Afip
Sabuesos importados
Cuando llegó a la Afip, Carlos Silvani se encontró con que cinco empresas se encargaban de realizar los controles de preembarque de las importaciones. Cuatro años atrás, por un decreto de Carlos Menem, se llamó a una licitación internacional para que firmas especializadas se ocuparan de rastrear en el exterior el precio de los productos que se importan y evitar, así, la maniobra de subfacturación.
La licitación fue ganada en 1997 por cinco empresas y se celebró un contrato en el que no se especifica la fecha de finalización. Se dice que las firmas “cumplirán su trabajo durante un período de transición”.
El Estado acordó un pago de US$ 50 millones anuales al conjunto de esas firmas. Pero Silvani sostuvo desde el principio que ésa era una función que podían realizar los agentes aduaneros y nunca abonó lo pactado.
Lo cierto es que el Estado debe unos US$ 70 millones a esas firmas, entre las que se destaca la suiza SGS, con 34%. Le siguen ITS, Inspectorate, Socotec y Surveyseed. Sus ejecutivos comenzaron a negociar la deuda con el sucesor de Silvani, Héctor Rodríguez: le dijeron que, gracias al control de preembarque, en los puertos donde se envía la mercadería hacia la Argentina lograron evitar maniobras de subfacturación por unos US$ 600 millones anuales.
Eurnekian
New York, New York
En plena pelea con el Exxel Group por el negocio de los aeropuertos, Eduardo Eurnekian decidió tomarse un respiro. Como aficionado a la náutica partió con su yate desde Miami y navegó hasta el puerto de Nueva York donde pasó el fin de semana del 10 al 11 de junio.
En su piso de la Quinta Avenida, Eurnekian recibió a su socio, el constructor Amadeo Riva, dueño de 1% en Aeropuertos Argentina 2000 y con participación en casi todas las obras que se construyen en las pistas y en las estaciones aéreas. Juntos discutieron la estrategia a seguir para la batalla que en el plano legal conduce para ellos el abogado Mariano Cúneo Libarona.
Exxel Group
El regreso del hijo pródigo
En medio de la pelea con Eurnekian, el Exxel recibió, como si fuera un hijo pródigo, a Sergio Quatrini, el abogado que en julio del año pasado había desertado del fondo de inversión. Quatrini, un ex Baker & McKenzie, trabajaba para el Exxel desde 1996. Pero sus diferencias con Juan Navarro, el presidente del grupo, se habrían hecho insostenibles y, a mediados de 1999, el abogado decidió retirarse del grupo.
Ahora lo llamaron para que tome a su cargo la parte legal de una disputa que deberán dirimir los jueces.
Makro
Todo para vender
La Unión Europea, que ha comenzado a crecer y a bajar sus índices de desocupación, está contemplando con recelo a los mercados latinoamericanos.
Como botón de muestra, vale la pena mencionar que terminaron de manera abrupta las negociaciones para que la cadena alemana de hipermercados de venta mayorista, Metro, comprara las localizaciones con el mismo tipo de formato que la holandesa Makro tiene en esta región.
Makro posee en América latina unos 420.000 metros cuadrados de tiendas y emplea a 6.000 personas. En la Argentina suma 11 locales, otros 29 en Brasil, cinco en Colombia y nueve en Venezuela.
Sus accionistas, con base en Amsterdam, decidieron venderlo a principios de 1999, cuando Brasil devaluó el real.
Programas agropecuarios
Curiosos vacíos
El año pasado, cuando Roque Fernández todavía estaba al frente del palacio de Hacienda, una mano traviesa borró del presupuesto nacional tres programas destinados a minifundistas y pequeños productores agropecuarios.
Se trata de Minifundios, Cambio Rural y el Programa Social Agropecuario, que insumían en total unos US$ 12 millones al año.
Cuando el gobierno de la Alianza dejó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en manos de Guillermo Moore de la Serna, le encomendó reforzar esos programas. Pero este ingeniero, primo hermano del Che Guevara y que llega al cargo por dos vías (recomendado por su amigo Nicolás Gallo y por el Frepaso), descubrió no sólo que esos programas ya no figuraban en el presupuesto. También se encontró con un recorte adicional de US$ 23 millones a los fondos del Inta, que ahora suman US$ 107 millones al año y que se destinan casi en su totalidad (98%) a pagar sueldos.
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