El nuevo interventor del Instituto Nacional de Reaseguros (Inder), Roberto E. Guzmán, entre cuyos antecedentes se destaca haber sido investigador jefe de la Fundación Mediterránea para el Noa y ministro de Economía de la provincia de Salta, reconoce que el organismo no tiene todavía idea exacta de las deudas que mantiene con las empresas; se inclina por ubicarlas cerca de $ 1.800
millones, aunque ello depende, agrega, de las verificaciones que se están realizando y que “espero concluyan antes de fin de año”.
Esto es de fundamental importancia, afirma, porque todas las cifras que se mencionan se basan en anotaciones extracontables. Los balances correspondientes a los años 1989, 1990, 1991 y 1992 están siendo analizados por la Sigen (Sindicatura General de la Nación), y el de 1993 recién comenzó a
confeccionarse.
Concluida la conciliación con las empresas, éstas tendrán que detallar los saldos impagos que mantienen con el Estado por deudas fiscales y previsionales. Recién entonces “estaremos en condiciones de determinar el monto real neto de las deudas del Inder”. Se procura así evitar lo ocurrido con la compañía de Seguros del Interior, en liquidación, que recibió pagos del Inder a pesar de mantener fuertes deudas con distintos organismos oficiales.
“Mi incorporación al Inder”, afirma Guzmán, “implica por parte del gobierno haber tomado la decisión de acelerar el proceso de liquidación del organismo. La intención oficial es liquidarlo totalmente antes de concluir 1995”.
Actualmente los ingresos del Inder se originan en el impuesto de 7% que grava el valor de todas las primas, que sobre la base de un mercado total de $ 4.700 millones, representa ingresos para este año estimados en $ 300 millones. La deuda neta sería abonada en efectivo o mediante la emisión de títulos, o bien una combinación de ambas posibilidades. Esta es una decisión que en su momento “deberá adoptar el Ministerio de Economía sobre la base de las necesidades de la Tesorería”, señala Guzmán.
Los operadores se preguntan si después de efectuar estos pagos, el gobierno intentará mantener el impuesto de 7% que grava las primas (para recuperar los fondos anticipados), o si decidirá eliminar ese gravamen, como una forma de disminuir el costo del seguro y contribuir a la reducción del denominado costo argentino.