Los interrogantes son particularmente pertinentes en el Cono Sur, donde tres de los cuatro países tienen las mejores
calificaciones en toda América latina en materia de gasto público.
El Pnud (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) considera que la proporción eficiente es destinar a gasto social
el equivalente de 40% del total del gasto público. Todos los países del Cono Sur están sobre estos niveles (aunque en el caso
de Paraguay debe tenerse en cuenta que el total del gasto público es bajo).
La Argentina, Chile y Uruguay están muy cerca de la proporción promedio de los países industrializados (61,4%) y se
aproximan a esta marca más que la mayoría de las naciones latinoamericanas en la porción del producto bruto que dedican
al gasto social.
Como la mayoría de América latina, el grupo de países del Cono Sur vio sus niveles de gasto social afectados por la crisis
de los años 80, y experimentó alguna recuperación en los primeros años de esta década, con una excepción, Uruguay, el
único país latinoamericano cuyos indicadores de gasto social tendieron a aumentar durante la mayor parte de los 80, y cuyo
gasto social total es hoy, en términos reales, más alto que en 1980.
En la Argentina y en Paraguay, el gasto público se mantuvo relativamente estable como porción del producto bruto
interno, pero ha tendido a declinar en términos reales per capita. Para la Argentina, el gasto social real es hoy 9,4%
menor que en 1980. En Paraguay es prácticamente el mismo.
Chile, que registra una caída de 1,4% durante los años 80, es un caso inusual en América latina en el sentido de que sus
gobiernos han orientado el gasto social de modo anticíclico (tendieron a aumentarlo durante los períodos recesivos, y a
reducirlo durante los ciclos expansivos).
La forma en que estas cuatro naciones asignan su gasto social varía considerablemente, a pesar de que coinciden con una
tendencia general: los países con menor nivel de gasto social tienden a dar prioridad a la educación (Paraguay dedica 37%,
contra 20% de Chile y la Argentina y solamente 11% de Uruguay), mientras que los que tienen más alto nivel de gasto
social privilegian la seguridad social (81% en Uruguay, 46% en la Argentina y Chile).
Entre 1980 y los primeros años de la década de 1990, es distinta la forma en la que las categorías de gasto social
descendieron en forma más pronunciada. Argentina tuvo declinación en todas ellas, un poco más profunda en salud y
vivienda que en seguridad social y en educación.
Sin embargo, los grandes números no revelan todo el panorama. En verdad dicen muy poco sobre qué proporción de los
recursos llega a los más necesitados. Hubo intentos para determinar el gasto social directo restando de la cifra total las
sumas que se terminan pagando a la burocracia gubernamental. En dos casos, Chile y Uruguay, se encontró que era igual a
la mitad del gasto social total.
Otra manera de ver el problema es tratar de determinar cuán regresiva o progresiva es la inversión en el área social, y en qué
medida aumenta con las necesidades. En toda la región, el gasto en salud es el más progresivo, seguido por el de educación. El caso
de seguridad social es particular porque los beneficios tienden a ser universales, más que orientados a determinado grupo. La Cepal
considera que el gasto social es levemente regresivo en Argentina y Uruguay, y regresivo en Chile si se toma en cuenta su
prioridad en la asignación de recursos.
La Cepal destaca que tanto en Chile como en la Argentina durante los años 80 los incrementos en la desigualdad y la
pobreza fueron acompañados por descensos en el gasto social. Solamente Uruguay aparece como la excepción: es uno de los
pocos países en la región donde las desigualdades no han crecido demasiado durante la década anterior.
© MERCADO/Latin American Newsletters