Patentes
Varias manos en el plato
A los laboratorios farmacéuticos extranjeros les preocupa la posibilidad de que los legisladores argentinos decidan prolongar, por cinco años más, el llamado período de transición del régimen de patentes, que vence a fines de octubre. Temen, en especial, que se intente sancionar una ley que establezca la obligatoriedad de producir localmente, en condiciones económicas, los medicamentos patentados.
Tanto el Poder Ejecutivo como el bloque mayoritario en el Parlamento enviaron claras señales destinadas a eliminar la primera de las preocupaciones: aunque hay alguna controversia sobre la posibilidad legal de ampliar el plazo de transición, no existe la voluntad política de hacerlo.
Es cierto, en cambio, que en el ámbito del Congreso se manejan proyectos vinculados con la otra alternativa. Dentro del gobierno hay divergencia de opiniones. Ni el equipo económico ni la Cancillería ven con buenos ojos esas modificaciones a la normativa vigente.
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Armada
La batalla de la imagen
La Marina decidió seguir el ejemplo del general Martín Balza, cuando contrató, a principios de 1990, a un equipo de expertos en relaciones públicas para mejorar la imagen del Ejército. El flamante jefe de la Armada, Joaquín Stella, acaba de convocar para la difícil tarea a Pedro López, el ex vocero de Martín Redrado. Stella y López se conocen desde la presidencia de Raúl Alfonsín. Stella se desempeñaba como edecán del primer mandatario y López era en aquellos tiempos el vocero del vicepresidente Víctor Martínez.
Paladini
El Exxel quiere carne
Entre los frigoríficos en venta se encuentra Paladini, de la familia homónima de Rosario y con una posición de liderazgo en fiambres. Por lo que trascendió, el Exxel Group lo tiene en la mira. Hace casi un año que el fondo de inversión dirigido por Juan Navarro está detrás de una planta frigorífica. Su última frustración fue Swift, que quedó finalmente en manos del argentino Carlos Oliva Funes y los fondos de inversión J. P. Morgan y Greenwich.
Ciccone
Intriga en el Golfo
Acusaciones y juicios cruzados tienen en vilo a Ciccone Calcográfica. Un miembro de la familia real del estado de Bahrein, en el Golfo Pérsico habría encargado a la firma argentina la impresión de 7 millones de dinares en billetes de 20, que sumarían el equivalente a US$ 350 millones. El gobierno de Bahrein contrató al estudio Baker & Mckenzie para iniciar una demanda a Ciccone en la que se acusa a la firma de haber participado de una supuesta falsificación de esa gigantesca suma de billetes. La familia real asegura que jamás contrató a la empresa de los hermanos Nicolás, Héctor y Oscar Ciccone.
Los argentinos, a quienes defiende el estudio Beccar Varela, contraatacaron con un juicio que iniciaron en el juzgado Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro. Sostienen que, si bien el contrato se firmó en Sudáfrica con un miembro de la familia Al-Khalifa, luego hubo enviados del gobierno de Bahrein a Buenos Aires para comprobar si la imprenta de los Ciccone reunía las condiciones adecuadas, tal como se estila en estos casos. Y aseguran contar con una investigación de Interpol que, a pedido de la justicia, rastreó los llamados de los enviados de Bahrein desde el hotel Hyatt de Buenos Aires. Allí se demostraría que hubo llamados a los teléfonos móviles de Shaik Ali Abdulla Hamad Al-Khalifa, descendiente de la familia gobernante de Bahrein. Lo cierto es que el caso está lejos de solucionarse y muy cerca de convertirse en otro problema internacional para la cancillería argentina.
El otro De la Rúa
La zanja cordobesa
En la Casa Rosada se habla de la zanja cordobesa. Y a Jorge de la Rúa no le disgusta la ocurrencia, salvo por la comparación con Adolfo Alsina, el abogado, político y militar que fuera gobernador bonaerense, ministro de Guerra del presidente Nicolás Avellaneda, y famoso por la zanja de Alsina, su propuesta para aislar a Buenos Aires de los indios.
Lo cierto es que Jorge de la Rúa se ocupa, entre otras cosas, de decidir quién llega hasta el despacho y los oídos de su hermano Fernando.
Por expreso pedido del Presidente, comenzó a negociar ahora una de las reformas fundamentales en danza: la de la ley de coparticipación federal, un proyecto que duerme en los cajones desde hace tres años y requiere un enorme consenso político. El desafío es que esté aprobada en el 2001.