A fin de combatir esos delitos, el área específica de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAyFT) del Ministerio Público Fiscal, coordinada por Juan Agustín Argibay Molina, realizó durante 2015 un 29% más de investigaciones preliminares que en el año anterior.
Según un relevamiento de la Procuración General de la Nación, las colaboraciones prestadas por la LAyFT con la Justicia se incrementaron en 71% durante el último año, y se espera que el volumen de trabajo realizado continúe en el futuro.
El Ãrea de Lavado de Activos representa aproximadamente un tercio del trabajo de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), de la cual depende.
El resto se reparte entre las demás reparticiones del organismo: delitos tributarios y contrabando; delitos contra la Administración Pública; fraudes económicos y bancarios; mercados de capitales; y concursos y quiebras.
El narcotráfico como delito precedente, en particular, representa el 36% del universo total de casos tratados por el área de LAyFT, y un muestreo preliminar arrojó maniobras de lavado desarticuladas en el último trienio por más de 400 millones de dólares.
En orden de importancia en materia de lavado se ubican luego, con un 17%, los casos de defraudaciones tributarias; con un 14% los de trata de personas; y con 7% los casos de defraudaciones genéricas.
Frente a esa tendencia se profundizaron las investigaciones sobre lavado de activos relacionados con el narcotráfico, con importantes avances en los casos “Carbón Blanco”, en el que se declaró la semana pasada la competencia de la justicia federal para investigar el lavado de 1.600 millones de pesos.
Otros episodios resonantes, entre más de una decena, son los denominados “Arroz blanco”, en la que se trabaja en forma coordinada con la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad); y “Bogarin” (en el que se ordenó el decomiso del predio rural de 18 hectáreas ubicado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos).
El informe de la Procuración detalla que la cantidad de denuncias recibidas por el Area de Lavado de Activos se duplicó durante 2015: el 83% provino de reportes de operaciones sospechosas presentados por la UIF; el 10% de denuncia de particulares; 6% de denuncias de Juzgados; y 1% de la AFIP.
Según el informe oficial, durante los tres años de existencia de la Procelac el área de LAyFT exhibe un promedio de 83 casos de lavado de activos llevados a la justicia por año, cuando en el quinquenio 2008-12 se promediaron 50, de los cuales se archivaban 46 por año (hoy sólo se archiva el 4%).
Para afianzar su tarea, el Ãrea de Lavado de Activos propondrá este año dar a conocer el listado de todas las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) del Ministerio Público Fiscal.
Tales personas deben presentar declaraciones juradas sobre trámites de constitución de empresas locales o extranjeras; asociaciones civiles; contratos asociativos y de fideicomisos.
El proyecto, indican en la Procelac, constituye “una innovadora forma de continuar avanzando en términos de transparencia y gobierno abierto, de lo cual no se registran antecedentes en relación a otros Ministerios Públicos en el mundo”.
