El teléfono de Aerolíneas Argentinas sonó más veces
esta mañana que el último llamado de embarque a los aviones que
debían ir cumpliendo con el plan de normalización de los vuelos.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, citó a los poseedores
de la mayoría accionaria de la compañía, Gonzalo Díaz
Ferrán y Gonzalo Pascual, quienes arribaron desde España para
participar en la tensa reunión de esta semana del comité ejecutivo.
E inesperadamente, como solía hacer su esposo, Cristina Kirchner se sumó
al encuentro.
Si bien no trascendió más que un profuso cuestionario de la presidenta
en torno del conflicto con los sindicalistas, la conversación habría
quedado stand by hasta que se conociera el resultado de la gestión que
horas antes el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, había encargado al
secretario general de la CGT, Hugo Moyano: juntarse a negociar con Jorge Pérez
Tamayo, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.
Este gremio aeronáutico es el más duro, entre los siete que comprenden
al personal de Aerolíneas Argentinas a la hora de cerrar un acuerdo que
garantice el normal funcionamiento de la línea de bandera nacional.
La intervención activa del gobierno nacional se concretó recién
ahora, luego de una semana de escándalos y demoras en las terminales
aéreas, que involucraron no sólo a los vuelos de Aerolíneas
Argentinas, sino que afectaron el normal desenvolvimiento del resto de las compañías.
La primera mandataria ha abierto una enorme expectativa en este caso acerca
de la verdadera influencia que el denominado movimiento obrero organizado ejerce
sobre los gremios y su poder de control sobre los mismos.
De todos modos, aun cuando no hay indicios de que pueda llegarse a un entendimiento
entre Aerolíneas y los pilotos, Cristina Kirchner comunicó al
canciller Jorge Taiana que está dispuesta a viajar a España, una
vez que pase la elección de marzo.
Tratado de paz
El conflicto gremial que impide la celebración de un tratado de paz
entre las partes y el Estado, que los accionistas pusieron como condición
para efectivizar el refuerzo comprometido de la flota, tiene que ver directamente
con la rentabilidad de la inversión, ya que el régimen de horas
y reemplazos de los pilotos incide en el costo operativo y, por ende, en la
competitividad de la compañía.
El dirigente de los pilotos, que se hallaba de vacaciones en Bariloche, dijo
la semana pasada que debajo del conflicto se escondía el desfase entre
la venta de pasajes para la temporada y la disposición de aeronaves para
cumplir los itinerarios.
La firma española Marsans, propietaria de la mayoría del paquete
accionario de Aerolíneas, manifestó que confiaba que el gobierno
apaciguaría a los gremios y, en consecuencia, podría cumplir con
el plan de reequipamiento comprometido por la empresa.
Pero la gestión encarada el año pasado por el líder camionero
Moyano con el secretario general de los pilotos no tuvo el efecto intimidatorio
esperado. APLA continuó con su postura de que los españoles asuman
lo que denunciaron como vaciamiento y hagan los aportes de capital correspondientes.
A su vez, los españoles exhortaron al gobierno argentino a integrar
su parte, como estaba escrito en la ley de privatización.
La modificación del convenio laboral es el punto neurálgico en
el que coinciden tanto la patronal como el Estado, aunque éste no se
atreva a decirlo. Los pilotos tienen un régimen de privilegio que descoloca
a la compañía respecto de sus competidoras y ellos no se resignan
a perderlo.
La mediación de Moyano, para convencer a su colega de deponer la conquista
laboral sin quedar demasiado expuesto, lejos estuvo de acortar las posiciones.
El conflicto causó múltiples trastornos hasta ayer, cuando se
cumplió con los 60 vuelos nacionales, se anexaron dos más por
cancelaciones y hubo una sola demora en las 25 partidas internacionales.
A la reunión del jefe de Gabinete con los ejecutivos españoles,
que duró alrededor de una hora, también asistió el gerente
de Asuntos Públicos de Aerolíneas, Jorge Molina. “Se habló
de la situación de la empresa y de los sucesos de estos últimos
días”, dijo en relación a las cancelaciones y demoras de
los vuelos nacionales e internacionales tanto en Ezeiza como en Aeroparque.
Pérez Tamayo, citado por Moyano, venía anticipando un conflicto
con Aerolíneas desde fines de diciembre. Denunciaba a la empresa por
empujar “a un conflicto con el objeto de ocultar la triste realidad en
que se encuentra sumergida nuestra querida empresa, producto de un gerenciamiento
ineficiente, la falta de inversión genuina, la sobreventa de pasajes
y el vaciamiento sistemático en perjuicio de los trabajadores, del Estado
Nacional y de todos los usuarios. Más allá de los intereses ocultos
que persigan ciertos integrantes del staff del grupo y del lobby que pudieran
realizar para modificar las normas vigentes de descanso de los pilotos, está
el interés de los usuarios y de todos los argentinos en general que se
verán afectados en el inicio de la temporada estival por exclusiva responsabilidad
de la empresa”.
Los dueños de Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo
Pascual, viajan asiduamente al país desde que retomaron la conducción
de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas.
Ambos se encuentran preocupados por el conflicto que afecta la imagen de Aerolíneas
Argentinas y también la de Marsans.
Trasmitieron al gobierno su inquietud porque no se pudo concretar la firma
de una tregua social por tres años que propusieron en octubre a los sindicatos
y al gobierno argentino.
Medios vinculados al grupo español insinúan que trasladaron al
jefe de Gabinete esos aspectos y se mostraron extrañados porque los sindicalistas
no fueron presionados para cumplir con el servicio público.
El teléfono de Aerolíneas Argentinas sonó más veces
esta mañana que el último llamado de embarque a los aviones que
debían ir cumpliendo con el plan de normalización de los vuelos.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, citó a los poseedores
de la mayoría accionaria de la compañía, Gonzalo Díaz
Ferrán y Gonzalo Pascual, quienes arribaron desde España para
participar en la tensa reunión de esta semana del comité ejecutivo.
E inesperadamente, como solía hacer su esposo, Cristina Kirchner se sumó
al encuentro.
Si bien no trascendió más que un profuso cuestionario de la presidenta
en torno del conflicto con los sindicalistas, la conversación habría
quedado stand by hasta que se conociera el resultado de la gestión que
horas antes el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, había encargado al
secretario general de la CGT, Hugo Moyano: juntarse a negociar con Jorge Pérez
Tamayo, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.
Este gremio aeronáutico es el más duro, entre los siete que comprenden
al personal de Aerolíneas Argentinas a la hora de cerrar un acuerdo que
garantice el normal funcionamiento de la línea de bandera nacional.
La intervención activa del gobierno nacional se concretó recién
ahora, luego de una semana de escándalos y demoras en las terminales
aéreas, que involucraron no sólo a los vuelos de Aerolíneas
Argentinas, sino que afectaron el normal desenvolvimiento del resto de las compañías.
La primera mandataria ha abierto una enorme expectativa en este caso acerca
de la verdadera influencia que el denominado movimiento obrero organizado ejerce
sobre los gremios y su poder de control sobre los mismos.
De todos modos, aun cuando no hay indicios de que pueda llegarse a un entendimiento
entre Aerolíneas y los pilotos, Cristina Kirchner comunicó al
canciller Jorge Taiana que está dispuesta a viajar a España, una
vez que pase la elección de marzo.
Tratado de paz
El conflicto gremial que impide la celebración de un tratado de paz
entre las partes y el Estado, que los accionistas pusieron como condición
para efectivizar el refuerzo comprometido de la flota, tiene que ver directamente
con la rentabilidad de la inversión, ya que el régimen de horas
y reemplazos de los pilotos incide en el costo operativo y, por ende, en la
competitividad de la compañía.
El dirigente de los pilotos, que se hallaba de vacaciones en Bariloche, dijo
la semana pasada que debajo del conflicto se escondía el desfase entre
la venta de pasajes para la temporada y la disposición de aeronaves para
cumplir los itinerarios.
La firma española Marsans, propietaria de la mayoría del paquete
accionario de Aerolíneas, manifestó que confiaba que el gobierno
apaciguaría a los gremios y, en consecuencia, podría cumplir con
el plan de reequipamiento comprometido por la empresa.
Pero la gestión encarada el año pasado por el líder camionero
Moyano con el secretario general de los pilotos no tuvo el efecto intimidatorio
esperado. APLA continuó con su postura de que los españoles asuman
lo que denunciaron como vaciamiento y hagan los aportes de capital correspondientes.
A su vez, los españoles exhortaron al gobierno argentino a integrar
su parte, como estaba escrito en la ley de privatización.
La modificación del convenio laboral es el punto neurálgico en
el que coinciden tanto la patronal como el Estado, aunque éste no se
atreva a decirlo. Los pilotos tienen un régimen de privilegio que descoloca
a la compañía respecto de sus competidoras y ellos no se resignan
a perderlo.
La mediación de Moyano, para convencer a su colega de deponer la conquista
laboral sin quedar demasiado expuesto, lejos estuvo de acortar las posiciones.
El conflicto causó múltiples trastornos hasta ayer, cuando se
cumplió con los 60 vuelos nacionales, se anexaron dos más por
cancelaciones y hubo una sola demora en las 25 partidas internacionales.
A la reunión del jefe de Gabinete con los ejecutivos españoles,
que duró alrededor de una hora, también asistió el gerente
de Asuntos Públicos de Aerolíneas, Jorge Molina. “Se habló
de la situación de la empresa y de los sucesos de estos últimos
días”, dijo en relación a las cancelaciones y demoras de
los vuelos nacionales e internacionales tanto en Ezeiza como en Aeroparque.
Pérez Tamayo, citado por Moyano, venía anticipando un conflicto
con Aerolíneas desde fines de diciembre. Denunciaba a la empresa por
empujar “a un conflicto con el objeto de ocultar la triste realidad en
que se encuentra sumergida nuestra querida empresa, producto de un gerenciamiento
ineficiente, la falta de inversión genuina, la sobreventa de pasajes
y el vaciamiento sistemático en perjuicio de los trabajadores, del Estado
Nacional y de todos los usuarios. Más allá de los intereses ocultos
que persigan ciertos integrantes del staff del grupo y del lobby que pudieran
realizar para modificar las normas vigentes de descanso de los pilotos, está
el interés de los usuarios y de todos los argentinos en general que se
verán afectados en el inicio de la temporada estival por exclusiva responsabilidad
de la empresa”.
Los dueños de Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo
Pascual, viajan asiduamente al país desde que retomaron la conducción
de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas.
Ambos se encuentran preocupados por el conflicto que afecta la imagen de Aerolíneas
Argentinas y también la de Marsans.
Trasmitieron al gobierno su inquietud porque no se pudo concretar la firma
de una tregua social por tres años que propusieron en octubre a los sindicatos
y al gobierno argentino.
Medios vinculados al grupo español insinúan que trasladaron al
jefe de Gabinete esos aspectos y se mostraron extrañados porque los sindicalistas
no fueron presionados para cumplir con el servicio público.
