En un informe sobre reformas infraestructurales, el BIRF (Banco Mundial) explica que la gente sin agua potable tampoco tiene obras sanitarias. La primera cifra, según la Unesco, es similar a la masa de analfabetos o semialfabetos. Mientras tanto, una consultora especializada en comunicaciones revela que el teléfono todavía no llega a unos 6.300 millones. Virtualmente, la mitad de la población mundial.
A criterio del BIRF, sería preciso invertir alrededor de US$ 120.000 millones por año (80% de los gastos insumidos en la aventura de Irak), hasta fin de la década. En el quinquerio posterior, esa suma bajaría a US$ 50.000 millones anuales.
“La privatización dista de ser una panacea. Las futuras obras –afirma el documento del BM- requerirán un marco reglamentario explícitamente orientado a salvaguardar los intereses de área y poblaciones afectadas”. En casos de privatización, ésta exigirá pautas claras que impidan interferencias políticas y protejan a accionistas, inversores y, en particular, usuarios”.
La mala calidad de contralores jurídicos, la venalidad típica de licitaciones o concesiones de proyectos con financiamiento multilateral y poca transparencia entre los propios funcionarios del BIRF y agencias similares “generan cada día más desconfianza en los países subdesarrollados o en desarrollo”. Significativamente, el informe reconoce algo por lo común ignorado entre los ejecutivos de estas entidades: existe creciente resistencia a recomendaciones sobre política económica y financiera. Quizá porque el BM –como la Cepal y el BID- ha sido copado hace lustros por la “ortodoxia” del Fondo Monetario, vía el extinto “consenso de Washington” (1989).
El “mea culpa” abarca a François Bourguignon, analista principal del BIRF. “Posiblemente haya habido algo de exuberancia irracional –confesó- acerca de las privatizaciones como salida ideal. No obstante, las economías en desarrollo precisan aportes privados serios para mantener y expandir servicios públicos”. Como se ve, el BM y sus funcionarios ya no emplean tanto el término “emergente”; tal vez porque, en el fondo, no signifique mucho en el plano macroeconómico.
Tras examinar sondeos hechos en Argentina y Perú, el informe concluye que “más de 80% de la población rechaza la privatización, debido a mala normativa y falta de monitoreo estatal o independiente sobre las empresas concesionarias”. El ejemplo argentino no es casual: en algunos servicios públicos, los usufructuarios perciben subsidios directos o indirectos, pero no hacen las inversiones necesarias en mantenimiento y mejoras.
En un informe sobre reformas infraestructurales, el BIRF (Banco Mundial) explica que la gente sin agua potable tampoco tiene obras sanitarias. La primera cifra, según la Unesco, es similar a la masa de analfabetos o semialfabetos. Mientras tanto, una consultora especializada en comunicaciones revela que el teléfono todavía no llega a unos 6.300 millones. Virtualmente, la mitad de la población mundial.
A criterio del BIRF, sería preciso invertir alrededor de US$ 120.000 millones por año (80% de los gastos insumidos en la aventura de Irak), hasta fin de la década. En el quinquerio posterior, esa suma bajaría a US$ 50.000 millones anuales.
“La privatización dista de ser una panacea. Las futuras obras –afirma el documento del BM- requerirán un marco reglamentario explícitamente orientado a salvaguardar los intereses de área y poblaciones afectadas”. En casos de privatización, ésta exigirá pautas claras que impidan interferencias políticas y protejan a accionistas, inversores y, en particular, usuarios”.
La mala calidad de contralores jurídicos, la venalidad típica de licitaciones o concesiones de proyectos con financiamiento multilateral y poca transparencia entre los propios funcionarios del BIRF y agencias similares “generan cada día más desconfianza en los países subdesarrollados o en desarrollo”. Significativamente, el informe reconoce algo por lo común ignorado entre los ejecutivos de estas entidades: existe creciente resistencia a recomendaciones sobre política económica y financiera. Quizá porque el BM –como la Cepal y el BID- ha sido copado hace lustros por la “ortodoxia” del Fondo Monetario, vía el extinto “consenso de Washington” (1989).
El “mea culpa” abarca a François Bourguignon, analista principal del BIRF. “Posiblemente haya habido algo de exuberancia irracional –confesó- acerca de las privatizaciones como salida ideal. No obstante, las economías en desarrollo precisan aportes privados serios para mantener y expandir servicios públicos”. Como se ve, el BM y sus funcionarios ya no emplean tanto el término “emergente”; tal vez porque, en el fondo, no signifique mucho en el plano macroeconómico.
Tras examinar sondeos hechos en Argentina y Perú, el informe concluye que “más de 80% de la población rechaza la privatización, debido a mala normativa y falta de monitoreo estatal o independiente sobre las empresas concesionarias”. El ejemplo argentino no es casual: en algunos servicios públicos, los usufructuarios perciben subsidios directos o indirectos, pero no hacen las inversiones necesarias en mantenimiento y mejoras.
