Desde el año pasado la Superintendencia de Seguros de la Nación confecciona distintos coeficientes (específicamente tres) destinados a brindar al mercado distintos elementos destinados a reflejar la situación financiera y patrimonial de las empresas aseguradoras. De esta forma, los operadores están en mejores condiciones de evaluar la situación de cada compañía, un aspecto de fundamental importancia en empresas de este rubro, donde la solidez de las finanzas es la única garantía que tienen los asegurados de que, cuando se produzca el siniestro objeto de la póliza, no tendrán problemas para cobrar la respectiva compensación.
Uno de los coeficientes, Gravitación de los créditos en el activo total, tiene por finalidad revelar el grado de financiación que la empresa acuerda a los clientes para concretar los negocios. Una muy elevada participación del rubro créditos dentro de la estructura del activo indica una política crediticia muy agresiva por parte de la compañía, que le resta fluidez financiera a la hora de tener que afrontar los siniestros. La Superintendencia considera aceptable un nivel máximo de 45%, a partir del cual el activo de la empresa pasa a ser considerado como de lenta realización.
Si la relación entre ambos rubros supera la barrera de 60%, la situación pasa a ser considerada riesgosa, porque en ese caso el activo de fácil disponibilidad es muy reducido, y se resta fluidez operativa a la empresa.
Las compañías objetan que la Superintendencia no incluya dentro de este rubro los importes a cobrar con el Inder. Esta discriminación, argumentan, tiende a distorsionar la situación de las empresas con importantes créditos con el organismo en proceso de liquidación.
Por las limitaciones mencionadas, este índice se considera como el menos representativo.
La situación cambia en los dos restantes, que muestran, desde distintos ángulos, el grado de responsabilidad de las compañías frente a sus compromisos.
El que refleja la solvencia frente a los asegurados es de orientación típicamente financiera y sería similar al denominado prueba ácida o liquidez corriente, utilizado para evaluar a las empresas comerciales o industriales. Compara los activos líquidos de las empresas (disponibilidades e inversiones de rápida realización) con los compromisos ya asumidos con los asegurados. En términos
mas sencillos, relaciona los activos cash con las obligaciones que a la fecha de cierre del respectivo balance ya eran firmes, es decir, con fecha de vencimiento.
En este ínidice -y contrariamente a lo que sucede con el anterior- el límite es de mínima y no de máxima. La Superintendencia considera una cobertura piso de 80% como aceptable, que a medida que se aleja de este importe acentúa las posibilidades de que la empresa encuentre dificultades a la hora de tener que abonar las deudas.
Por lo tanto, cuando esa cobertura exhibe cifras inferiores a 50%, la situación de la compañía pasa a ser objeto de análisis, puesto que se presume la existencia de una posición financiera de corto plazo muy ajustada.
El otro índice, Capacidad para enfrentar las obligaciones totales, es de tipo estructural. Relaciona todos los bienes que componen el activo de la empresa, incluidos los inmuebles, con las deudas contraídas con los asegurados, incluyendo en estas últimas las de origen técnico, que surgen de aplicar el índice de siniestralidad por rubro a todas las pólizas en vigencia. La Superintendencia interpreta que, si bien a la fecha del balance esas deudas no son “ciertas”, en algún momento de vigencia de las pólizas tendrá la empresa que hacerlas efectivas.
Por lo tanto, es un índice de capacidad de pago a largo plazo. La Superintendencia considera que desde el punto de vista técnico esta relación no debe ser inferior a uno a uno, porque en el supuesto de una eventual liquidación de la compañía, los asegurados tendrían la seguridad del cobro total de sus acreencias.
En la nómina no se incluye a las dos empresas que surgieron de la privatización de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, debido a que, por los trámites derivados de la transferencia del paquete mayoritario, fueron exceptuadas de presentar balance al 31 de marzo.