Igualmente, en las políticas públicas o de Estado entendidas como planes, programas y proyectos de gobierno, la evaluación de resultados e impacto brinda información clave para mejorar su gestión estratégica y operativa y así mejorar la vida de las personas. Sin embargo, no son poco los desafíos para hacer de la evaluación una práctica sistemática y cotidiana en la administración pública.
Desde 2011 la Argentina viene dando un lugar cada vez más relevante a la evaluación en la agenda pública. La Jefatura de Gabinete de Ministros creó en 2013 el Programa de Evaluación de Políticas Públicas, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades técnicas, políticas y administrativas del Estado en materia de evaluación y propender a una mejor adecuación entre los objetivos, recursos y productos de la política pública, y entre los resultados, objetivos e impactos a nivel político sobre el conjunto de la sociedad.
A escala provincial, el panorama es heterogéneo en términos de capacidades, marcos legales y culturas de evaluación. Algunas provincias adoptaron planes estratégicos que son una de las bases para tornar viable la evaluación de resultados de las políticas públicas. Es el caso de Chaco, Corrientes, la Ciudad, Tucumán, Salta, San Luis y Santa Fe. Otras provincias desarrollaron capacidades en gestión para resultados con apoyo de los organismos internacionales, que también es un paso necesario para un ejercicio sistemático de evaluación. Córdoba y Tucumán son buenos ejemplos. Algunas provincias desarrollaron sistemas de monitoreo y evaluación de calidad para planes o programas puntuales, sobre todo del sector social, como Santa Fe. Otras jurisdicciones están evaluando el desempeño de funcionarios políticos fijando objetivos de impacto y gestión.
La sociedad civil consolidó la Red Argentina de Evaluación (EvaluAR) que nuclea independientemente a más de 160 profesiones y expertos de siete provincias para mejorar sus artes y contribuir al debate global.
Pero ni la Nación ni las provincias tienen una mirada que integre la evaluación como función permanente de la gestión pública. La institucionalización de la evaluación está todavía pendiente en la agenda de calidad institucional y fortalecimiento de la democracia. La evaluación del impacto de las políticas, entendida como comprensión crítica y productiva del desempeño del Estado, permite articular resultados de gestión con racionalidad política y, por ende, voluntad popular.
En el plano político, 2015 abre una posibilidad. La campaña presidencial puede inaugurar una conversación acerca de cómo lograr mayores niveles de rendición de cuentas pensando en la evaluación como función crítica para producir datos sobre los planes de gobierno y el impacto de la política en la ciudadanía. En el plano técnico, es posible aumentar la cultura de evaluación y establecer estándares para el diseño de planes y programas.
(*) Natalia Aquilino es directora del Programa de Incidencia, Monitoreo y Evaluación de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)
