A partir del análisis de demanda y oferta de solventes de uso industrial y de gasolinas y condensados de yacimientos de gas natural, se puede confirmar y cuantificar la existencia de un mercado clandestino de motonaftas (naftas
de uso en automotores). La oferta de combustibles obtenidos a partir de mezclas
de hidrocarburos y/o solventes (naftas adulteradas) es incentivada por la gravitación
de los impuestos en el precio final de las motonaftas.
Estas sopas de combustibles son difíciles de controlar, ya que se requieren auditorías en las bocas de expendio y en las instalaciones de almacenaje, muchas de las cuales son clandestinas. A veces el estacionero ignora la procedencia del producto adulterado. Otras veces es co-responsable del delito.
Estimaciones aproximadas dan cuenta de más de 400.000 metros cúbicos anuales de combustibles que se incorporan a las naftas sin tributar impuestos. El costo fiscal de esas transacciones ronda los US$ 200 millones anuales.
El Decreto 402/96 eliminó la exención de ITC (Impuesto a la Transferencia de Combustibles) que beneficiaba a la nafta virgen, la gasolina natural, el solvente y el aguarrás, salvo que esos productos tuvieran como destino el “uso como materia prima en la elaboración de productos químicos y petroquímicos, como insumo en la producción de pinturas, diluyentes, adhesivos, agroquímicos y en el proceso de extracción de aceites para uso comestible”.
El problema, en la actualidad, es controlar el destino. Un mecanismo efectivo, que reduciría significativamente la evasión por cambio de destino, sería el reembolso impositivo a las industrias que consumieron estos productos. La exención operaría ex-post, luego de la acreditación del uso industrial de los productos, como materias primas, insumos de manufactura y/o solventes.
El subsidio
Otro tipo de evasión se produce con aquellos subsidios existentes en las provincias patagónicas donde la venta de combustibles está exenta del pago de ITC. Esto determina la existencia de precios diferenciados con provincias vecinas.
Estas maniobras llegan a la Provincia de Buenos Aires, al centro del país y a Cuyo, donde el combustible es vendido al precio de la zona.
El costo del subsidio que esta desgravación impositiva implica (y que genera muchas distorsiones) podría transformarse en un Fondo para el Desarrollo Patagónico, gerenciado por los gobiernos de las provincias beneficiadas. De preservarse el subsidio en los precios, también hay que estudiar mecanismos de reembolso ex-post que limiten las posibilidades de evasión.
También es frecuente mezclar entre 5% y 10% de nafta común con nafta especial, aprovechando el diferencial de ITC entre estos productos ($ 0,4865 en la nafta súper contra $ 0,3878 en la nafta común). La mezcla disminuye la calidad de la nafta especial (el índice de octanos cae de 95 a 91/92) y su control depende de la capacidad de auditar las bocas de expendio por parte de las autoridades que comparten responsabilidad e interés en el tema (Energía, Ingresos Públicos, Defensa del Consumidor y Defensa de la Competencia).
Todas estas desnaturalizaciones informalizan el mercado de combustibles y previenen a los refinadores sobre la presencia de intermediarios mayoristas al introducir una competencia desleal que también perjudica al consumidor.
La necesidad de corregir distorsiones tributarias que actualmente facilitan
este tráfico, y el ejercicio del poder de policía por parte de
la autoridad energética pueden contribuir a depurar el mercado de competidores
desleales y a institucionalizar la presencia de nuevos comercializadores mayoristas
con beneficios para la competencia del mercado.