Las dotaciones de seguridad e higiene de las ART están sobrecargadas de trabajo. La frecuencia y la gravedad de los accidentes laborales las asombran. Tratan de solucionar con rapidez esas cuestiones, pero les llevará tiempo. Mientras tanto, decidieron cortar el hilo por lo más fino. Una altísima proporción de su mercado (86%) son empresas con menos de cinco empleados, que aportan sólo 30% de sus ingresos. La tarea de inspeccionarlas se torna, por lo tanto, costosa en tiempo y recursos, sobre todo si se considera que, en la guerra de alícuotas que se desató en todos los niveles del sector, gravitó particularmente en las Pymes. Pero también el segmento de las grandes empresas presenta dificultades. “Tenemos una cartera de 100. 000 clientes; alrededor de la mitad son compañías con más de 500 trabajadores y el resto son Pymes”, señala Carlos Facal, gerente general de Berkley. “Las grandes firmas son -en general- complicadas de inspeccionar porque tienen muchos establecimientos, y hay que confeccionar un plan de mejoramiento para cada uno. “Otro elemento que juega -directa o indirectamente- en contra de la rápida puesta en marcha de los programas es la posibilidad de que se modifique la actual ley de seguridad e higiene. El presidente Carlos Menem estaría, dicen, por firmar un proyecto de ley modificatorio de esa norma.
Normas ausentes
Voceros del sector señalan, por otra parte, que la Superintendencia de ART contribuye a retrasar la prevención en las pequeñas empresas. Faltan reglamentar puntos específicos para la prestación del servicio. Un claro ejemplo de ello es que no se reglamentó todavía el esquema de dedicación de horas de ingeniería por riesgo y cantidad de empleados de una compañía. La desinformación también tiene un impacto negativo: se estima que casi la mitad de las planillas de autoevaluación fueron mal confeccionadas. Ante la falta de tiempo, se decidió trabajar -por lo menos en esta primera etapa- con presunciones acerca de las categorías de seguridad e higiene. Por ley, las aseguradoras de riesgo cuentan con seis meses para verificar si la calificación del empleador coincide con la realidad de la firma. Incluso, podría cambiar en forma retroactiva el valor de la alícuota en los tres primeros meses del sistema. Los precios pueden experimentar cambios a futuro en cualquier momento. Por otra parte, las autoevaluaciones arrojarían los resultados previstos por los expertos. De las 348. 583 compañías aseguradas (3. 773. 174 trabajadores), la mitad califica en el nivel 1 (insuficiente) de prevención. Del resto, 40% corresponde al segundo rango. Un problema que abarca a las grandes y pequeñas empresas por igual es el número de accidentes in itinere (padecidos por el trabajador mientras se dirige a la empresa o regresa de ella). “Son la principal causa de muerte y lesiones graves en el sistema, y escapan a la órbita de prevención de la aseguradora”, afirma Facal. “Sin duda, la solución de estos hechos está en manos de las autoridades municipales, provinciales y nacionales. “La alta incidencia de estos accidentes no debería sorprender a nadie. Más de 20 fallecimientos diarios se producen por ese motivo en la Argentina, e involucran, en general, a personas que van o vienen de sus lugares de empleo o que están trabajando (colectiveros, choferes de taxis o remises). La Sart no registra hasta el momento denuncias formales por mala atención de los siniestros por parte de las aseguradoras. Intervino en unos pocos casos para resolver si la ART debía atender o no a un accidentado que no era parte de la nómina original de empleados de una firma. Las autoridades de la Superintendencia de la actividad deben salvar algunos inconvenientes para conformar una adecuada base estadística. Por falta de conocimiento, pocos empleadores completaron correctamente los formularios de denuncia de siniestros. Se trata, según admiten los expertos, de una tarea muy compleja. Pero esos datos permitirán, al final de cuentas, ayudar a bajar realmente los costos de la cobertura.