El ajuste fiscal ocupó el centro de la escena en la primera fase del actual programa económico. Ya sea porque la magnitud del quebranto en las cuentas públicas excedió todas las estimaciones previas, o porque se optó por extremar las medidas para ganar la confianza de los inversores, o porque resultaba necesario mostrar que el nuevo gobierno era capaz de imponer su autoridad, a pesar de la fuerte presencia institucional y política de la oposición, o por la suma de todas esas circunstancias. Lo cierto es que, según la opinión de muchos observadores, el ajuste, aunque inevitable, parece haberse excedido en intensidad.
El principal argumento de quienes sostienen esto es que, si el resultado fundamental que se esperaba era una apreciable caída en la prima de riesgo y en las tasas de interés, los logros no parecen guardar proporción con la magnitud del sacrificio, y los efectos adversos quizá tengan más gravitación que los beneficios.
La evolución de la prima de riesgo país, medida a través del spread entre el Bono Global 2027 y un bono del Tesoro estadounidense a 30 años, muestra una disminución de aproximadamente 380 basic points entre diciembre de 1999 y fines de marzo. Un valor semejante se observa si se hace la comparación con un bono Brady Par.
Pero esto no alcanza para compensar, por ejemplo, el aumento de la tasa Libor a 180 días en el mismo período (470 basic points) y, mucho menos aún, si se considera el incremento de la tasa interbancaria londinense en el plazo de 360 días: 710 basic points.
En otras palabras, mejoró el acceso al crédito externo, pero el costo no varió significativamente.
Por otra parte, si se considera la evolución de la prima de riesgo de México y Brasil en el mismo lapso y para títulos de la deuda similares, se advierte que, en términos generales, el mercado internacional de capitales tuvo la misma actitud favorable con los mayores países latinoamericanos en materia de financiamiento externo. De modo que no es posible afirmar que el ajuste fiscal fue el único factor determinante en la reducción de la prima de riesgo.
El color del cristal
Nada de esto resultaría muy relevante si no fuera porque el ajuste ha tenido efectos notoriamente adversos sobre el ritmo de recuperación de la actividad económica. En particular, sobre los niveles de consumo y de inversión.
En los últimos tiempos se ha planteado un debate acerca de los verdaderos alcances de la reactivación. Algunos ponen el acento en la comparación con el mismo lapso de 1999 y tienen razón cuando destacan que, por fin, la economía ha salido de la recesión. Otros, en cambio, toman como referencia los valores sin estacionalidad de los tramos finales de 1999, y comprueban que el nivel de actividad de los primeros meses de este año ha disminuido.
Es cierto que la comparación con los valores registrados a fines de 1999 resulta poco consistente, porque se registraba entonces un nivel de déficit fiscal insostenible.
Sin embargo, la meta de quebranto en las cuentas públicas que se ha comprometido con el FMI para el primer trimestre de este año (US$ 2.150 millones) supera en US$ 789 millones el déficit fiscal registrado un año atrás. De modo que, aun tomando como referencia iguales períodos de 1999, la actividad del sector público explica, en alguna medida, la leve reactivación en este último período.
Más aún, el nivel de gasto total, excluidos los pagos por intereses (y los llamados gastos figurativos), del primer trimestre de 1999 es algo inferior al valor comprometido con el FMI para el lapso enero-marzo de este año.
El interrogante que se plantea es qué ocurrirá con la reactivación durante lo que resta del año, cuando el déficit fiscal, al igual que el gasto público, deba reducirse drásticamente para cumplir con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario.
El segundo capítulo
Es preciso destacar, en este punto, que la tasa de interés interna disminuyó más que la prima de riesgo país. Este comportamiento se explica por la creciente liquidez en el sistema bancario. Salvo unos pocos altibajos, los depósitos totales aumentaron de manera persistente desde enero de 1999. En cambio, no ocurrió lo mismo con el crédito al sector privado. Esta brecha creciente entre los depósitos y los préstamos se canalizó, en parte, hacia la financiación del desequilibrio en las cuentas públicas nacionales y provinciales.
Un efecto buscado con el ajuste fiscal, y que sí tuvo consecuencias positivas, fue el descenso en la demanda de fondos del sector público, lo que obligó a las entidades financieras a orientar el crédito hacia el sector privado. Esto explica la creciente puja desatada entre los bancos por aumentar su market share en el segmento hipotecario, una tendencia que quizá no tarde mucho en trasladarse al mercado de los préstamos personales.
Se estaría inaugurando, así, la segunda fase del programa económico, que apuntaría a estimular la demanda de consumo e inversión a través de una expansión del crédito bancario. Ese impulso podría ser mayor si, como se anunció oficialmente, prosperaran las negociaciones para reducir la integración de los requisitos mínimos de liquidez del sistema bancario.
Sin embargo, habría que esperar a que las expectativas de los consumidores mejoren significativamente (los últimos sondeos sobre los índices de confianza muestran una caída de importancia), y a que la disminución de las tasas de interés aliente la puesta en marcha de proyectos de inversión que habían sido postergados. Ambos procesos no suelen darse con gran rapidez. Y mucho menos en una situación en la que prevalece un grado de incertidumbre no desdeñable.
¿Y la competitividad?
El componente más dinámico de la demanda efectiva ha sido, hasta ahora, el crecimiento de las exportaciones. En el primer bimestre de este año aumentaron 14% con respecto al mismo período de 1999. Pero casi la mitad de este crecimiento proviene del aumento en las ventas al exterior de petróleo crudo; alrededor de un tercio corresponde a las mayores exportaciones de trigo, y 18% a las colocaciones de aluminio en bruto y naftas. De modo que 90% del incremento refleja el comportamiento expansivo de cuatro commodities. Este no es, por cierto, un indicador contundente de que se hayan mejorado significativamente los niveles de competitividad.
Envuelto para regalo
Todo lo cual ayuda a entender por qué el paquete de medio centenar de medidas orientadas a estimular la competitividad externa de la producción, anunciado a principios de abril, fue solemnemente presentado en sociedad dos semanas después ante los directivos de las 200 empresas más grandes del país, en un acto en el que Fernando de la Rúa, buena parte del gabinete y la totalidad del equipo económico oficiaron de anfitriones.
Este paquete constituye el eje de la tercera fase del programa económico. Los ingredientes principales de la receta son un nuevo régimen de importación para grandes inversiones fabriles, otro para la introducción al país de bienes de capital no producidos en el Mercosur, financiación del IVA para la inversión, medidas destinadas a reducir los costos y simplificar las tramitaciones de las operaciones de comercio exterior, cambios en la estructura y en los niveles de reintegros a las exportaciones extrazona, líneas de crédito a cinco años con tasas de 7% para financiación de exportaciones y relanzamiento del seguro de crédito de exportación.
Según las estimaciones del equipo que conduce José Luis Machinea, el paquete tendrá un costo fiscal anual de US$ 100 millones, de los cuales aproximadamente la mitad corresponde a los cambios en los reintegros.
Se trata, como muchos analistas y varios empresarios señalaron, de medidas que otorgan un modesto estímulo adicional a las exportaciones; en particular, porque el máximo aumento que se podría esperar sobre los valores anteriores de los reintegros es de algo menos de cuatro puntos.
No resultó sorprendente, por lo tanto, que varios empresarios plantearan que lo que se requiere, más que un módico empuje a las exportaciones (que, por cierto, no tienen un gran impacto directo en la creación de empleo), es un impulso más decidido al aletargado mercado interno.
Curiosamente, Machinea reveló una inquietud de similar naturaleza cuando, por esos días, declaró en un programa de televisión que no querría ser recordado como un ministro que hizo bajar el gasto público y el riesgo país, sino como el ejecutor de una política que logró avances sustanciales en la lucha contra el desempleo y la pobreza.
Pero, más allá de las aspiraciones del jefe de Hacienda, ésa
parece ser una materia reservada para una etapa todavía alejada en el
cronograma del plan económico.
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