Las elecciones porteñas del 7 de mayo representaron una prueba de fuego para los miembros del equipo económico. Nadie ignoraba que si los resultados terminaban siendo adversos para la Alianza (es decir, si la coalición oficial no conseguía una ventaja contundente, de por lo menos diez puntos, sobre la fórmula Cavallo-Beliz), el ministro José Luis Machinea se convertiría en candidato propicio para el papel de chivo expiatorio.
La performance de la Alianza en las urnas introdujo, así, una dosis de oxígeno en el Palacio de Hacienda. Pero el alivio devino, en el caso de algunos funcionarios, en un brote de entusiasmo que los llevó a argumentar que las medidas adoptadas hasta entonces no sólo no habían mellado el apoyo ciudadano al gobierno de De la Rúa sino que, además, se había obtenido un aval a la gestión económica.
Hubo, sin embargo, analistas en el entorno de la coalición gubernamental que advirtieron sobre los peligros de este razonamiento: en una situación atravesada por fuertes desequilibrios económicos y sociales, podría resultar catastrófico sobreestimar la capacidad de comprensión y tolerancia de los sectores más afectados.
Los hechos no tardarían en darles la razón. Pero aún antes de que las protestas estallaran en el interior del país, las encuestas de opinión exhibían una caída en los índices de popularidad de los ocupantes del Palacio de Hacienda y muestras de rechazo a la reforma impositiva.
Los de afuera
La evolución de la prima de riesgo país revela que también tendió a debilitarse, en este último período, la confianza de los inversores externos. Medida a través del spread de un par bond argentino y un título similar del Tesoro de Estados Unidos a 30 años, desde fines de abril y hasta el 10 de mayo, la prima de riesgo aumentó en casi 100 basic points, hasta alcanzar los 800 puntos; una cifra superior a la registrada a fines del año anterior. El mismo indicador tomado sobre un bono a cinco años muestra un incremento aún mayor: entre las mismas fechas el salto se ubicó en 171 basic points.
A esto se sumó otro signo preocupante: los activos de reserva internacional, estimados según la metodología del enfoque de balance de pagos, mostraron una reducción con respecto a los valores alcanzados a fines del año anterior. Lo que significa que el ingreso de capitales ha sido inferior al déficit de la cuenta corriente y que, por añadidura, es poco lo que se puede esperar en materia de mejora en el nivel de actividad.
En este deterioro de los indicadores de confianza de los inversores externos parecieron haber influido dos factores: por un lado, la demorada salida de la recesión que agobia a la economía desde mediados de 1998 y, por el otro, la lenta respuesta de la recaudación impositiva, que impide lograr un inmediato recorte del déficit fiscal.
Es cierto que las exportaciones presentan un sesgo expansivo (aunque decreciente, puesto que en marzo aumentaron 7% con respecto a igual mes de 1999, mientras que en enero y febrero el índice de incremento había llegado a 14% y 15%), pero los otros componentes de la demanda privada (el consumo y la inversión) no muestran signos de avanzar por el sendero de una rápida aceleración.
Los de adentro
Por primera vez en lo que va del año, el saldo de los depósitos totales mostró, a fines de abril, una retracción con respecto al mes anterior. La caída se debió a la disminución de los depósitos en pesos, que no alcanzó a ser compensada por el aumento de las colocaciones en dólares.
Este dato se suma al opaco desempeño del crédito al sector privado no financiero. A pesar de las intensas campañas de promoción de los bancos y de la insistente recomendación oficial para que el público asuma el riesgo de endeudarse, tanto los préstamos hipotecarios, como los prendarios y personales, y los que se otorgan a partir de adelantos en cuenta corriente y a través de documentos a sola firma, cayeron durante abril.
Todo indica, entonces, que los agentes económicos han optado por postergar sus decisiones en materia de gasto de consumo e inversión.
Otra vuelta de tuerca
Aunque, en el terreno de los resultados fiscales, el déficit del primer trimestre fue inferior a la meta acordada con el FMI, el quebranto siguió siendo elevado y los ingresos corrientes no mostraron el dinamismo requerido. Por otra parte, el nivel de gasto primario continuó manteniéndose alto, según los parámetros acordados con el FMI.
Todo esto induce a muchos analistas a pronosticar que, en estas condiciones, resultará muy difícil cumplir con los compromisos fiscales del segundo trimestre, a menos que los ingresos aumenten de manera significativa. De otro modo, para estar en línea con el FMI, se requeriría alguna medida especial en materia de recursos tributarios y, al mismo tiempo, un nuevo recorte en los gastos públicos.
El magro aumento de la recaudación durante abril y el fuerte déficit del Tesoro Nacional en el mismo período contribuyeron a fortalecer la convicción de que era necesaria una nueva vuelta de tuerca en materia fiscal.
Es probable que también haya influido en la decisión el pronosticado deterioro de la economía internacional; en particular, por el aumento de las tasas de interés externas.
El impacto negativo para la economía argentina se verá no sólo por el lado del mayor costo del financiamiento y la posible retracción de los flujos de capital, sino que repercutirá también en la expansión de los gastos públicos totales. Hay que tener en cuenta que durante los tres primeros meses del año el aumento de los gastos públicos, con respecto al mismo lapso de 1999, se originó en los mayores pagos de intereses y en el cumplimiento de la garantía de transferencia de recursos acordada con las provincias en los inicios de la actual administración.
Estallido anunciado
En medio de este complicado cuadro, estalló el conflicto en Salta. Se trató, en muchos sentidos, de una crisis anunciada. Nadie ignoraba, en todos los ámbitos gubernamentales, que la situación económica y social de varias provincias era preocupante y que podrían comenzar a registrarse brotes de protesta en el interior.
Los indicadores de desempleo de octubre señalaban que en Catamarca, Salta, Jujuy, Rosario, Concordia y la zona tucumana de Tafí Viejo, la tasa de desocupación no sólo era más elevada que la media nacional (13,8%) sino que, en algunos casos, superaba el índice de 17% de la fuerza de trabajo.
En el aglomerado del Gran Buenos Aires, la tasa de desempleo se mantenía en torno al promedio nacional, pero en el caso de los partidos del conurbano bonaerense el índice se situaba por encima de 16% en octubre.
El porcentaje de la población cuyos ingresos resultaban insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas era de 32,5% en el primer cordón y 40,2% en el segundo cordón del Gran Buenos Aires.
En cuanto a la población que se encontraba entonces por debajo de la línea de indigencia (sin ingresos suficientes para adquirir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas), los valores habían alcanzado a 8,4% en el primer cordón, y a 10,8% en el segundo.
Aunque no se cuenta con datos sobre la situación en otras zonas del país, no parece aventurado suponer que en las localidades donde la tasa de desempleo es similar o superior a la del aglomerado del Gran Buenos Aires, la población que se encuentra por debajo de las líneas de pobreza y de indigencia debe alcanzar valores semejantes o aun más elevados.
Llover sobre mojado
En estas condiciones, y en el marco de un estallido de violencia social como el que se registró en la localidad salteña de General Mosconi, al que siguieron, pocos días después, otros episodios, la intervención del gobierno federal no logró disipar la sensación de que las autoridades se estaban moviendo por detrás de los acontecimientos.
Así las cosas, resultó por lo menos sorprendente que el equipo económico avanzara en un nuevo proyecto de recorte de los gastos públicos y en un intento por acrecentar a corto plazo los ingresos fiscales.
Hubo quienes interpretaron este nuevo movimiento como la confirmación de que el gobierno está a dispuesto a apostar, sobre todo, al juego de la confianza; esto es, adoptar todas aquellas medidas que, se supone, están demandando el mercado o los inversores. La idea central es asegurar que se hará todo lo que se tenga que hacer para cumplir con las metas que se acordaron con el FMI en materia fiscal. Ello significa que los otros ingredientes de la política encarada por las autoridades (la búsqueda del consenso, de los acuerdos parlamentarios y los avances en la transparencia) quedan subordinados a la incesante necesidad de fortalecer la confianza de los mercados y los inversores.
Claro que, luego del anuncio de algunas medidas tributarias que afectarían específicamente a las empresas, la protesta del sector privado no tardó en hacerse oír. Ello condujo a que Machinea tomara la decisión de revisar la conveniencia de gravar las colocaciones a plazo fijo de las empresas.
Trampa 22
Comienza a asomar, por otra parte, un factor que ha recibido, hasta ahora, escasa atención por parte de los analistas: la prima de riesgo país puede aumentar considerablemente si, además de no poder cumplir con las metas fiscales, la Argentina registra una escalada de los conflictos sociales y regionales.
Las potenciales consecuencias de esta situación son mucho más graves que las que podrían surgir del intento de gravar los plazos fijos, adelantar el pago de tres anticipos impositivos, o reimplantar un tributo que, tradicionalmente, fue parte de la estructura impositiva del país.
Enfrentado a las evidencias de que los esfuerzos por bajar el riesgo-país tendrían que incluir, paradójica e inevitablemente, una mayor dosis de gasto público para contener la marea de la protesta en las provincias, el equipo económico hizo llegar a algunos medios de prensa el borrador de un plan de ayuda a la población indigente.
El notoriamente exiguo monto del subsidio previsto ($ 40 mensuales por familia) y la advertencia de que los fondos para el programa (US$ 380 millones anuales) serían extraídos de otras partidas del presupuesto social no contribuyeron, por cierto, a aventar los temores ni a mejorar el humor de la atribulada ala política del gobierno, para la que el triunfo porteño se convirtió en una fiesta con final prematuro e inciertas perspectivas.
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