En los últimos años una gran cantidad de empresas latinoamericanas concretaron su incorporación al mercado norteamericano de acciones y bonos, para lo cual tuvieron que sortear las severas disposiciones de la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo que en Estados Unidos cumple las funciones de la Comisión Nacional de Valores.
Tres de esas empresas son argentinas: Banco de Galicia, Baesa (Pepsi Cola) e YPF. La primera de ellas hace oferta pública de sus acciones en el NASDAQ (National Association of Securities Dealers), mientras que las dos restantes lo hacen en la Bolsa de Nueva York.
En total alcanzan a 24 las empresas latinoamericanas que negocian sus títulos en Wall Street: once de México, cinco de Chile, tres de Panamá, una de Venezuela (Corimon, que acaba de adquirir el paquete mayoritario de la argentina Colorín) y otra de Brasil (la papelera Aracruz Celulosa).
Todo indica que durante 1994 esta lista se extenderá significativamente, teniendo en cuenta la predisposición que se observa en Estados Unidos para invertir en empresas latinoamericanas pertenecientes a países que encararon programas de privatización de empresas públicas y adoptaron una agresiva política en materia de saneamiento de las cuentas fiscales, y otras medidas destinadas a reducir el ritmo inflacionario y aumentar la confianza externa.
Este proceso se ve alentado por la multitud de seminarios y conferencias auspiciadas por empresarios, banqueros, brokers y profesionales que inducen a los inversores norteamericanos a mirar con mayor atención lo que ocurre en Latinoamérica.
Para las empresas de esta parte del continente, acosadas tradicionalmente por una acentuada escasez de capitales, la posibilidad de acceder al mercado de Estados Unidos ejerce una atracción especial por sus ventajas, entre las que se incluye el acceso directo a los principales inversores institucionales del mundo (fondos de pensión, compañías de seguros, bancos comerciales, fondos de inversiones) que en muchos casos, por limitaciones estatutarias, están impedidos de comprar títulos que no se encuentren registrados en los mercados de Estados Unidos.
Además, el hecho de cotizar en estas plazas les facilita a las empresas el acceso al crédito mediante la emisión de papeles de deuda a costos menores que los que surgen del financiamiento bancario.
Hay otro aspecto de gran significación: la trascendencia internacional que adquieren por esta vía las marcas y productos de la empresa constituye una poderosa herramienta de marketing.
RECETA COSTOSA.
Esta alternativa, sin embargo, no está al alcance de todas las empresas. Además de disponer de cierta envergadura económica, los interesados en acceder al mercado bursátil norteamericano deben contar con procedimientos administrativos, controles y sistemas necesarios para reflejar el resultado de sus operaciones de acuerdo con los principios de contabilidad vigentes en Estados Unidos.
Las normas que regulan la incorporación de nuevas empresas a ese mercado datan de principios de la década del ´30 y requieren el previo registro de los títulos en la SEC.
Según explica Javier Casas Rúa, socio de la firma de auditores Coopers & Lybrand/Harteneck, López y Cía., cualquier omisión o fraude en la información suministrada es pasible de pena tanto para los accionistas mayoritarios como para los directores, underwriters, contadores y abogados que hayan asistido a la compañía en la preparación de la documentación correspondiente.
Para evitar manipulaciones de mercado mediante prácticas fraudulentas, las normas exigen a los directores y principales socios una nómina pormenorizada de sus tenencias accionarias, mientras que los agentes y brokers deben presentar información anual dando cuenta de su situación financiera con
indicación de sus ingresos y gastos.
El acceso al mercado de Estados Unidos puede concretarse mediante la colocación directa de las acciones o a través de un programa ADR, que consiste básicamente en la negociación de certificados representativos de acciones que se hallan depositadas en un banco. Este mecanismo está dirigido a evitar las falsificaciones, y el titular del ADR mantiene los mismos derechos que los propietarios de las acciones, a tal punto que en cualquier momento puede devolver los ADR y solicitar al banco la entrega de los títulos respectivos.
Para Casas Rúa, los ADR cuentan con ciertas ventajas para los inversores, al simplificar la venta y compra de los títulos y recibir directamente del banco los dividendos abonados. Además, el banco representa un interlocutor válido ante la empresa.
El costo de ingresar al mercado de Estados Unidos está constituido, básicamente, por las comisiones de los bancos de inversión que actúan en carácter de underwriters, que oscilan entre 4 y 8 % del monto obtenido por la colocación. Esta tasa disminuye en el caso de las grandes empresas y si la
registración no tiene prevista una emisión destinada a reforzar el capital. Si se trata de una emisión privada, el costo también se reduce, porque implica un proceso más rápido y la posibilidad de negociar confidencialmente las condiciones de la operación.
A estos gastos deben sumarse los honorarios de los abogados y auditores y los relacionados con la impresión de todos los folletos de promoción.
La colocación privada goza de un atractivo especial para aquellas compañías que deseen entrar en el mercado estadounidense sin pasar por el cedazo de la SEC, ni asumir la obligación de presentar periódicamente balances. En esos casos, la única obligación consiste en preparar un memorándum informativo para ser entregado a los inversores potenciales.
En otras épocas, las colocaciones de este tipo tenían la desventaja de la falta de liquidez adecuada, pero este inconveniente quedó subsanado en 1990 con la sanción de la Rule 144A por parte de la SEC. Casas Rúa señala que esta disposición permite que títulos colocados privadamente en inversores
institucionales calificados puedan ser revendidos a otros sin necesidad de registrar los títulos en la SEC.
Para que un inversor sea considerado calificado en Estados Unidos tiene que haber realizado como mínimo inversiones por US$ 100 millones en compañías no vinculadas. En el caso de un banco, debe contar con un patrimonio neto no inferior a US$ 25 millones.
Para este tipo de negociación no pueden utilizarse títulos que al momento de su colocación privada sean del mismo tipo y características que otros de la misma compañía que se negocien en Bolsas de Comercio o en el mercado abierto.
PRIVATIZACIONES Y SERVICIOS EN EL INTERIOR.
Con el auspicio de la Fundación Apertura, se realizará el Segundo Encuentro sobre Privatizaciones y Mejoramiento de los Servicios del Interior, dirigida a todos los intendentes del país, a los presidentes de las Cámaras Legislativas, a los consejeros económicos de las embajadas y a los ministros de
Economía provinciales.
Las jornadas están dirigidas a promover el intercambio de opiniones entre los funcionarios y los directivos de empresas, con la finalidad principal de reducir el costo de los servicios que recibe la población.
Entre las personalidades invitadas a disertar se encuentran Rodolfo Terragno, Luis Prol, José Antonio Romero Feris, Alberto Natale, el intendente de Rosario, Hector Cavallero, y el de Santa Fe, Jorge Obeid, quien es, además, titular de la Asociación de Intendentes del Interior.
La reunión se desarrollará en dos jornadas completas los días 13 y 14 de abril en las instalaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, entidad que compartirá el auspicio del evento con El Cronista Comercial, Ocasa, la Organización Levin y MERCADO.
Los interesados pueden recabar información adicional en la Fundación Apertura (Córdoba 1110, of. 502, Rosario) o en los teléfonos 041-261144/256282.