Los aportes de las AFJP´s se hicieron esperar. Hasta mediados de agosto, se derivaban con cuentagotas. Para entonces, muchas administradoras habían recibido menos de 20% de los fondos de sus afiliados. El panorama mejoró en la segunda quincena. Así, llegó la calma al sector y la corriente de inversiones cobró cuerpo.
Aunque la alarma no sonó, la preocupación alcanzó niveles elevados. No era para menos: el volumen de dinero que maneja el mercado totalizaría $ 150 millones, sin incluir a 1.200.000 indecisos.
Una de las diferencias entre el régimen chileno y el local es la existencia de un único ente recaudador, la Dirección General Impositiva. Esta centralización tiene sus ventajas e inconvenientes, sobre todo en los primeros tiempos. Uno de los puntos desfavorables es la lentitud. En teoría, las contribuciones jubilatorias deberían derivarse en 48 horas. Pero en la práctica tardan cuatros días.
“Hasta hace poco, nos inquietaba la cuestión de las cobranzas”, admite Marcelo Perri, gerente de Inversiones de Consolidar. “A pesar de que recibimos casi 70% de los fondos a mediados de mes, el rango de acreditaciones debería ser mayor a esas alturas.”
Todos coinciden en que fue una decisión positiva fijar como eje de la recolección de los aportes a la DGI, que cuenta con un buen circuito administrativo. Sin embargo, preocupa el grado de entendimiento por parte del público del nuevo sistema de recaudación. Pese a que existió un campaña oficial de difusión, mucha gente aún está confundida.
“La gran mayoría de los trabajadores recibieron su tarjeta magnética. En las grandes ciudades su uso es cotidiano, pero los cajeros automáticos son una utopía en las poblaciones alejadas”, explica Julio Valdez, gerente general de Nación. “Entonces, las contribuciones ingresan por un punto de venta, lo que implica un aumento del tiempo para derivarlas.”
DESTINOS DESCONOCIDOS.
Tal vez una de las cuestiones de más peso para el organismo recaudador sean los rezagos; fondos imposibles de asignar inmediatamente a una cuenta, debido a que no se puede identificar a su emisor. Estos incidentes son lógicos en los comienzos, aunque deberán ir desapareciendo.
“El procedimiento es nítido. Se está en reparto, como indeciso en Nación o en una administradora”, señala Manuel Domínguez, gerente de Operaciones de Máxima. “Aunque de hecho, existirían ciertos aportes que no se podrían acreditar con rapidez. Posiblemente, esto ocurra con las declaraciones manuales.”
Al parecer, la experiencia adquirida a través de la Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS) facilitará las cosas. “Como ya pasó esa prueba, muchas cuestiones no deberían suscitarse o se deberían resolver con agilidad”, apunta Eduardo Rondina, gerente de Estudios Económicos de Activa.
“Después de cuatro o cinco meses, los errores de imputación no deberían cometerse. No obstante, existirán algunos, producto del pago fuera de término.”
Según los expertos, los rezagos rondarían entre 5 y 10%. La puesta en marcha de una especie de clearing o cámara compensadora entre AFJP´s ayudaría a solucionarlos.
De ahora en más, el número de aportantes entrará a jugar con fuerza. Incluso, eclipsará a las afiliaciones.
En Chile, 60% del total de adherentes a la jubilación privada cotizan en forma periódica. Así, de 4.708.840 afiliados contabilizados en diciembre de 1993, sólo 2.792.118 efectuaron contribuciones.
La explicación es que la grave crisis económica que enfrentó el país en la década del ´80 originó un engrosamiento de la plaza laboral; en especial, por parte de las mujeres. Luego, la situación volvió a la normalidad, lo que aparejó una disminución del caudal de recaudación jubilatoria.
ALTO RIESGO.
“En Chile, el gráfico del nivel de evasión trazó una especie de campana”, afirma Rondina. “Primero, todos cotizaron; después se registró cierta morosidad. Actualmente, se tiende a aportar en virtud de los resultados registrados por el régimen.”
El panorama local sería distinto. Al centralizar lo previsional y lo fiscal, la evasión sería más difícil.
“Es importante recordar que la fuerza de empleo argentina está -más o menos- estable”, dice Domínguez. “Además, con el seguimiento que realizará la DGI (desde el punto de vista afiliado- contribuyente), deberemos lograr una correspondencia muy cercana a uno.”
A pesar de ello, se estima que, a mediano plazo, alrededor de 5 o 10% de los afiliados dejarán de contribuir por diversas causas. En estos casos los trabajadores (tanto en relación de dependencia como los autónomos) tendrán inconvenientes con la cobertura del seguro de fallecimiento e invalidez.
El decreto 1120 califica como aportante regular a quien aportó durante 10 de los 12 meses previos a la solicitud del retiro por incapacidad para trabajar, o anteriores a la fecha de defunción. En estas condiciones percibirá 70% del ingreso base. Si exhibe un mínimo de seis cotizaciones se lo ubica en el
rubro de irregulares, y recibirá 50% del haber. Cuando se realizaron contribuciones menores al lapso anterior no se tiene derecho a percibir remuneración alguna.
“Muy distinto es el caso de los obreros de corresponsabilidad gremial (por ejemplo: tabacaleros, estibadores, azucareros). Ellos no efectuarán, por convenio, aportes hasta abril de 1995”, explica Valdez. “Estas son las únicas excepciones. Surgieron de un acuerdo entre empresarios y el gobierno, a
raíz de la grave crisis económica que afecta a esos sectores.”
¿Qué sucede si una persona decide pasarse del sistema de capitalización al de reparto? Si se hace uso de la doble vía estipulada por el decreto 816/94 antes de junio de 1996 no pierde los fondos. La administradora continuará invirtiéndolos. Cuando se jubile, recibirá las prestaciones básica universal
(PBU), complementaria (PC) y adicional por permanencia (PAP), y las contribuciones capitalizadas más sus rendimientos.
ESPERANDO LA LUZ.
Dudas y más dudas se ciernen sobre los indecisos provisoriamente incorporados a la AFJP Nación. Al cierre de esta edición, no se había informado oficialmente cuántos son. Pero los primeros cálculos indican que hay alrededor de 1.200.000, con un sueldo promedio por debajo de los $ 500.
Todo lleva a suponer que esas personas tomarán una decisión a última hora. “Esos aportes serán invertidos en una cartera especial. No olvidamos que debemos traspasarlos a otra AFJP”, afirma el gerente general de Nación. “Por eso, los colocaremos en un portafolio líquido realizable en el momento preciso de transferir esos fondos.”
Yanina Mazzia.
UN INVENTO ARGENTINO.
Para más de uno el problema de las multiafiliaciones es, simplemente, una sombra del régimen chileno que se proyecta al nacional. Según esa visión, es imposible la existencia de multiafiliados en el sistema local. Por eso catalogan a ese fenómeno como un invento argentino.
“En la base de datos de la DGI nunca podrá haber una persona adherida a dos administradoras de fondos”, señala Manuel Domínguez, gerente de Operaciones de Máxima. “Todos los meses se envía la cinta de afiliaciones al Departamento Administrativo de Padrones de Aportantes (DAPA) del ente
recaudador. Se revisa con cuidado. Si un individuo ya está en una AFJP, no se lo pasa nuevamente al registro maestro. Siempre se toma la primera fecha de suscripción.”
Por lo tanto, las multiafiliaciones son una cuestión netamente comercial, que no afecta para nada a los aportes.
INVERSIONES POR ENCARGO.
Con la derivación de los primeros fondos a las AFJP´s comenzó a cobrar cuerpo la corriente inversora.
Este flujo debía dirigirse hacia distintos sectores del mercado de capitales. De este modo, se acotarían los riesgos de las carteras.
Pero entre la teoría y la realidad surgieron cortocircuitos. Las cosas no fueron fáciles a la hora de tomar decisiones. Muchos de los inconvenientes previstos por los gerentes de inversiones se hicieron visibles. Por ejemplo, la escasez de herramientas.
“Básicamente, las carteras serán conservadoras en los primeros tiempos”, señala Eduardo Rondina, de Activa. “Pero faltan calificar unos cuantos papeles y otros tantos no están disponibles.”
La mayoría de los grupos salieron a invertir en la segunda mitad de agosto, sobre todo los medianos y pequeños. Estas compañías prefirieron contar con un monto significativo de dinero antes de volcarse a la plaza.
“De mantenerse las actuales circunstancias estaremos obligados a atarnos a una diversificación limitada”, opina Pablo Albina, subgerente de Inversiones de Generar. “También deberemos conformar una cartera más volátil.”
En general, las AFJP´s adquirieron los instrumentos a precio de compra, devengando los intereses y cupones. Esto permitie -en parte- impedir que su valor sufra cambios bruscos. Tendieron, también, a aprovechar al máximo las posibilidades fijadas por la Superintendencia en títulos públicos (50%) y en
plazo fijo (28%).
Hasta el momento, 22% de las carteras no tienen destino fijo. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires no está aún lo suficientemente madura como para colocar los aportes a un mínimo riesgo. Parece poco probable que esa proporción de los fondos se derive ahora a ese sector. Además, sólo seis
acciones (CAPEC, Comercial del Plata, Pérez Companc, Sevel, Telecom y TGS) están calificadas.
Una solución a este inconveniente sería permitir las colocaciones en el mercado de Luxemburgo. “Allí están listadas alrededor de 90% de las obligaciones no negociables”, explica Marcelo Perri, de Consolidar. “Otra posibilidad sería que la local las liste. De no permitirse esa medida, no nos
quedarán herramientas en el país.”
En la actualidad, los departamentos de inversiones de las administradoras trabajan en busca de soluciones para estas cuestiones en forma estrecha con las autoridades que supervisan la actividad, la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores.
Es importante destacar que existe un diálogo fluido entre los directivos de esas área y el grupo de profesionales de la Superintendencia, encabezado por Norma Riavitz, que estudian toda la
problemática de las inversiones. Este intercambio de ideas y opiniones permitirá -dicen- ajustar los papeles a la realidad.
GRITOS Y SUSURROS.
“Falta dinero”, fue el comentario generalizado de los directivos de las administradoras, cuando recibieron el listado de los primeros aportes. Los números no le cuadraban a nadie. Lo más extraño era que a todos les faltaba 1,5%.
El misterio se develó rápidamente. Tenía una causa común. La superintendencia del sector (SAFJP) les había quitado ese porcentaje, en concepto de gastos de operación.
Todos están de acuerdo con que la SAFJP debe percibir una contraprestación por las tareas realizadas. Sin embargo, a la gran mayoría no le pareció correcto ni apropiado el modus operandi.
Esa suma fue tomada directamente de las contribuciones de los afiliados, a pesar de que se había
repetido hasta el hartazgo que los fondos son inviolables.
De inmediato, las AFJP´s cubrieron el faltante con capital de la compañía.
“Lo más razonable habría sido que la Superintendencia enviara notas de débito por esos gastos a las empresas”, refunfuñó un gerente. “Pero no que los debitara en forma directa de las cuentas, porque es dinero de terceros.”
Ahora, el punto conflictivo es el porcentaje en sí. Por ello, más de un ejecutivo de la actividad reclama que se revise la comisión de 1,5% de la SAFJP.
CONEXION SALARIAL.
Según las estimaciones previas, el salario promedio de los afiliados a la jubilación privada estaría apenas por encima de los $ 600 pesos. Pero la realidad superó a los pronósticos.
Los últimos cálculos lo fijaron en alrededor de los $ 700. Aun así, algunos expertos afirman que haber limitado los aportes en los $ 3.700 tiende a hacer bajar el promedio. De este modo, la banda de oscilación entre las administradoras grandes y medianas iría de los $ 700 a los $ 850.
Sin embargo, existen excepciones. Hay AFJP´s que captaron los sueldos de $ 500 pesos; por ejemplo, Nación, con un haber promedio de $ 520. En el otro extremo se encuentra Generar, con casi $ 1.700, el más alto de la actividad.
Al parecer, muchos de los especialistas del mercado de capitales se habrían suscripto a esa administradora, pues analizaron el efecto de impacto de las comisiones en el retorno de las inversiones.