<p>El peso de demandas se desplaza la semana entrante de la propia BP al fondo de reclamos efectivos (<em>gulf coast claims facility</em>, GCCF). El nuevo ente quedó a cargo de Kenneth Feinberg, que desempeñó similares funciones tras el ataque terrorista en septiembre de 2001. También sigue siendo asesor de Barack Obama –desde 2008- para rebajar remuneraciones de ejecutivos financieros.<br />
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Las nuevas normas para la emergencia petrolera especifican que, desde este lunes y hasta el 23 de noviembre, los damnificados podrán presentarse a la GCCF. Ello no implica que –aun si perciben indemnizaciones- desistan de sus derechos a litigar contra BP, Halliburton y otras firmas involucradas en la explosión y el derrame subsiguiente. En realidad, recién para fin de año se planteará ese costado del problema.<br />
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Según los documentos en poder de Feinberg, los demandantes han de demostrar cómo el derrame causó daños y pérdidas económicas. Ahí surgirá el tema de la distancia al desastre y su relación con recursos naturales arrasados. Por ejemplo, una cláusula excluye personas y negocios situados a muchos kilómetros del epicentro o la mancha negra. <br />
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Este grupo, sin embargo, podrá radicar demandas o integrarse a una acción colectiva ya en curso. Feinberg intentará finiquitar verificaciones urgentes en 24 horas por expediente, si se trata de personas físicas, y en siete días para las jurídicas. Esta decisión tiene un motivo claro: la sospechosa lentitud de procedimientos en BP. <br />
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“Tener en línea los protocolos de emergencia es un primer paso para ayudar a que los afectados se recobren”, señala el funcionario en un comunicado, este domingo desde Miami. Por de pronto, si bien los reclamos ante la compañía han pasado al GCCF, quienes los formularon probablemente deban efectuar trámites ulteriores para cobrar indemnizaciones.<br />
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Distancia a la mancha negra, clave para demandas contra BP
Detalles de las actuaciones judiciales revelan que la proximidad geográfica al derrame de la Deepwater horizon definirá el reparto de facilidades indemnizatorias. Se trata de los US$ 20.000 millones impuestos por Estados Unidos a British Petroleum.
