Abogados y activistas conservadores temen que se produzca una oleada de cuestionamientos legales contra las iniciativas de diversidad de las empresas estadounidenses tras la sentencia del Tribunal Supremo contra la discriminación positiva en los programas de admisión a las universidades.
Quienes se oponen a la discriminación positiva vienen luchando desde hace años en los tribunales para terminar con su aplicación en las universidades. Ahora que han ganado esa batalla gracias a la mayoría de 6 a 3 en el tribunal supremo, los grupos empresariales temen que las empresas sean objeto de persecución en tribunales y de campañas de presión en redes sociales por sus programas de contratación orientados a la diversidad.
La decisión que acaba de tomar la Corte Suprema contra las universidades de Harvard y North Carolina – que entiende que considerar el factor raza en el proceso de admisión es inconstitucional – fue inmediatamente celebrado por los críticos que pintan los esfuerzos por lograr diversidad, equidad e inclusión como parte de una agenda del capitalismo “woke” que distrae a las empresas de su foco en lograr retornos para el accionista.
La ley norteamericana ya prohíbe el uso de cuotas raciales y el uso de la raza como factor en la evaluación de los candidatos a empleo, advirtió el Public Equity Group (PEG), una red de consultores que últimamente venía asesorando a las empresas sobre cómo responder a esta decisión que ya se anticipaba.
Sin embargo, añade el equipo jurídico de PEG, el razonamiento jurídico del Tribunal Supremo en los casos de las universidades podría aplicarse en otros casos destinados a poner fin a la capacidad de las empresas para utilizar la raza como factor en los programas de formación, liderazgo y tutoría diseñados para corregir la infrarrepresentación histórica.
