$ 11.400 millones, un 48% más que en 2024, y representa el 61% de la facturación total. La unidad satelital generó US$ 4.400 millones de utilidad operativa.

El servicio de lanzamientos sumó cerca de US$ 4.100 millones. La división de inteligencia artificial, incorporada en febrero de 2026 tras la fusión con xAI, aportó US$ 3.200 millones de ingresos y produjo pérdidas operativas por US$ 6.400 millones.

La conclusión es directa: Starlink financia a Starship y a la inteligencia artificial. Sin la conectividad satelital, el grupo no sería viable. Con ella, tampoco da ganancias.

El prospecto apunta a una valuación de US$ 1,75 billones con una colocación cercana a los US$ 75.000 millones. Eso supone unas 110 veces los ingresos de los últimos doce meses y entre 58 y 65 veces los ingresos proyectados para 2026. Ningún múltiplo industrial sostiene esos números. La cifra solo se explica por la expectativa de mercados futuros aún no construidos.

La estructura

El S-1 confirma una estructura de doble clase de acciones. Los inversores públicos reciben Clase A, con un voto. Musk y un grupo reducido conservan Clase B, con diez votos. Tras la apertura, Musk controlará el 85,1% del poder de voto con el 42,5% del capital.

Su remoción como director ejecutivo requiere su propio consentimiento. Las disputas se resuelven en arbitraje obligatorio. Las demandas colectivas están vedadas. Para presentar una propuesta en asamblea hay que reunir US$ 1 millón en acciones o el 3% del capital.

La compañía se reincorporó de Delaware a Texas. Esa migración no es estética. Quedará exenta de exigencias de gobierno corporativo aplicables a sociedades comunes, incluida la mayoría de directores independientes. El propio prospecto lo admite: los inversores no tendrán las protecciones que rigen para las demás compañías cotizantes.

Tres fondos de pensión públicos —CalPERS, el fondo del estado de Nueva York y el de la ciudad de Nueva York, que administran en conjunto US$ 1 billón— calificaron la arquitectura como la estructura de gobierno más favorable al management jamás llevada a los mercados estadounidenses. No es una hipérbole gremial. Es una observación técnica.

Las consecuencias

Hay cuatro hechos que deberían ordenar la lectura.

Primero, la concentración del poder de voto en una sola persona sobre una compañía con capacidades estratégicas —constelaciones satelitales, sistemas de lanzamiento dual-use, inteligencia artificial generativa— excede la cuestión societaria. Es una cuestión de seguridad nacional. El prospecto enumera 38 páginas de factores de riesgo. El primero es la atención dividida del propio Musk, que figura como CEO, director técnico y presidente del directorio.

Segundo, la unidad Starlink supera los 10,3 millones de suscriptores en 164 países al 31 de marzo de 2026. El ingreso promedio por usuario cayó de US$ 99 mensuales en 2023 a US$ 66 al primer trimestre de 2026. La compresión de tarifas no se explica por competencia equivalente —no la hay—, sino por una estrategia deliberada de penetración global. El precedente histórico es el de las concesiones ferroviarias del siglo XIX: tarifa baja, dependencia alta, control posterior.

Tercero, la compañía declara un mercado total direccionable cuantificable de US$ 28,5 billones, integrado por US$ 370.000 millones en soluciones espaciales, US$ 1,6 billones en conectividad y US$ 26,5 billones en inteligencia artificial. Esa cifra equivale a un cuarto del producto bruto mundial. Postularla como meta corporativa de una sola firma sometida al control unipersonal de un accionista constituye un hecho político, no comercial.

Cuarto, Nasdaq modificó sus reglas para acomodar la cotización. El índice S&P 500 evalúa cambios análogos. Las instituciones del mercado se adaptan a la compañía, no al revés.

Lo que está en juego

La discusión no es si SpaceX vale US$ 1,75 billones. El precio lo definirán los suscriptores el 11 de junio. La discusión es otra.

Argentina depende de la conectividad satelital extranjera en una proporción creciente. La autoridad regulatoria local —Enacom— autorizó la operación de Starlink. La red móvil directa al celular (D2C) sobre espectro de los operadores terrestres avanza sin un marco normativo específico. El propio prospecto sitúa el segmento de conectividad en una categoría direccionable de US$ 1,6 billones. Buena parte de esa magnitud incluye mercados emergentes. Incluye al argentino.

Tres exigencias se imponen al Estado.

Una. Establecer condiciones de reciprocidad para los operadores extranjeros que ofrezcan servicios masivos: presencia técnica local, obligaciones de continuidad de servicio, protocolos de interrupción regulada, cumplimiento de la legislación de datos personales y de defensa de la competencia.

Dos. Definir un régimen de uso del espectro radioeléctrico —en particular las bandas comprometidas en operaciones D2C— que preserve el carácter de bien público inalienable consagrado en la Ley 27.078.

Tres. Coordinar con los socios del Mercosur una posición común frente a operadores transnacionales con capacidad de afectar infraestructura crítica.

Ninguna de estas medidas se opone al desarrollo de la conectividad satelital. Todas son condición de su sustentabilidad institucional.

El prospecto presentado el 20 de mayo no es solo un documento financiero. Es la formalización de un modelo: capital público, control privado, exenciones regulatorias, jurisdicción a la carta. La pregunta no es si el mercado lo aceptará. La pregunta es qué hará el Estado argentino cuando ese modelo opere, ya con financiamiento bursátil, sobre su propio territorio.

¿Lo discutirá el Congreso antes del 12 de junio, o después?