El paquete de ajuste fiscal vigente desde fines de mayo podría generar tendencias contrapuestas cuyo saldo final no resulta fácilmente predecible.
Por una parte, es probable que se registre algún grado de desaliento de la actividad, debido a la caída del ingreso disponible de las familias y de las empresas afectadas e, indirectamente, como consecuencia de un deterioro de las expectativas que influyen sobre las decisiones de consumo y de inversión.
Al mismo tiempo, y en el contexto de las nuevas normas que regulan el mercado de trabajo, no debería sorprender que se produzca, por contagio, alguna reducción de los salarios en el sector privado.
Pero también puede esperarse una mejora de los resultados fiscales, lo que, a su vez, tendría un efecto positivo en las expectativas y decisiones de los inversores y acreedores, locales y externos.
El fiel de la balanza
Para que la combinación de ambas tendencias resulte favorable en términos del nivel de actividad y empleo, será determinante el comportamiento del déficit fiscal, lo que, tras el reciente ajuste en los gastos públicos, dependerá casi exclusivamente de la recaudación impositiva. Por lo tanto, el programa podría llegar a enfrentar serias dificultades si el nivel de actividad no reacciona rápidamente.
Las estimaciones preliminares sobre el nivel del PBI del primer trimestre de este año indican que se habría producido una recuperación de 1,4% con respecto al mismo lapso del año anterior. Pero la comparación en términos desestacionalizados muestra un virtual estancamiento del PBI en relación con el nivel que se había alcanzado en los últimos tres meses de 1999.
Las exportaciones constituyen la variable de la demanda global que muestra un desempeño más dinámico; pero no hay que olvidar que la mayor parte de su crecimiento se origina en unos pocos productos con escaso valor agregado, en algunos de los cuales el efecto precio es determinante. En cambio, por el lado de la inversión, los indicadores disponibles confirman no sólo la virtual parálisis de las decisiones sino una significativa caída frente a los niveles registrados el año anterior.
En cuanto a los indicadores de consumo, si se los compara con el mismo lapso del año anterior, se observa una recuperación más acentuada que cuando se establece la relación con los períodos inmediatos anteriores.
Muchos analistas sostienen que, en cualquier caso, estos valores no permiten afirmar que se esté produciendo una recuperación significativa en los niveles de consumo. Menos aun cuando un segmento importante de los asalariados del sector público verá reducido su ingreso disponible y puede anticiparse un efecto semejante en algunos sectores de la actividad privada.
Un horizonte demasiado lejano
Desde esta perspectiva, será muy difícil alcanzar la meta de crecimiento del PBI que sirve de base a las proyecciones acordadas con el FMI. El gobierno sigue esperando, sin embargo, que durante este año el PBI crezca, en valores corrientes, 4,3%. En cambio, los analistas privados tienden a estimar un incremento de 3% a 3,5%.
Esta discrepancia resulta más significativa cuando se considera que los resultados fiscales dependen fuertemente de la evolución del PBI. En los cinco primeros meses de este año, la recaudación impositiva (excluidos los tributos de la seguridad social) creció algo menos de 3%. El acuerdo con el FMI prevé un aumento de la recaudación superior a 12% durante todo el año, de modo que, para cumplir con esa meta, es necesario que en los meses restantes los ingresos del fisco aumenten casi 20%. Se trata, a la luz de los indicadores disponibles, de una perspectiva difícil de sostener.
En estas condiciones, la recaudación será inferior a la prevista en el acuerdo con el FMI. Por lo tanto, resultará muy difícil cumplir con la meta de déficit y con la ley de solvencia fiscal.
Si el PBI creciera 3,5% durante este año, la recaudación de la DGI y la Aduana podría ser inferior en unos $ 1.600 millones a la proyectada (y la brecha llegaría a US$ 1.800 millones si se incluye en los cálculos al Sistema de Seguridad Social). En este marco, el reciente ajuste sería insuficiente para cumplir con la meta de déficit. Lo cual impondría una alternativa de hierro: un nuevo recorte en los gastos (con imprevisibles consecuencias políticas, económicas y sociales), o una renegociación de las metas con el FMI.
Barajar y dar de nuevo
Expresado de otro modo, si el nivel de actividad no reacciona de manera rápida y significativa, el déficit fiscal podría ubicarse, al finalizar el año, en torno a los $ 6.000 millones.
Para evitar que esto conduzca a un deterioro de las expectativas, muchos analistas consideran que sería apropiado proponer la revisión del convenio con el FMI y acordar en el Parlamento una excepción a la ley de solvencia fiscal.
Quienes promueven esta alternativa consideran que existen varios factores que podrían impulsar una actitud favorable por parte del FMI y de los inversores locales y externos:
- El gobierno ha dado sobradas muestras de tratar de encarrilar la situación
fiscal. Con el último paquete se lograría una reducción
del gasto primario (excluidos los pagos de intereses de la deuda pública)
de US$ 1.500 millones. - El mayor quebranto en las cuentas públicas se origina en la dificultad
para cumplir con las metas de crecimiento del PBI. - No puede dejar de considerarse que el contexto económico y financiero
internacional no ha jugado de manera favorable para la evolución económica
de la Argentina. Y nada asegura que lo haga en el futuro inmediato.
La decisión de intentar cumplir a rajatabla con el nivel de déficit comprometido cuando el PBI no crece lo suficiente para impulsar la recaudación puede conducir, a través de un nuevo e inevitable recorte de gastos, a una agudización de los conflictos políticos y sociales.
Se trata, por cierto, de una perspectiva inquietante; en particular, luego de la extensión y contundencia del paro de actividades del 9 de junio, y de la multiplicación de hechos de violencia que, aunque aislados, alcanzaron notable gravedad.
Las voces críticas que comienzan a hacerse escuchar dentro de la Alianzan advierten que, en un contexto de crisis y de penuria social y fiscal, deberían considerarse todas las restricciones existentes, evaluar el significado y la importancia de cada una de ellas, y mantener abiertos los canales que permiten la búsqueda de los consensos.