Aumentan los problemas de Internet en Argentina
Aunque eclipsado por la operación Telefónica-BellSouth y el silencio mediático, el tema del momento es el caso NAP-Cabase. O sea, una Internet nacional a veces lenta y errática, cuya mejora podría elevar costos y precios.
Así se refiere la consultora Carrier y Asociados al problema de los puntos de acceso a la Red (PAR, en inglés “network access points”, NAP) de Telecom, Advance, Prima e Impsat. Es decir, los objetivos de un reciente comunicado de Cabase (Cámara Argentina de Bases de Datos, que no representa proveedores de hardware, sino de servicios en Internet, PSI).
El PAR interconecta todos los proveedores para intercambiar tráfico. Desde su aparición, en 1999, esta función es libre, quizá con la idea de promover el crecimiento de Internet en el país o con ulteriores objetivos comerciales. Pero “hoy la situación es distinta –señalan los analistas-, pues el mercado supera cinco millones de usuarios y 1.800.000 conexiones. El tráfico creció aún más, debido a la banda ancha y las aplicaciones P2P”.
Por lo mismo, surgieron competidores y, en el nuevo marco, las telcos se declaran “perjudicadas por el intercambio gratuito vía PAR. Ergo, plantean una interconexión nacional rentada, como ocurre con la internacional”. Algunos sospechan un intento de los PSI grandes para aplastar a los chicos.
En realidad, sostiene la consultora, “quienes están en la mira son empresas como iPlan, Fibertel y otras. Según una telefónica, sólo las dos primeras representan 46% del tráfico desde Cabase hacia su red, mientras que los pequeños, juntos, constituyen apenas 9% del tráfico”. Así, las telefónicas afirman que los PSI medianos y grandes aprovechan la conexión nacional gratuita para ofrecer tarifas más bajas. A esto se suman algunos vendedores de conectividad internacional que ofrecen, en sus paquetes, conexión nacional gratis por estar en el PAR.
La cámara o sus miembros no pueden hacer, legalmente, gran cosa para afrontar este cambio de condiciones, ya que resulta de un acuerdo libre entre socios, no un contrato que pueda ser llevado a la justicia. Por tanto, el comunicado admite el problema y promete trabajar en una nueva política de intercambio de tráfico.
Mientras tanto, “la entidad sugiere mantener capacidad suficiente como para no afectar el servicio. Eso implica una estocada final al PAR libre. Una posibilidad –señalan los consultores- es asociarse para comprar conectividad nacional en volumen, tal como se hiciera en el plano internacional”.
En definitiva, es un conflicto comercial entre privados, pero las consecuencias alcanzan en distinto grado a más de cinco millones de usuarios. En este aspecto, “es llamativo el silencio oficial. Ni la secretaría de Comunicaciones, ni la CNC ni Defensa de la Competencia dijeron esta boca es mía. Tal vez porque se trata de materia no regulada. Pero el Estado no debiera ser tan prescindente”.
Lo cierto es que, en breve, “todo prestador se servicios por Internet terminará pagando por la conectividad nacional. Quizá no tanto como se habla (US$ 350 el megabyte), pero pagando al fin.
El futuro costo adicional presionará sobre el precio de los servicios que mayor capacidad demandan, principalmente “hosting” y accesos de banda ancha. El informe no descarta un modelo de abono fijo más excedentes (estilo telefonía móvil, aunque no por tiempo sino por tráfico)”. Además, todo cambio de precios para banda ancha también tendrá repercusión en los accesos públicos.
El asunto no termina ahí, pues la presión será creciente en banda ancha, por la popularización de aplicaciones P2P tipo Kazaa. Según las telcos, el segmento representa 50% del tráfico diurno y hasta un 80% del nocturno.
Así se refiere la consultora Carrier y Asociados al problema de los puntos de acceso a la Red (PAR, en inglés “network access points”, NAP) de Telecom, Advance, Prima e Impsat. Es decir, los objetivos de un reciente comunicado de Cabase (Cámara Argentina de Bases de Datos, que no representa proveedores de hardware, sino de servicios en Internet, PSI).
El PAR interconecta todos los proveedores para intercambiar tráfico. Desde su aparición, en 1999, esta función es libre, quizá con la idea de promover el crecimiento de Internet en el país o con ulteriores objetivos comerciales. Pero “hoy la situación es distinta –señalan los analistas-, pues el mercado supera cinco millones de usuarios y 1.800.000 conexiones. El tráfico creció aún más, debido a la banda ancha y las aplicaciones P2P”.
Por lo mismo, surgieron competidores y, en el nuevo marco, las telcos se declaran “perjudicadas por el intercambio gratuito vía PAR. Ergo, plantean una interconexión nacional rentada, como ocurre con la internacional”. Algunos sospechan un intento de los PSI grandes para aplastar a los chicos.
En realidad, sostiene la consultora, “quienes están en la mira son empresas como iPlan, Fibertel y otras. Según una telefónica, sólo las dos primeras representan 46% del tráfico desde Cabase hacia su red, mientras que los pequeños, juntos, constituyen apenas 9% del tráfico”. Así, las telefónicas afirman que los PSI medianos y grandes aprovechan la conexión nacional gratuita para ofrecer tarifas más bajas. A esto se suman algunos vendedores de conectividad internacional que ofrecen, en sus paquetes, conexión nacional gratis por estar en el PAR.
La cámara o sus miembros no pueden hacer, legalmente, gran cosa para afrontar este cambio de condiciones, ya que resulta de un acuerdo libre entre socios, no un contrato que pueda ser llevado a la justicia. Por tanto, el comunicado admite el problema y promete trabajar en una nueva política de intercambio de tráfico.
Mientras tanto, “la entidad sugiere mantener capacidad suficiente como para no afectar el servicio. Eso implica una estocada final al PAR libre. Una posibilidad –señalan los consultores- es asociarse para comprar conectividad nacional en volumen, tal como se hiciera en el plano internacional”.
En definitiva, es un conflicto comercial entre privados, pero las consecuencias alcanzan en distinto grado a más de cinco millones de usuarios. En este aspecto, “es llamativo el silencio oficial. Ni la secretaría de Comunicaciones, ni la CNC ni Defensa de la Competencia dijeron esta boca es mía. Tal vez porque se trata de materia no regulada. Pero el Estado no debiera ser tan prescindente”.
Lo cierto es que, en breve, “todo prestador se servicios por Internet terminará pagando por la conectividad nacional. Quizá no tanto como se habla (US$ 350 el megabyte), pero pagando al fin.
El futuro costo adicional presionará sobre el precio de los servicios que mayor capacidad demandan, principalmente “hosting” y accesos de banda ancha. El informe no descarta un modelo de abono fijo más excedentes (estilo telefonía móvil, aunque no por tiempo sino por tráfico)”. Además, todo cambio de precios para banda ancha también tendrá repercusión en los accesos públicos.
El asunto no termina ahí, pues la presión será creciente en banda ancha, por la popularización de aplicaciones P2P tipo Kazaa. Según las telcos, el segmento representa 50% del tráfico diurno y hasta un 80% del nocturno.
