Transporte, tecnología y un problema de diseño del Estado

Lo que pasó en la Secretaría de Transporte no es un escándalo más ni una anécdota de gestión. Es una radiografía bastante precisa de cómo funcionan muchos sistemas críticos del Estado cuando la tecnología se incorpora sin una mirada institucional de fondo. Hubo renuncias, internas y pases de factura, sí. Pero el verdadero problema estuvo en otro lado: en sistemas que administran miles de millones de pesos sin controles suficientes, sin trazabilidad real y sin capacidad de explicar cómo y por qué se toman ciertas decisiones.

Desde lo técnico, el esquema es conocido: datos de SUBE, kilómetros recorridos, pasajeros transportados y un algoritmo que liquida subsidios en función de eso. El sistema asume que el dato es verdadero. Y ahí está el punto ciego. Si alguien manipula o infla esos registros, el software no lo cuestiona, no lo cruza, no prende ninguna alarma. No porque “la tecnología falle”, sino porque fue diseñada sin desconfianza, sin auditoría y sin ética incorporada al modelo.

Ese diseño permitió -según la denuncia- que se cobraran subsidios por servicios no prestados, generando un desfalco estimado en decenas de miles de millones de pesos. Plata pública. Plata que sale del mismo fondo que debería garantizar transporte, mantenimiento, salarios e inversión. Cuando el sistema no controla, no solo se pierde dinero: se rompe el equilibrio del esquema completo y se castiga a quienes sí cumplen.

Por eso insisto tanto con esto: la tecnología no es neutral. Un sistema mal diseñado no es solo ineficiente, es peligroso. Automatizar sin controles no elimina los problemas estructurales del Estado; los escala. Los vuelve más rápidos, más difíciles de detectar y más opacos. El algoritmo no es el villano, pero tampoco es inocente: refleja exactamente los valores -o la ausencia de ellos- con los que fue pensado.

El aprendizaje es incómodo pero necesario. No alcanza con digitalizar, modernizar o “meter software”. Cuando la tecnología administra subsidios, compras o políticas públicas, se convierte en infraestructura institucional. Y esa infraestructura tiene que ser ética por diseño: auditable, explicable, trazable. Si no, no fortalece al Estado ni a la democracia. Hace exactamente lo contrario, aunque funcione perfecto desde lo técnico.