El regreso del matrimonio presidencial a Buenos Aires atrae todas las miradas
de los actores socioeconómicos, ya que había trascendido que las jornadas que
pasaron en Calafate fueron aprovechadas para definir las medidas que acompañarán
la transición y la asunción de Cristina Fernández de Kirchner al sillón de Rivadavia.
Pero la ausencia de Alberto Fernández en las apacibles tardes australes dio
pábulo a una certeza y una versión: la primera, es que el repaso de los asuntos
a resolver no excedieron de apuntes en borrador y de lineamientos, más que precisiones.
Y, en todo caso, se evaluaron las expectativas en cada caso y la oportunidad
de difusión.
Hay coincidencia entre quienes afirman haber manejado datos íntimos de la libreta
que llenaron en Santa Cruz de que se trazaron las coordenadas económicas de
los próximos cuatro años, y que se definió una pauta a la que habrán de ceñirse
las medidas de coyuntura que las vayan acompañando. Esta es:
· La inflación a la que se propone llegar como meta no debería superar el 10
% anual promedio, con un ajuste salarial de 2 puntos arriba, o sea, 12 %.
· La tasa de crecimiento no tendría que ser demasiado inferior a la que cierre
este año, pero la fluctuación en más o en menos dependerá de que se cumpla la
meta de atraer 27 % de inversión bruta fija dentro de dos años para consolidar
los actuales niveles.
· El tipo de cambio debe asegurar una mayor participación de las pymes en las
exportaciones, a fin de que mejoren 20 %, a la vez que seguir la tendencia creciente
de los precios internacionales de los cereales, cuya cosecha estiman superará
los 120 millones de toneladas.
· La distribución del ingreso y la pobreza integrarían un capítulo aparte, que
la actual senadora se reservaría para cuando asuma.
El borrador preparado en Calafate con los lineamientos generales no mencionaría
explícitamente uno de los rubros más urticantes de las medidas económicas que
irán saliendo en el mes y días que falta para la transmisión de la banda presidencial:
las tarifas.
El jefe de Gabinete de Ministros habrá de ser quien coordine los conceptos
definidos por los jefes y los trabajos que han ido preparando las dependencias
técnicas, a fin de elaborar una pauta detallada con las medidas pertinentes
a esa idea fuerza política para elevar al matrimonio presidencial.
Con esos papeles en la mano, los Kirchner tomarán la decisión final sobre el
cronograma de los anuncios, aunque ya está dispuesto que lo atinente a salarios
y precios integre un documento que el gobierno entrante pondrá sobre la mesa
ante las representaciones patronales y sindicales que invite a la firma de un
pacto social.
Las tarifas tendrían dos rumbos. Por un lado, que los aumentos para residentes
en barrios vip de Buenos Aires y conurbano salgan mientras dure el mandato de
Néstor Kirchner y, por otro, que se ponga a consideración de los actores sociales
un ajuste del 15 % a ir aplicándose en el tiempo para las restantes categorías,
excepto la más baja, que no sufrirían retoques.
La duda es el tipo de cambio, sobre el que hay dos hipótesis: una, si hay aumento
de las retenciones, o dos, si continúan como hasta ahora con el refuerzo de
los precios internacionales en alza.
El secretario de Agricultura fue instruido desde la Casa Rosada para tranquilizar
a los productores, en el sentido de que no hay aún definición oficial acerca
de las retenciones. Obviamente, sería imposible sentar a la mesa de concertación
a las representaciones del campo luego de otro incremento en los derechos de
exportación de los cereales.
Pacto social
El documento que se someterá al consentimiento de las parte será previamente
sondeado con los referentes de cúpula, como por ejemplo, Hugo Moyano, de la
CGT, Juan Lascurain de UIA y Jorge Britos de Adeba.
Acuciado por la interna sindical, Moyano ya abrió el paraguas y rechazó los
porcentajes que trascendieron para los salarios, ya que pretende previamente
una compensación por la erosión inflacionaria a los convenios colectivos vigentes.
Los Kirchner supeditan un llamado a suscribir el pacto social a que previamente
haya acuerdo en líneas generales, para no correr riesgos de un fracaso que manche
el arranque del gobierno de Cristina.
El nuevo escándalo que estalló en el Indec, luego del desplazamiento de los
técnicos que se oponían a los cambios, podría condicionar las negociaciones
en torno de los precios-salarios y tarifas, ya que siembra la desconfianza en
el nuevo sistema de medición antes de su anuncio oficial.
Ningún dirigente podría avalar pauta alguna que se base en el cuestionado indicador,
sin asumir el riesgo de inmolar su representatividad.
Hasta ahora, sólo se supo de un documento básico que serviría de prólogo al
pacto social, el cual fue difundido por el diario Página 12, de estrecha conexión
con la Jefatura de Gabinete.
La nota publicada ayer por el matutino dice: “Casi todas las propuestas económicas
que se están delineando para lo que será el gobierno que nace el 10 de diciembre
próximo están siendo incluidas en un documento cuyo título es “El Pacto Social”.
Este será el marco dentro del cual quiere gobernar la presidenta electa Cristina
Fernández de Kirchner. Página/12 tuvo acceso exclusivo al proyecto contenido
en ese informe de 68 páginas, que tiene objetivos cualitativos y metas cuantitativas
para los dos primeros años de gestión.
Según consta en la primera carilla de ese documento fundamental del futuro
gobierno, expone como aspiración principal “la institucionalización de las relaciones
económico sociales”. Además de diferentes proyecciones de variables clave de
la macroeconomía, la que definirá la aceptación de esa iniciativa será la vinculada
al sendero previsto para el salario: la idea es que mejore dos puntos porcentuales
en términos reales más un porcentaje no determinado vinculado al incremento
de la productividad.
(…) Entre las metas cuantitativas se destaca la propuesta de alcanzar para
el 2009 una tasa de inversión del 27% del PBI, un incremento de las exportaciones
del 20% y una cosecha cerealera de 120 millones de toneladas de granos.
La presidenta electa y su grupo más cercano de colaboradores piensan que deben
cortar ya mismo las expectativas inflacionarias. Para eso trabajan en una mejora
del superávit fiscal, que vendrá de la mano de una contención del gasto y un
incremento de la recaudación. También esperan conseguir un shock de inversiones,
atraídas por una nueva ley de desgravación progresiva de la reinversión de utilidades.
La negociación de esa iniciativa impositiva formará parte del “Pacto”. Pero
también creen que deben contener la puja distributiva. Para eso trabajan en
un acuerdo patronal-sindical que brinde el marco a las negociaciones colectivas
del año próximo.
(…) el Gobierno se compromete a mantener las herramientas macroeconómicas
que están en sus manos. Y a eso suma el control del precio de los insumos de
uso difundido (aluminio, plásticos) a través de la Secretaría de Defensa de
la Competencia. Un sistema de retenciones móviles que, sin restarle recursos
al campo, equilibre la oferta del sector y modere los picos de precios de productos
sensibles como el trigo, maíz, girasol y otros de similar importancia. También
indica que se trabajará en intentar encuadrar las negociaciones salariales dentro
de un marco de moderación.
Al respecto, el proyecto de Pacto Social subraya varias veces la necesidad
de ir hacia una mejor distribución de la riqueza y de seguir fortaleciendo el
mercado interno. Pero explica que en una carrera entre precios y salarios siempre
perdieron los últimos. Por eso la iniciativa es comenzar las negociaciones del
año próximo con la base de una inflación esperada acorde con el nuevo contexto,
sumándole a fin de año la mejora de la productividad más otros dos puntos porcentuales
de mejora en la distribución de la riqueza generada.
En el documento se reconoce la enorme diferencia que sufren los trabajadores
no registrados con respecto a los que disfrutan de un empleo en blanco, y la
magnitud de los que aún viven en esa carencia. Para superarlo se planea ir hacia
un sistema que diferencie más fuertemente la situación de las pequeñas empresas
de las grandes, en cuanto a porcentaje de cargas sociales y formas de registración.
A la vez sugiere penas mucho más severas por incumplimiento. En este tema se
hace un pedido de colaboración a los sindicatos para denunciar a los que no
cumplen con la legislación laboral. (…)”
El regreso del matrimonio presidencial a Buenos Aires atrae todas las miradas
de los actores socioeconómicos, ya que había trascendido que las jornadas que
pasaron en Calafate fueron aprovechadas para definir las medidas que acompañarán
la transición y la asunción de Cristina Fernández de Kirchner al sillón de Rivadavia.
Pero la ausencia de Alberto Fernández en las apacibles tardes australes dio
pábulo a una certeza y una versión: la primera, es que el repaso de los asuntos
a resolver no excedieron de apuntes en borrador y de lineamientos, más que precisiones.
Y, en todo caso, se evaluaron las expectativas en cada caso y la oportunidad
de difusión.
Hay coincidencia entre quienes afirman haber manejado datos íntimos de la libreta
que llenaron en Santa Cruz de que se trazaron las coordenadas económicas de
los próximos cuatro años, y que se definió una pauta a la que habrán de ceñirse
las medidas de coyuntura que las vayan acompañando. Esta es:
· La inflación a la que se propone llegar como meta no debería superar el 10
% anual promedio, con un ajuste salarial de 2 puntos arriba, o sea, 12 %.
· La tasa de crecimiento no tendría que ser demasiado inferior a la que cierre
este año, pero la fluctuación en más o en menos dependerá de que se cumpla la
meta de atraer 27 % de inversión bruta fija dentro de dos años para consolidar
los actuales niveles.
· El tipo de cambio debe asegurar una mayor participación de las pymes en las
exportaciones, a fin de que mejoren 20 %, a la vez que seguir la tendencia creciente
de los precios internacionales de los cereales, cuya cosecha estiman superará
los 120 millones de toneladas.
· La distribución del ingreso y la pobreza integrarían un capítulo aparte, que
la actual senadora se reservaría para cuando asuma.
El borrador preparado en Calafate con los lineamientos generales no mencionaría
explícitamente uno de los rubros más urticantes de las medidas económicas que
irán saliendo en el mes y días que falta para la transmisión de la banda presidencial:
las tarifas.
El jefe de Gabinete de Ministros habrá de ser quien coordine los conceptos
definidos por los jefes y los trabajos que han ido preparando las dependencias
técnicas, a fin de elaborar una pauta detallada con las medidas pertinentes
a esa idea fuerza política para elevar al matrimonio presidencial.
Con esos papeles en la mano, los Kirchner tomarán la decisión final sobre el
cronograma de los anuncios, aunque ya está dispuesto que lo atinente a salarios
y precios integre un documento que el gobierno entrante pondrá sobre la mesa
ante las representaciones patronales y sindicales que invite a la firma de un
pacto social.
Las tarifas tendrían dos rumbos. Por un lado, que los aumentos para residentes
en barrios vip de Buenos Aires y conurbano salgan mientras dure el mandato de
Néstor Kirchner y, por otro, que se ponga a consideración de los actores sociales
un ajuste del 15 % a ir aplicándose en el tiempo para las restantes categorías,
excepto la más baja, que no sufrirían retoques.
La duda es el tipo de cambio, sobre el que hay dos hipótesis: una, si hay aumento
de las retenciones, o dos, si continúan como hasta ahora con el refuerzo de
los precios internacionales en alza.
El secretario de Agricultura fue instruido desde la Casa Rosada para tranquilizar
a los productores, en el sentido de que no hay aún definición oficial acerca
de las retenciones. Obviamente, sería imposible sentar a la mesa de concertación
a las representaciones del campo luego de otro incremento en los derechos de
exportación de los cereales.
Pacto social
El documento que se someterá al consentimiento de las parte será previamente
sondeado con los referentes de cúpula, como por ejemplo, Hugo Moyano, de la
CGT, Juan Lascurain de UIA y Jorge Britos de Adeba.
Acuciado por la interna sindical, Moyano ya abrió el paraguas y rechazó los
porcentajes que trascendieron para los salarios, ya que pretende previamente
una compensación por la erosión inflacionaria a los convenios colectivos vigentes.
Los Kirchner supeditan un llamado a suscribir el pacto social a que previamente
haya acuerdo en líneas generales, para no correr riesgos de un fracaso que manche
el arranque del gobierno de Cristina.
El nuevo escándalo que estalló en el Indec, luego del desplazamiento de los
técnicos que se oponían a los cambios, podría condicionar las negociaciones
en torno de los precios-salarios y tarifas, ya que siembra la desconfianza en
el nuevo sistema de medición antes de su anuncio oficial.
Ningún dirigente podría avalar pauta alguna que se base en el cuestionado indicador,
sin asumir el riesgo de inmolar su representatividad.
Hasta ahora, sólo se supo de un documento básico que serviría de prólogo al
pacto social, el cual fue difundido por el diario Página 12, de estrecha conexión
con la Jefatura de Gabinete.
La nota publicada ayer por el matutino dice: “Casi todas las propuestas económicas
que se están delineando para lo que será el gobierno que nace el 10 de diciembre
próximo están siendo incluidas en un documento cuyo título es “El Pacto Social”.
Este será el marco dentro del cual quiere gobernar la presidenta electa Cristina
Fernández de Kirchner. Página/12 tuvo acceso exclusivo al proyecto contenido
en ese informe de 68 páginas, que tiene objetivos cualitativos y metas cuantitativas
para los dos primeros años de gestión.
Según consta en la primera carilla de ese documento fundamental del futuro
gobierno, expone como aspiración principal “la institucionalización de las relaciones
económico sociales”. Además de diferentes proyecciones de variables clave de
la macroeconomía, la que definirá la aceptación de esa iniciativa será la vinculada
al sendero previsto para el salario: la idea es que mejore dos puntos porcentuales
en términos reales más un porcentaje no determinado vinculado al incremento
de la productividad.
(…) Entre las metas cuantitativas se destaca la propuesta de alcanzar para
el 2009 una tasa de inversión del 27% del PBI, un incremento de las exportaciones
del 20% y una cosecha cerealera de 120 millones de toneladas de granos.
La presidenta electa y su grupo más cercano de colaboradores piensan que deben
cortar ya mismo las expectativas inflacionarias. Para eso trabajan en una mejora
del superávit fiscal, que vendrá de la mano de una contención del gasto y un
incremento de la recaudación. También esperan conseguir un shock de inversiones,
atraídas por una nueva ley de desgravación progresiva de la reinversión de utilidades.
La negociación de esa iniciativa impositiva formará parte del “Pacto”. Pero
también creen que deben contener la puja distributiva. Para eso trabajan en
un acuerdo patronal-sindical que brinde el marco a las negociaciones colectivas
del año próximo.
(…) el Gobierno se compromete a mantener las herramientas macroeconómicas
que están en sus manos. Y a eso suma el control del precio de los insumos de
uso difundido (aluminio, plásticos) a través de la Secretaría de Defensa de
la Competencia. Un sistema de retenciones móviles que, sin restarle recursos
al campo, equilibre la oferta del sector y modere los picos de precios de productos
sensibles como el trigo, maíz, girasol y otros de similar importancia. También
indica que se trabajará en intentar encuadrar las negociaciones salariales dentro
de un marco de moderación.
Al respecto, el proyecto de Pacto Social subraya varias veces la necesidad
de ir hacia una mejor distribución de la riqueza y de seguir fortaleciendo el
mercado interno. Pero explica que en una carrera entre precios y salarios siempre
perdieron los últimos. Por eso la iniciativa es comenzar las negociaciones del
año próximo con la base de una inflación esperada acorde con el nuevo contexto,
sumándole a fin de año la mejora de la productividad más otros dos puntos porcentuales
de mejora en la distribución de la riqueza generada.
En el documento se reconoce la enorme diferencia que sufren los trabajadores
no registrados con respecto a los que disfrutan de un empleo en blanco, y la
magnitud de los que aún viven en esa carencia. Para superarlo se planea ir hacia
un sistema que diferencie más fuertemente la situación de las pequeñas empresas
de las grandes, en cuanto a porcentaje de cargas sociales y formas de registración.
A la vez sugiere penas mucho más severas por incumplimiento. En este tema se
hace un pedido de colaboración a los sindicatos para denunciar a los que no
cumplen con la legislación laboral. (…)”
