La compañía señaló estar dispuesta a iniciar trámites para la deportación de quienes hayan revelado a la prensa los riesgos involucrados en sus experimentos con personas. Afincada en Miami, la firma virtualmente confesaba que emplea inmigrantes ilegales, de suyo un delito federal y local.
Los denunciantes revelaron, además, que la empresa trató de hacerles firmar, vía presiones, declaraciones inexactas sobre su situación jurídica en Estados Unidos. Vale decir, SFBC incurrió también en falsificación de documentos públicos.
Según deposiciones ante fiscales federales, hechas por afectados que pidieron el anonimato, la compañía ubicó en cuartos separados a tres de ellos, junto con el CEO, Arnold Hantman, y otros ejecutivos. En términos racistas y soeces, el presidente de SFBC los amenazaba con denunciarlos ante el departamento de Seguridad interna y hacerlos echar del país, si no cooperaban.
Fundamentalmente, se les exigía suscribir una declaración desmintiendo informes difundidos por la agencia noticiosa Bloomberg. Este medio y, luego, otros habían sacado a la luz los manejos de la compañía y los riesgos de sus experimentos con ciertos compuestos, que van desde daños o lesiones internas hasta la muerte.
Temerosos de los perjuicios que puedan causarles las maniobras de la empresa, los tres denunciates están dispuestos a hablar ante un comité investigador del senado. “Sin duda, no puede tolerarse una coacción tan desvergonzada sobre personas que denuncian transgresiones legales y éticas. Sencillamente, es deleznable intentar tapar delitos con métodos mafiosos”, sostiene Arthur Caplan, director del centro de bioética, universidad de Pennsilvania.
Hantman, que se oculta de los medios y no acude ya a sus oficinas –se lo sospecha en su mansión de Bermudas-, ni siquiera es médico, sino apenas contador público. Antes de crear SFBC en 1984, trabajaba en una administradora de clínicas privadas. Entretanto, el escándalo ha hecho que docenas de científicos y funcionarios públicos subrayen que el negocio de experimentos farmoquímicos no protege como debiera a cobayos humanos. También quedó en evidencia que SFBC emplea una empresa propiedad de su esposa para verificar la seguridad de sus experimentos. La dama también se ha borrado.
Días atrás, Charles Grassley, jefe del comité senatorial de finanzas, pidió al gobierno federal explicar qué pensaba hacer para mejorar la supervisión sobre esta clase de negocios “casi sucios”. A su criterio. “el trato infringido a esos pacientes y sus familiares asusta por lo arbitrario”. A todo esto, sorprende el silencio de Jeb Bush, gobernador de Florida, hermano del presidente y frecuente compañero de Hantman en los campos de golf.
La compañía señaló estar dispuesta a iniciar trámites para la deportación de quienes hayan revelado a la prensa los riesgos involucrados en sus experimentos con personas. Afincada en Miami, la firma virtualmente confesaba que emplea inmigrantes ilegales, de suyo un delito federal y local.
Los denunciantes revelaron, además, que la empresa trató de hacerles firmar, vía presiones, declaraciones inexactas sobre su situación jurídica en Estados Unidos. Vale decir, SFBC incurrió también en falsificación de documentos públicos.
Según deposiciones ante fiscales federales, hechas por afectados que pidieron el anonimato, la compañía ubicó en cuartos separados a tres de ellos, junto con el CEO, Arnold Hantman, y otros ejecutivos. En términos racistas y soeces, el presidente de SFBC los amenazaba con denunciarlos ante el departamento de Seguridad interna y hacerlos echar del país, si no cooperaban.
Fundamentalmente, se les exigía suscribir una declaración desmintiendo informes difundidos por la agencia noticiosa Bloomberg. Este medio y, luego, otros habían sacado a la luz los manejos de la compañía y los riesgos de sus experimentos con ciertos compuestos, que van desde daños o lesiones internas hasta la muerte.
Temerosos de los perjuicios que puedan causarles las maniobras de la empresa, los tres denunciates están dispuestos a hablar ante un comité investigador del senado. “Sin duda, no puede tolerarse una coacción tan desvergonzada sobre personas que denuncian transgresiones legales y éticas. Sencillamente, es deleznable intentar tapar delitos con métodos mafiosos”, sostiene Arthur Caplan, director del centro de bioética, universidad de Pennsilvania.
Hantman, que se oculta de los medios y no acude ya a sus oficinas –se lo sospecha en su mansión de Bermudas-, ni siquiera es médico, sino apenas contador público. Antes de crear SFBC en 1984, trabajaba en una administradora de clínicas privadas. Entretanto, el escándalo ha hecho que docenas de científicos y funcionarios públicos subrayen que el negocio de experimentos farmoquímicos no protege como debiera a cobayos humanos. También quedó en evidencia que SFBC emplea una empresa propiedad de su esposa para verificar la seguridad de sus experimentos. La dama también se ha borrado.
Días atrás, Charles Grassley, jefe del comité senatorial de finanzas, pidió al gobierno federal explicar qué pensaba hacer para mejorar la supervisión sobre esta clase de negocios “casi sucios”. A su criterio. “el trato infringido a esos pacientes y sus familiares asusta por lo arbitrario”. A todo esto, sorprende el silencio de Jeb Bush, gobernador de Florida, hermano del presidente y frecuente compañero de Hantman en los campos de golf.
