Una distribución más igualitaria del ingreso forma parte de las aspiraciones de gran parte de nuestra sociedad. Para ser coherentes con la aspiración de lograr una mayor igualdad social, el camino no es presionar para no pagar el impuesto a las ganancias sino mejorar su aplicación, sostiene el Instituto de Desarrollo Social y Económico Argentino (Idesa) en su informe número 594.
De aquí que resulta pertinente analizar cuáles son los factores básicos que la determinan.
Por un lado, influye la distribución de los ingresos de mercado, es decir, los ingresos que las personas obtienen de su trabajo y de las rentas del capital. Por otro lado, opera el impacto que tiene la intervención del Estado, es decir, cómo el sector público redistribuye ingresos a través de los impuestos y la ejecución del gasto público.
Un estudio reciente de la CEPAL cuantifica el impacto que tiene la intervención del Estado sobre la distribución del ingreso.
Para ello se vale del coeficiente de Gini, indicador que adopta el valor 0 cuando hay igualdad absoluta y 1 cuando la desigualdad es absoluta.
El estudio mide el coeficiente de Gini considerando sólo los ingresos de mercado y luego compara en cuánto cambia este indicador cuando interviene el Estado.
En base a datos oficiales de las encuestas de hogares, la CEPAL estima que:
- En Argentina, el coeficiente de Gini de mercado es de 0,54 y luego de la intervención del Estado se reduce a 0,47.
- En la Unión Europea, el coeficiente de Gini de mercado es de 0,49 y luego de que interviene el Estado se reduce a 0,30.
- De esta forma, mientras en Argentina la intervención del Estado reduce en un 13% la desigualdad, en la Unión Europea lo hace en un 39%.
Estos datos muestran que entre la Argentina y la Unión Europea las diferencias en la distribución de los ingresos de mercado no son tan grandes.
La diferencia clave pasa por la intervención del Estado. Mientras en Argentina hace una contribución muy modesta a la mejora en la distribución del ingreso, en los países europeos el sector público juega un rol decisivo en el aumento de la igualdad.
Los cálculos de la CEPAL estiman que el Estado en la Unión Europea reduce 3 veces más la desigualdad que en la Argentina.
La comparación de Argentina con Europa es pertinente porque tanto la presión impositiva como el gasto público de los tres niveles de gobierno en la Argentina (Nación, provincias y municipios) superan el 40% del PBI. Es decir, dimensiones del sector público en la Argentina similares al de los países europeos. Por lo tanto, la enorme disparidad de impactos sobre la distribución del ingreso no la explica el tamaño del Estado sino la mejor organización del sector público.
En primer lugar, en Europa se aplica una estructura tributaria más progresiva que en la Argentina.
El impuesto a las ganancias sobre el ingreso de las personas, que es una potente herramienta de redistribución, recauda el 10% del PBI mientras que en Argentina apenas llega al 1,7% del PBI.
Por el contrario, en Argentina se recauda más impuesto inflacionario y cargas sociales los cuales impactan mucho sobre los salarios más bajos. En segundo lugar, hay una mejor calidad en la gestión del gasto público.
Prueba de ello es que prácticamente toda la población en Europa, sin distinción socioeconómica, se atiende en los mecanismos sociales de salud, manda sus hijos a escuelas públicas, está bien protegida por la policía y la justicia, y utiliza los medios públicos de transporte.
En Argentina, aun pagando impuestos a niveles europeos, el ciudadano medio tiene que contratar una prepaga, un colegio privado, una agencia de seguridad e ir a trabajar en auto particular.
El paro contra el impuesto a las ganancias desnudó hasta qué punto llega la hipocresía y la capacidad para eludir los temas importantes. Se declama estar en favor de un Estado fuerte y comprometido con los más pobres, pero se presiona y avalan acciones que lo debilitan al punto de subordinarlo a los intereses de los sectores más poderosos.
Una sociedad más integrada no se construye con menos impuesto a las ganancias sino bregando para que el sector público sea más profesional y menos sometido a presiones corporativas.
