El próximo gobierno, ya sea que represente la continuidad política o un cambio de comando, enfrentará problemas
poco novedosos. El manejo macroeconómico en un escenario de ingreso masivo de capitales ya atravesó dificultades
durante 1994, y se hizo definitivamente imposible a partir de la crisis mexicana. Lo que viene es una época de
racionamiento del crédito que deja atrás la etapa fácil del programa de convertibilidad.
Lo primero que puede esperarse quizás en el mismo período de transición entre ambos períodos presidenciales es el
sinceramiento de la crisis del sistema financiero, lo que conlleva la concentración del negocio a través de los mecanismos de
quiebras y fusiones. Si existe confianza en el mantenimiento de las reglas de juego, este proceso será menos traumático,
pero de todas maneras inevitable.
Esto, a su vez, tendrá un efecto recesivo. Hasta mayo, la pérdida de depósitos por parte de los bancos fue financiada por
reducción o incumplimiento de encajes, y sólo en una escasa medida por cancelación de créditos. Ahora, la reducción de
encajes es un instrumento agotado y los incumplimientos tendrán que desaparecer. En este contexto, la restricción del
crédito se acentuará, la tasa de interés aumentará y habrá una caída adicional del gasto privado.
Sólo un cambio notable en la percepción de los riesgos por parte de los inversores extranjeros con el consiguiente
reingreso de capitales moderaría la recesión y la crisis financiera, pero esa modificación de las expectativas parece poco
probable y, de ocurrir al principio, poco sostenible.
Naturalmente, una recesión más profunda y más prolongada devolverá sus efectos al propio sistema financiero. Lo que
comenzó en diciembre como una crisis de liquidez se convertiría en una crisis de solvencia, y por lo tanto la situación
patrimonial de algunos bancos se tornaría más frágil.
La Cuestión Fiscal
Por otra parte, el gobierno deberá ajustar aún más su balanza fiscal, no sólo para cumplir las metas acordadas con el FMI
lo que de por sí es bastante relevante, sino para generar expectativas favorables en los mercados de bonos. Casi nadie
piensa que la nueva administración (cualquiera que sea) vaya a devaluar, pero necesitará mostrar en los hechos que no
habrá cesación de pagos por parte del sector público y que las deudas del Estado se honrarán puntualmente. De otro modo,
los precios de los títulos públicos seguirán descendiendo y el Estado argentino no podrá recuperar financiamiento ni
siquiera para pagar las amortizaciones de capital. Esta es una época, en definitiva, en que sólo renueva el crédito aquel que
puede demostrar que no lo necesita.
¿Qué hará el gobierno en este aspecto? Por lo pronto, quizás aumente algunas cargas impositivas que fueron postergadas en
el ajuste de marzo pasado (como el gravamen a los combustibles o los impuestos internos a los cigarrillos). Tratará, además,
de reducir el gasto público nacional, aunque en este terreno no hay mucho margen. Finalmente, intentará transferir el ajuste
a las provincias, alterando una vez más las reglas de la coparticipación federal de impuestos para apropiarse de la
recaudación incremental. Como es casi obvio, este programa de emergencia no depende del nombre del presidente. Para
obtener el superávit fiscal requerido en un período de restricción de crédito, las medidas no tienen ideología.
Además de generar ahorro fiscal para sustituir ahorro externo, las autoridades tendrán que ocuparse de los precios relativos
y de la competitividad internacional. Pero dado que ninguna fuerza política importante está pensando en devaluar y puesto
que los aumentos de productividad que experimentó la economía argentina entre 1991 y 1994 se desacelerarán con la
recesión, el único camino que parece quedar es el de la deflación de precios y salarios.
Un camino alternativo al de la deflación-recesión es una rápida reasignación de recursos a la producción de bienes exportables
incentivada con medidas de reestructuración tributaria, pero lo cierto es que ningún gobierno podrá darse el lujo, en el futuro
inmediato, de sacrificar recaudación impositiva.
El panorama sería más favorable si sigue la expansión en Brasil y el dólar persiste en su tendencia declinante frente al resto
de las monedas. Esto ha venido ocurriendo desde mediados de 1994 y la consecuencia fue que el frente externo obtuvo así
un poco de oxígeno. Si se cumplen ambas condiciones, las exportaciones crecerán aceleradamente (quizá 30% durante
1995), y entonces no hará falta tanta recesión para equilibrar la cuenta de comercio. Si no es así, las autoridades quizá se
vean obligadas a tomar medidas para restringir las importaciones.
Lo cierto es que la economía argentina se está volviendo cada vez más dependiente de lo que ocurra en Brasil. El Plan Real
permitió que el gigantesco vecino se convirtiera en el principal cliente de la Argentina, hasta el punto de absorber un tercio de las
exportaciones durante el último cuatrimestre. De modo que, si el Plan Real no perdura, el ajuste argentino deberá ser más profundo.
En síntesis, la primavera del plan de convertibilidad ha terminado. Los márgenes de maniobra para aplicar políticas sociales
compensatorias y moderar el desempleo serán sumamente estrechos, no importa lo que se haya dicho durante la campaña
electoral. Las prioridades serán el ajuste fiscal, el aumento del ahorro y la expansión de las exportaciones. Recién dentro de
dos o tres años (y si se han preservado las reglas de juego durante el proceso de ajuste) el país estará en condiciones de
debatir sobre otros temas, hasta ahora postergados, como la distribución del ingreso, la política industrial, los costos de la
concentración económica y el lugar de la regulación pública en una economía de mercado.
El Plan Quinquenal
La oposición se apresuró a descalificarlo. Denunció que era simplemente una maniobra electoral. Hasta los que están
decididos a votar por el gobierno no lo tomaron demasiado en serio. Es que este conjunto de cifras importantes que cae del
cielo no fue acompañado por una sólida argumentación.
El paquete consistiría en la realización de obras de infraestructura que crearán empleo en el orden de los US$ 80.000
millones a lo largo de cinco años. De ese total, US$ 30.000 millones corresponden al sector privado, especialmente a las
empresas de servicios públicos privatizadas.
Aquí surgen los primeros interrogantes. ¿Se trata de nuevas inversiones decididas ahora o es simplemente la cifra que figura en los
presupuestos de estas compañías desde hace tiempo?
En cuanto a los US$ 50.000 millones del sector público (a razón de
US$ 10.000 millones anuales) importa saber, además de su destino, su origen. ¿Se opera sobre la base de obtener mayores
ingresos fiscales? ¿O se trata de reasignar partidas que estarían destinadas a otras finalidades?
Pero, en todo caso, la cuestión de fondo es que, si este plan quinquenal va en serio, implica un cambio sustantivo en la
formulación de políticas públicas. Se abandona la ortodoxia de la mano invisible del mercado, del libre mercado al ultranza,
y se recurre a la denostada planificación y a la intervención estatal activa para paliar el desempleo.
En síntesis, políticas netamente keynesianas que nadie imaginaba que este gobierno estuviera listo a adoptar.
En cuanto a la pretensión de crear 300.000 puestos anuales de trabajo, resulta todavía más inverosímil. En el último año se
generaron muchos menos empleos que los que se perdieron. Durante los mejores años de la convertibilidad, el total de
empleos ganados fue menor a los que se pretende crear en un solo año a partir de ahora. Aquí, hasta los más entusiastas
partidarios del gobierno admiten que la intención es claramente electoral.