Fraude en las empresas: de eso no se habla (todavía…)

Estos casos rara vez llegan a la justicia. 
 
En materia de fraude el promedio internacional que se maneja en los foros de consultores especializados va hasta 10% de la facturación de una compañía. Y son innumerables los ejemplos de delitos internos dentro de las empresas, aunque en la estadística general, sobre todo de la Argentina, no sean mayoría los que llegan a la justicia o siquiera a la denuncia policial. “Los trapos los lavamos adentro”, es una de las frases más comunes que campean en el interior de las organizaciones. 
Es que un empleado, sea o no jerárquico, que tiene intención dolosa genera un delito cuando la perpetra y no es fácil reconocer (y sobre todo dar acceso externo) la existencia de delincuentes en la plantilla de personal. 
 
Sin embargo, el delito de sustracción de mercaderías o información confidencial, el desvío de fondos financieros hacia cuentas propias o de terceros, la complicidad con proveedores en perjuicio de la empresa o la connivencia entre ejecutivos para hacer la vista gorda a los controles cruzados no parecen ser excepciones en el mundo de los negocios. 
 
Existe una percepción opuesta entre el equipo del servicio de riesgos en los negocios de Ernst & Young y los resultados de la encuesta que realizaron junto con Mercado en su segunda edición. 
 
Reconocimiento minoritario 
 
El resultado dice que 19% de los consultados reconoce haber sido alguna vez víctima de fraude en su empresa. Del resto, 28 de cada 100 no saben y 54% directamente lo niega, lo cual puede significar que tampoco lo sepa. O sea que 82% permanece en una nebulosa. 
 
Prácticamente se mantuvieron los porcentajes respecto de la primera muestra, aunque se amplió la cantidad de respuestas espontáneas. 
 
Walter Larriva, director ejecutivo de Ernst & Young, destaca otra particularidad: la diferencia entre la forma en que las compañías se enteran de alguna deslealtad dolosa de su personal, de acuerdo con las respuestas recibidas, respecto de los procedimientos que dicen aplicar para ello. 
 
En este último caso, declararon inclinarse por las auditorías externas e internas, que representaron una efectividad de 5%, contra 80% asignado en la práctica a la casualidad o a informes internos (las vulgarmente llamadas alcahueterías), que también aportan su cuota de azar. 
 
O sea que en 2 de cada 10 empresas admiten haber sufrido algún tipo de fraude. Y, de esta ya exigua proporción, 8 de cada 10 afirman haberlo descubierto por casualidad. 
 
Antes y después de Skanska 
 
Aunque nadie se atreva a invocarlo, el fantasma de Skanska gira sobre la totalidad del universo empresarial del país. ¿La casa matriz sueca, con sus estrictos controles y auditorías cruzadas internacionales, podía no saber que sus ejecutivos en la Argentina estaban comprometiéndola en prácticas corruptas con otras firmas y el Estado para adjudicarse licitaciones? Y retrocediendo un poco el reloj, ¿la central de IBM en Estados Unidos tampoco estaba enterada del contrato con Banco Nación y la introducción del famoso “muletto” realizada por la guardia local para consumar el negociado? La historia está tan llena de máculas de ese tipo (Swiftgate, al principio de la convertibilidad), como las cárceles argentinas vacías de culpables. 
 
Larriva, con 16 años a cuestas en la división Delitos Económicos de la Policía Federal antes de ingresar en E&Y, se detiene en un detalle importante de la encuesta, y de su propio conocimiento empírico en la consultora, para tratar de entender la dicotomía: no es común que esos delitos terminen en las estadísticas policiales o judiciales, y menos aún en prisión, porque los perjudicados suelen arreglar en forma privada una desvinculación con los funcionarios “desleales”, sin haber llegado siquiera a la comisaría. ¿Por qué…? Hay en la Argentina un diálogo tácito entre partes que se podría traducir con un juego de palabras que ni siquiera se necesita recordar entre partes: “vos sabés que yo sé”. 
 
¿Cuáles son los fraudes más comunes que pasan las barreras de los auditores y en 80% se descubren por casualidad, según surge de la encuesta? 
 
A diferencia de la encuesta anterior, esta vez surge en primer lugar el arreglo interno con proveedores externos en las compras que decide la empresa, con 34%. 
 
Segundo en importancia quedó el robo de activos (que en la jerga popular se conoce como “meter la mano en la lata”), que representa 31% de los casos identificados. Puede ser desde una computadora hasta dinero de la caja. 
 
La sustracción o manipulación de la información confidencial de la compañía es el tercero, con 23%, y el cuarto, que ya requiere de sofisticados conocimientos de computación y acceso a las cuentas de la firma, es el que trata de transferencias de estados financieros. De ahí que sólo sea mencionado por 8% de las exiguas víctimas que reconocen haber sido objeto de fraude. 
 
Las coimas son apenas un apéndice de la compulsa, con 4%.

Puertas adentro 
 
El problema principal está puertas adentro de la organización, ya que 61% de los que perpetran el fraude son empleados y 19% surge de un arreglo entre éstos y terceros externos. Sumando todos los de afuera, no llegan a 20%. 
 
Contra lo que podría suponerse, tampoco la antigüedad del personal calificado funciona como antídoto para la deshonestidad. Los nuevos no aparecen como demasiado involucrados por la sencilla razón de su ignorancia en sutilezas del funcionamiento administrativo por donde se facilitan las filtraciones. 
 
Los especialistas dicen contar con programas de fidelización para “ponerle la camiseta” a los empleados. 
Es abrumadora la mayoría de casos declarados que no llegan a ninguna instancia procesal, ni siquiera a denuncias. De las comprobadas, se llega a un arreglo de desvinculación con 11% de los autores, mientras que 17% va a tribunales, aunque rara vez rematan en sentencia. 
 
Se combinan dos razones para que se opte por eludir la justicia: una es la falta de confianza en sus fallos en tiempo y forma, y la otra, el temor a que el inculpado declare inconveniencias para la empresa. 
 
Es una circunstancia bastante común en el fuero laboral, ya que las patronales suelen estar en infracción con los aportes provisionales y el empleado lo sabe. 
 
Llama la atención de los consultores que trabajaron con la encuesta la baja utilización de la informática para las investigaciones de fraudes reconocidos en las respuestas. Precisamente porque su modus operandi es aplicar un soft que permite cargar datos y cruzarlos con redes que manejan dentro de su sistema para la prevención de los delitos. 
 
En la Argentina, por ejemplo, el delito pasa por la apropiación directa de patrimonios pertenecientes a la compañía, pero en Estados Unidos hasta incluyen dentro de la escala el gasto de llamadas particulares que realiza un agente aprovechando la clave que le proporcionan. 
 
En una época no muy lejana, esas contraseñas solían traficarse por parte de terceros para llamadas desde teléfonos públicos que eran cargados a la cuenta corporativa. 
 
El patrullero electrónico que mencionan en E&Y recorre la denominada ruta del dinero en busca de irregularidades. Una vez que detecta pistas pone en funcionamiento la pesquisa personal y establece mecanismos de defensa para evitar que continúen las filtraciones mientras investiga. 
Es más que elocuente el reconocimiento que hacen relativamente pocos empresarios que admitieron fraude sobre la posibilidad de que se repita: 89 a 11 que sí. 
“Hay un efecto contagio que torna general una acción delictiva particular que queda impune”, interpreta un auditor que sonríe con suficiencia cuando le cuentan el caso de la editorial en la que desde el gerente para abajo todos se llevaban algo para su casa. 
 
Auditores inquietantes 
 
La presencia de un auditor es siempre inquietante para los que se sienten amos y señores del manejo de los negocios. Sobre todo cuando se sabe que es contratado para buscar ilícitos. Incomoda el seguimiento patrimonial que aplica sobre el dinero y los mobiliarios de las personas y la empresa. 
 
Entre la quinta parte de los encuestados (la que reconoce existencia de fraude) predomina la que no aplica políticas de concientización. ¿En qué consistiría? En el desarrollo de un plan antifraude se contempla la educación del personal, el diagnóstico de los riesgos de fraude para cada organización, la categorización y la estrategia preventiva. Recién al final viene la investigación. 
 
Los encuestados se muestran ignorantes de los planes de respuesta al fraude y respecto de la implantación de un código de administración corporativa (una suerte de fuero penal endógeno), aunque sí creen en los códigos de conducta y en aplicar políticas antifraude. 
 
Tampoco en su gran mayoría están informados acerca de las disposiciones de Sarbanes Oxley. A propósito, es la ley que fue aprobada en 2002 por el Congreso de EE.UU., tras los escándalos corporativos que empezaron con Enron un año antes, que reforma el gobierno corporativo para aumentar la confianza de los inversionistas en los mercados de capitales. Establece penas criminales para CEO que den certificaciones trimestrales y anuales falsas. 
 
La asociación entre prevención del fraude y rentabilidad constituye un valor entendido por más de la mitad de los que respondieron entre los que estiman que mucho, y 40% entre los que opinaron que poco. 
 
También aparece con claridad el enfoque que le dan los encuestados a la paleta de acciones tendientes a combatir o prevenir los fraudes. Comparten el primer término el mayor control interno y el sentido de pertenencia que pueda inculcarse a los trabajadores. Luego viene la adecuada segregación de funciones casi junto con mejores salarios. Y sólo 8% se inclina por una estructura permanente antifraude. 
 
Pese a esta posición contemporizadora, manifiestan creer que existe una alta probabilidad de riesgo de fraude en el mercado en que opera la organización, que supera la negativa y el desconocimiento juntos. 
 
La diferencia entre lo que proponen las agencias especializadas en combatir los fraudes y lo que la mayor parte de los empresarios que admitieron su existencia declaran estar dispuestos a hacer se resume a la caracterización de la confianza. Su idea es trabajar sobre la fidelización del empleado para confiar en él, antes de traer auditores de riesgo que busquen delitos y delincuentes entre la planta de personal. 
 
Para un dueño, el que firma todas las órdenes de pago tendría que ser un elemento altamente confiable, mientras que para el “patrullero electrónico” sería un candidato potencial a descubrirle algún fraude.

La globalización En E&Y interpretan que la competencia globalizada ha degenerado en la extensión de esas prácticas dolosas. Los auditores que controlan los procesos administrativos, según la consultora especializada, no tienen sus radares orientados a descubrir prácticas non sanctas, porque el riesgo no es su foco de atención. En cambio, los profesionales que se dedican a prevenir delitos se orientan a conseguir información a través de chequeos del personal, de arriba hacia abajo, de la facilidad para detectar debilidades de éstos en las entrevistas que realizan porque su formación proviene de la represión de los delitos. Tienen que saber de administración, de leyes, de criminalística, de informática aplicada a la investigación y, sobre todo, conocer la lógica del potencial delincuente. El auditor llega a una empresa, y verifica el verdadero estado patrimonial de los agentes en relación con sus ingresos declarados. Sigue las facturas correlativas en montos que llaman la atención originados en una sola empresa. Cruza información sobre los que originan y controlan esos gastos, quién firma, etc., antes de ordenar las pistas para iniciar la investigación. Por supuesto se nutre también, antes o durante, de las informaciones oficiosas y las que recogen de las entrevistas. A partir de entonces, puede presumirse lo que denominan la comisión de delito y ponerse en la búsqueda. La habilidad en ese terreno pasa a ser una condición esencial para el investigador. Las empresas que admiten la existencia de fraude, conforme se desprende de la encuesta, depositan en las auditorías que se hacen de los balances el hallazgo de una irregularidad, que luego ordenan averiguar dentro de los procesos. Esta sería la forma de lectura del dato que sugieren los intérpretes de la encuesta: mientras las auditorías contables regulares pueden detectar un porcentaje mínimo de fraude ya consumado, los especialistas están en condiciones de prevenir y reprimir, a la vez, todos los que involucran bienes, dinero, información o daño a la información y colusiones internas que permanecen ocultos y latentes. Pero hoy la realidad en las firmas que descubrieron fraudes es que obraron la causalidad o los chismes. Patrullero electrónico No son muchas hasta el presente las firmas que contratan al “patrullero electrónico” para verificar si hay delitos. Entre el bajo porcentaje que reconoce en la encuesta haber sido víctima de fraude, los sectores que llevan la delantera son, como no podía ser de otro modo, intermediarios de dinero, como bancos, financieras y aseguradoras. El renglón vinculado a la computación y las consultorías es el que surge segundo entre los más vulnerables que destacan los que reconocen haber sido robados. Luego vienen las industrias, fundamentalmente por los arreglos espurios entre empleados y terceros. La consecuencia se advierte en la sobrefacturación de las compras. Otro delito repetido en las empresas es la usurpación de identidad, el soborno y el robo de datos confidenciales. El fraude que se aplica en el estado financiero requiere de un manejo tecnológico que no es para cualquiera, como tampoco lo es su detección. Sólo es posible con la colusión entre los responsables de ventas y finanzas del interior de una organización en las reestructuraciones de deudas, una práctica bastante común después de la pesificación asimétrica que siguió a la devaluación de 2002. Por lo visto, el monto declarado en los fraudes ha ido in crescendo con el tiempo, aunque disminuye la cantidad de casos involucrados en las denuncias. Hasta US$ 10.000, en el último año, se concentró 48% de los fraudes declarados, contra 60% de 2005 y 65% de 2006. Hasta US$ 50.000, en cambio, se declararon más que en los años precedentes, lo mismo que en valores que llegan a US$ 100.000. Y en los que superan el medio millón, en 2006 se registró 14% contra 5 y 6% de los años anteriores. En 71% de los casos, no creen que el fraude supere 10% de la facturación. En los corrillos profesionales se habla de un promedio de 6% de las ventas que se evapora en prácticas desleales que pasan la frontera del delito.