En general, hay un elevado nivel de dependencia económica de las jurisdicciones, como lo revela un informe de la Fundación Libertad y Progreso en base a estadísticas del Ministerio de Economía.
Teniendo esto en cuenta, los mayores niveles de independencia económica se observan en CABA, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires. Mientras que en el otro extremo se encuentran La Rioja y Santiago del Estero, jurisdicciones donde 91% y 84% de los ingresos totales corresponden a coparticipación de impuestos y transferencias nacionales.
La elevada dependencia de las provincias de las transferencias nacionales, sumado a la necesidad de un ajuste en las cuentas públicas a nivel federal, aumenta el riesgo de que el nuevo Consenso Fiscal se utilice para aumentar la presión tributaria provincial.
Un segundo factor a tener en cuenta es que desde 2018 que el resultado primario consolidado de las 24 jurisdicciones es positivo; lo que se contrasta con los déficits recurrentes que ha registrado la Administración Pública Nacional. En 2021 las provincias y CABA anotaron su mayor superávit primario en términos del PBI desde 2005 (+0,57%). En 2021 solo 4 de las 24 jurisdicciones anotaron un resultado primario negativo, dando cuenta de la transversalidad del resultado positivo provincial.
Aldo Abram, Director Ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso opinó que la flexibilización del consenso fiscal “va en la misma línea de los instrumentos que han aplicado ahora para lograr bajar el déficit primario, que es no ajustar el gasto público que le conviene a la política, sino ajustar a los jubilados; a quienes se les va a quitar los subsidios, lo cual está bien, pero lo que no está bien es que desde el gobierno no hagan su propio ajuste” y agregó que, “dado que para hacer ese ajuste uno de los instrumentos es bajarle las transferencias a las provincias, negociaron con ellas la flexibilización del consenso fiscal. De forma tal que lo que no reciban de las transferencias de la Nación, lo pueden compensar con impuestos propios. Nuevamente ajustan a la gente pero no ajustan la política”.
Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, explica que “el sector público nacional debe avanzar rápidamente hacia un menor déficit fiscal para reducir los niveles de inflación y de crecimiento de la deuda. Bajo este escenario, es probable que parte de la reducción de gastos sea vía menos transferencias a provincias, la mayoría de las cuales tienen resultados fiscales superavitarios”.
Marí agregó que “el Consenso Fiscal, que habilita a las jurisdicciones a subir impuestos, funciona entonces como una garantía. Si una provincia pierde transferencias nacionales, las podrá compensar subiendo impuestos. El problema es que esto aumentaría aún más la presión tributaria total sobre la economía, asfixiando aún más al sector privado y repercutiendo negativamente sobre la inversión y el crecimiento económico”.
Lautaro Moschet, Economista de la Fundación Libertad y Progreso sostuvo que “dado el contexto macroeconómico que está viviendo el país, sería un despropósito que las provincias presionen aún más de manera impositiva al sector privado. Por el contrario, en caso de que se concrete la disminución de las transferencias nacionales, deberán ganar eficiencia para poder financiarse mediante los ingresos propios. En otras palabras, el ajuste debe caer sobre el sector público, dado que el privado no puede soportar mayor presión”.
