El próximo Presidente asumirá con una situación delicada, no solo en términos económicos sino también financieros y sociales. Por caso, en 2020 habrá que pagar servicios de deuda en moneda extranjera con acreedores privados por US$ 21.000 millones, en un escenario donde las opciones de financiamiento escasean.
Además, el salario real acumulará dos años de caídas significativas y la pobreza se acercará al 40%. Por lo tanto, será tan importante honrar los pasivos como mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, recuerda el último informe de la consultora Ecolatina.
Sin embargo, reconciliar ambos objetivos será complejo, e incluso podría resultar contradictorio. Sin acceso a los mercados de crédito, será fundamental obtener un superávit comercial de bienes y servicios récord para evitar un default en el corto plazo: los dólares netos, y genuinos, que lleguen por esta vía saldrán en concepto de pagos a acreedores financieros, cancelando deuda pública en moneda dura.
Para que el ingreso de divisas comerciales se acerque a los US$ 21.000 millones será necesario tener un tipo de cambio real competitivo. Este “dólar caro” apuntalaría a las exportaciones, en especial aquellas vinculadas al sector industrial, a la par que desalentaría algunas importaciones, favoreciendo el intercambio entre nuestra economía y el resto del mundo, es decir, favoreciendo la acumulación de dólares comerciales.
Producto de la elevada inflación interna y la reciente depreciación de muchas monedas de la región (Brasil, Chile, Bolivia), la única forma de evitar un nuevo atraso cambiario es que, como mínimo, la depreciación nominal del tipo de cambio oficial acompañe al incremento de precios mes a mes. Dado que el dólar es uno de los principales determinantes de la inflación en nuestro país, esto eliminaría la posibilidad de desaceleración sensible de esa variable.
La recuperación del salario real no depende solo de las paritarias, donde se negocian los salarios nominales -de los trabajadores formales-, sino también de la inflación. Por lo tanto, la mejora del poder de compra y el pago de servicios de deuda entrarían en conflicto el año próximo: alcanzar y sostener un tipo de cambio competitivo y estable, en el corto plazo, permitiría conseguir los dólares necesarios para honrar los compromisos asumidos, pero entraría en contradicción con una mejora de los ingresos reales.
¿Callejón sin salida?
Sin embargo, este problema podría sortearse reabriendo los mercados y consiguiendo financiamiento externo. Una vuelta al crédito externo permitiría relajar las necesidades de superávit comercial y, de esa manera, compatibilizar una mejora del poder adquisitivo vía atraso del tipo de cambio real cumpliendo las obligaciones de deuda en moneda extranjera. Sin embargo, la única forma de volver a conseguir financiamiento es mostrando un sendero fiscal consistente con el repago de los compromisos asumidos.
En 2019, el déficit primario rozaría el 1% del PBI. Este sendero fiscal consistente exigiría, de mínima, un equilibrio de los gastos y los ingresos operativos. Por lo tanto, en este escenario, el ajuste debería endurecerse en 2020. Una vez más, en este punto reaparecen los conflictos: ¿de dónde saldrá el dinero para garantizar este resultado ¿Aumentarán impuestos? ¿Se recortarán gastos?
En este sentido, Alberto Fernández sostuvo recientemente que algunos sectores -minero, petrolero, agropecuario- tendrían que hacer mayores esfuerzos, dando la pauta de que podrían aumentar las retenciones a las exportaciones. En la misma línea, durante la campaña, afirmó que incrementaría la alícuota sobre los bienes personales, agravando el tributo a los patrimonios.
