La pandemia por COVID-19 amplió las limitaciones de acceso a métodos anticonceptivos en América Latina y abrió una brecha que podría retrasar hasta 30 años el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3.7, que proyectaba llegar a cero necesidades insatisfechas de planificación familiar hacia 2030. En el marco del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el 7 de abril, el tema volvió al centro de la agenda sanitaria por su impacto en la salud integral de las mujeres.
Durante la crisis sanitaria, el porcentaje de mujeres con limitaciones en el acceso a anticonceptivos creció del 11% al 17% en la región, de acuerdo con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). En términos absolutos, 39 millones de mujeres se vieron afectadas como consecuencia de la brecha en anticoncepción vinculada a la limitación de los servicios de salud durante la pandemia.
El retroceso se explicó por una combinación de factores: interrupción de servicios por saturación del sistema, desabasto de insumos y caída en los ingresos de los hogares. En ese contexto, entre 12 y 20 millones de mujeres dejaron de utilizar métodos anticonceptivos durante la crisis sanitaria, luego de un período previo de avances sostenidos en el uso de anticonceptivos modernos.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostuvo que el uso de métodos anticonceptivos modernos varía significativamente entre países y repercute con mayor fuerza en poblaciones vulnerables, como adolescentes, mujeres indígenas, afrodescendientes y aquellas que viven en situación de pobreza o en zonas rurales. En estos grupos, se registran tasas de fecundidad de tres a cinco veces superiores a los promedios nacionales, con consecuencias más adversas sobre la salud.
Entre los métodos anticonceptivos modernos se incluyen el implante subdérmico de una varilla, anticonceptivos orales, dispositivos intrauterinos (DIU), inyectables y métodos de barrera como el preservativo. La Dra. Catalina Calvo, especialista en Asuntos Científicos y Médicos para Organon Latinoamérica, afirmó: “El uso de anticonceptivos modernos ha sido clave para reducir la mortalidad materna, espaciar los embarazos y fortalecer la autonomía de las mujeres”.
Las diferencias también se reflejan en la cobertura efectiva de programas públicos. El Atlas de Políticas de Anticoncepción en América Latina y el Caribe mostró niveles por debajo del 30% en Haití y Santa Lucía, y por encima del 70% en Chile (76%), Argentina (80%) y México (93%). Aun con políticas públicas, alrededor de la mitad de las usuarias adquiere estos métodos de su propio bolsillo, lo que introduce una barrera económica.
Julio Conejero, director general de Organon Latinoamérica, sostuvo: “El acceso a servicios de salud esenciales está directamente relacionado con la posibilidad de acceder a anticonceptivos”. La OPS agregó que los métodos de larga duración, como el DIU y los implantes subdérmicos, tienen una adopción por debajo del 10% en la mayoría de los países. El anuncio deja como eje la necesidad de garantizar acceso equitativo a anticoncepción en la atención primaria.
