Hay algo que, al parecer, nadie ha evaluado: las consecuencias económicas del intento de forzar la reforma constitucional.
La renuncia del ex ministro del Interior, Gustavo Béliz, no es una anécdota política. Es una luz roja en el tablero de la economía.
Béliz puso en evidencia que:
(1) La reforma constitucional no tiene consenso, ni siquiera en el seno del gobierno.
(2) El Presidente de la Nación y sus hombres más leales están resueltos a llevar esa reforma adelante, de cualquier manera.
Esto puede arrastrarnos a un período de confrontación e incertidumbre.
¿No hemos aprendido la lección?
¿Se creen algunos políticos sus propios discursos?
¿Ninguno ha tratado de entender, por ejemplo, las causas de la hiperinflación que padeció la Argentina?
¿Ninguno ha descubierto que la incertidumbre es la causa más poderosa de inestabilidad?
¿Está dispuesto el gobierno a echar por la borda su logro más importante: la estabilidad monetaria y la consiguiente recuperación de confianza en la economía nacional?
Apenas se menciona la crisis de 1989, tanto menemistas como radicales entran en una competencia de acusaciones recíprocas. No se preocupan por encontrar las causas de aquella crisis y aprender, así, a evitar los riesgos de repetición.
El menemismo atribuye la hiperinflación a la “incapacidad” de los radicales; pero no dice qué acciones (u omisiones) del gobierno radical causaron el fenómeno. No hay una explicación: hay un usufructo. Carlos Menem y sus seguidores han querido fijar esta idea: el radicalismo causa hiperinflación. Y un corolario: no hay que votar nunca más a la UCR. Como estrategia publicitaria, se
comprende; como explicación de lo sucedido, es inadmisible.
Los radicales, por su parte, sostienen que en 1989 hubo un “golpe de Estado económico”. No saben identificar a los conspiradores. No pueden enumerar las razones que pudieron haber llevado a los “grandes grupos” y los organismos financieros internacionales -que en 1985 habían apoyado el Plan Austral- a bloquear el acceso de Eduardo César Angeloz a la Presidencia. Simplemente, prefieren aparecer como víctimas antes que analizar su posible corresponsabilidad en la crisis que padecieron.
Conviene, por lo tanto, recordar qué factores de inestabilidad existían en la Argentina hace cuatro años y medio:
La decisión de Raúl Alfonsín de renunciar, a fines de junio de 1989, acortó la transición y previno un incendio de consecuencias inimaginables.
A eso se agregó el giro de 180 grados que dio Carlos Menem. El actual gobierno no cometió ni uno solo de los errores de política económica que hacían temer los antecedentes justicialistas y la demagogia electoral.
Los factores de inestabilidad política fueron, de ese modo, removidos.
También fueron removiéndose, paso a paso, los factores de inestabilidad económica.
El programa de privatizaciones masivas que se puso en marcha en 1990 tuvo -pese a sus enormes deficiencias y, en algunos casos, infelices efectos para los usuarios de servicios públicos- la virtud de suprimir una fuente de déficit futuro. Es una garantía saber que el Estado ya no tiene dentro de sí aquellas gigantescas empresas públicas que devoraban recursos fiscales.
La convertibilidad, por su parte, hizo del peso un sinónimo de dólar: un artificio que contribuyó decisivamente a que la plaza confiara en la nueva moneda.
A partir de 1992, además, Domingo Cavallo logró transformar el déficit fiscal en superávit fiscal.
Contó, para eso, con la eficaz cooperación de Carlos Tacchi.
En cuanto a la deuda externa, el ministro consiguió renegociarla -en el marco del Plan Brady- y regularizó los pagos.
Fue todo eso lo que permitió reducir la inflación a menos de 1% mensual y otorgar a la economía argentina una valiosa previsibilidad, al menos en el corto plazo.
Lo inteligente, ahora, sería contrarrestar los factores de inestabilidad económica -que están reapareciendo en el sector externo- y no introducir ningún factor de inestabilidad política.
Es inexplicable que el gobierno se dedique a hacer, precisamente, lo contrario de lo que convendría al propio gobierno.
¿Qué debería hacer Cavallo? Apoyarse en el superávit fiscal y la privatización para reclamar al sector privado un acuerdo que permita ir saliendo, despaciosamente y sin correr riesgos, de un cambio fijo que no puede ser eterno.
No habrá estabilidad definitiva hasta que no se rompa la perversa relación entre tipo de cambio y precios internos que, en el pasado, esterilizó cualquier política cambiaria. El Estado ha hecho todo lo que estaba a su alcance para romper esa relación. Es hora de buscar la cooperación del sector privado, a fin de no cebar una nueva bomba.
Curiosamente, Cavallo no busca esa cooperación. Se encrespa, se vuelve agresivo con los productores rurales y -para compensar parcialmente la distorsión de precios relativos- incurre solitariamente en herejías aisladas, que hoy alivian a los papeleros, mañana tranquilizan a los textiles, pero no marcan
un rumbo. En todo caso, es notorio que el ministro prefiere las medidas parciales y unilaterales antes que una estrategia asentada sobre el consenso.
Es el correlato, en Economía, de lo que Menem hace en la Presidencia.
¿Qué debería hacer el Presidente? Asegurar la continuidad, no de su mandato, sino de sus políticas.
Emplear todo su poder partidario para avalar, con vistas a 1995, a un candidato que diera certidumbre. En todo caso, Menem podría crear las condiciones para un exitoso gobierno justicialista 1995-2001 (ó 1995-1999, de mediar una reforma constitucional “consensuada”) y prepararse para retornar al poder seis o cuatro años después de un exitoso primer período.
Las actitudes del Presidente y su ministro de Economía avanzan -por primera vez desde que este gobierno se hizo cargo- en dirección a la incertidumbre. Gustavo Béliz lo advertía, más que en Cavallo, en Menem. El joven ministro creía que el empecinamiento en imponer la reelección era pernicioso: para el país y para el propio Menem.
El razonamiento de Béliz resultó demasiado refinado para el gusto político de su jefe y los principales operadores de su jefe. Ellos creen que el poder debe ser ejercido, sin contemplaciones ni vacilación. Béliz les parecía ingenuo, inexperto, timorato y -por todo ello- peligroso.
El Presidente no lo echó, pero le quitó todo poder. Lo transformó en un vocero, un asesor, un acompañante. Quizás no imaginó que ese ahijado político llegara a descubrir el juego como lo hizo.
¿Traicionó Béliz a Menem? Es posible que el Presidente lo sienta así, y es seguro que la palabra “traición” está en los labios de todo integrante del círculo aúrico.
Sin embargo, la traición se configura cuando hay intención de defraudar o dañar. ¿Es eso lo que pretendió Béliz? ¿No habrá sido, el suyo, un acto de autopreservación? ¿O acaso un cándido intento de salvar a su jefe de un trágico error? La reaparición de la violencia política, ¿no habrá asustado tanto al ex ministro como a todos nosotros? ¿No se habrá sentido Béliz visitado por los fantasmas de 1976?
No importa cuáles fueron los motivos. Lo importante es que la renuncia de Béliz desnudó el problema más grave que tenemos frente a nosotros: la posibilidad de una reforma constitucional traumática, que provoque confrontación e incertidumbre.
Los consejeros del Presidente harían bien en presentarle este escenario:
1. El equipo económico sigue aislándose y enfrentando a distintos sectores económicos.
2. El tipo de cambio se rezaga cada vez más, cae el nivel de actividad, aumenta el desempleo y crece el déficit externo.
3. Después de las elecciones del 3 de octubre, el país se sumerge en una nueva campaña electoral, esta vez a favor del “sí” o el “no”, en un plebiscito que divide a la ciudadanía. Alternativamente, el gobierno consigue que un porcentaje de los miembros del Congreso (menos de dos tercios del total)
declare la necesidad de reformar la Constitución y la Corte Suprema resuelva que esa declaración es válida, pese a que la Constitución exige los dos tercios del total.
4. Con la esperanza de ser reelegido, Menem no sólo se abstiene de avalar sino que bloquea las mejores alternativas que puede ofrecer el justicialismo.
5. La atención del país se desplaza de lo económico a lo político, y la UCR -libre ya de la necesidad de definir un proyecto económico que preserve la estabilidad y asegure el crecimiento- centra su acción en la lucha contra la “hegemonía” y el “autoritarismo”.
6. La dinámica de la confrontación torna imparables actos de violencia como los que hemos padecido en las últimas semanas.
La consecuencia económica de este escenario sería: incertidumbre sobre el valor futuro del peso.
En esas circunstancias, Menem tendría -en lugar de la reelección- un “final a toda orquesta” como el que, imprevistamente, padeció Alfonsín en 1989.
Factores de Inestabilidad que Provocaron la Crisis de 1989.
A. ECONOMICOS.
1. Déficit fiscal cubierto con emisión.
2. Cesación de pagos a los acreedores externos.
B. POLITICOS.
1. Encuestas que, desde principios de año, anticipaban un cambio de gobierno y, por lo tanto, no permitían creer en la perdurabilidad de las medidas que pudieran tomar aquellos que corrían serio riesgo de perder el poder.
2. Perspectiva de un vacío entre el 14 de mayo (fecha de la elección) y el 10 de diciembre (fecha de asunción del nuevo gobierno).
3. “Salariazo”, “cambio de moneda”, “dólar recontra-alto” y otros anuncios formulados, antes y después del 14 de mayo, por aquellos que asumirían la conducción del país.
4. Memorias del período 1973-1976.
Efecto de Esos Factores: Absoluta Imposibilidad de Prever el Valor Futuro del Austral.
septiembre 1993 – pág. 16 y 17
tendencias.
– Seis datos para vigilar –
EL FUTURO DEL PROGRAMA ECONOMICO.
El bajo índice de ahorro, el déficit de la cuenta corriente y el nuevo endeudamiento que detectó Moody´s cuando calificó con “B” los Bonex 89 y los bonos Brady, no hacen sino reflejar las dudas que genera el plan de convertibilidad ni bien se lo analiza hacia adelante.
Tanto el gobierno como el mercado bursátil y financiero esperaban con ansiedad la calificación del “riesgo argentino” por parte de las firmas internacionales que se dedican a evaluar la salud financiera de cada país, referencia central para los inversionistas internacionales.
Finalmente se produjo el dictamen. Primero el de Moody´s y luego el de Standard & Poor´s, que ubicaron a la Argentina justo por “debajo del umbral de confianza”.
Si se enfoca esta opinión desde los antecedentes argentinos y se toma en cuenta el breve período de vigencia del programa de convertibilidad, la calificación es positiva.
Desde las exageradas expectativas del gobierno y de algunos círculos financieros, es un fracaso. Y en vez de celebrar, cunden los lamentos. Lo que no deja de tener ribetes ridículos.
La ponderación no significa que se desdeñen los logros acumulados por el plan de convertibilidad en estos dos años y medio de aplicación, ni puede sospecharse que haya alguna influencia política en el diagnóstico emitido.
Este es el punto central: qué puede ocurrir con seis de los fundamentos adelantados por Moody´s al calificar como “B” los Bonex 89 y los bonos Brady. Lo que suscita dudas es cómo pueden evolucionar esos datos cuando se analiza el programa hacia adelante. Los seis elementos que deben ser
sometidos a rigurosa vigilancia son:
1) Bajo índice de ahorro;
2) Cuantioso déficit de cuenta corriente;
3) Dependencia del flujo de capitales externos;
4) Nuevo endeudamiento, superior a la reducción de la deuda;
5) La deuda pública sigue creciendo y no se puede renegociar;
6) Fin de las privatizaciones que aportan recursos a las arcas fiscales.
El mismo secretario de Planificación del equipo de Domingo Cavallo, Juan Llach, admitió recientemente ante un conspicuo foro de la banca privada que la falta de ahorro y de productividad eran las asignaturas pendientes de la labor emprendida.
Y si no incluyó la elevada exposición crediticia en moneda extranjera de las empresas (que se aproxima a 40% del patrimonio, según un trabajo del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas) fue porque, de algún modo, atempera los reclamos que podría suscitar el atraso del tipo de cambio.
Veamos los seis elementos críticos señalados por Moody´s (a los que habría que sumar la preocupación por los déficit provinciales y una “moderada incertidumbre política”).
1.- BAJO INDICE DE AHORRO.
El temor es justificado. La tasa de ahorro interno de 1992 es la más baja de la serie desde 1980 (seguramente desde antes, si hubiera datos consistentes con las nuevas cuentas nacionales).
La tasa de ahorro fue de 15,2% del PBI el año pasado; mientras que en 1980 era de 23,8%; en 1986, de 19,3%; y en 1987, de 19,9%.
Los estímulos que brindó el programa económico al consumo de autos, televisores, heladeras y lavarropas, gracias a su abaratamiento por la apertura importadora, acentuaron la escasa propensión de los argentinos al ahorro en comparación con otros países del continente (la tasa es más baja que
en Chile, México, Brasil y Venezuela) y en mayor medida -casi la mitad- con las potencias asiáticas emergentes.
2.- CUANTIOSO DEFICIT DE CUENTA CORRIENTE.
Si se analiza una serie histórica desde 1977, este déficit alcanzó un máximo de US$ 4.768 millones en 1980 (el tiempo de la famosa “plata dulce”). En 1992 la cifra se aproxima a US$ 7.500 millones.
El problema es que bajo hipótesis más o menos razonables el déficit de cuenta corriente va a seguir aumentando en los próximos años, a menos que se desacelere fuertemente el nivel de actividad.
Según algunos cálculos de expertos, si el crecimiento es de 3% anual como promedio, el déficit de cuenta corriente llegará a US$ 15.000 millones en el año 2000. La única posibilidad de que ello no ocurra es que las exportaciones comiencen a crecer a un ritmo aproximado a 13% anual. Nada indica hoy que ese nivel pueda ser alcanzado.
3.- DEPENDENCIA DEL FLUJO DE CAPITALES.
Es la contracara del bajo índice de ahorro. El país se financia con la suma del ahorro doméstico (público y privado) más el déficit de cuenta corriente (que es el ahorro externo). Es obvio que sería menos riesgoso no depender tanto de los flujos externos, pero está visto que aumentar el ahorro interno no es fácil. Esencialmente porque puede ser una tarea muy impopular, ya que implica reducir el consumo.
4.- EL NUEVO ENDEUDAMIENTO.
La inquietud de Moody´s tiene sólido asidero. El déficit de cuenta corriente es el endeudamiento externo adicional del sector público y del sector privado. En el actual programa de convertibilidad solamente se endeuda el sector privado. La lógica interna del plan impide que lo haga el sector público.
En una hipótesis optimista el Plan Brady significó una reducción de 30% sobre una deuda reestructurable de US$ 31 mil millones, lo que implica un achicamiento real de US$ 9.300 millones.
El déficit de cuenta corriente de los últimos 18 meses ya supera esta cifra.
Pero hay otro elemento a considerar. La cancelación de deuda externa originada en el proceso de privatizaciones alcanzó a US$ 12.000 millones. De proseguir al mismo ritmo, se “ganarían” dos años más. Por último: de los tres años y medio de “gracia” que le dieron al país el Plan Brady y las
privatizaciones, ya consumimos dos: 1992 y 1993.
5.- LA DEUDA PUBLICA CRECE Y NO SE PUEDE RENEGOCIAR.
Está confirmado que la deuda pública consolidada y reconocida sigue creciendo. Si se toma en cuenta la de origen interno y la externa, era de US$ 63.000 millones en 1991; y es de US$ 80.000 millones en 1993.
Como proporción del producto bruto, la deuda pública total pasó de 33,2% en 1991, a 28% en 1992, para volver a subir a 31,4% en 1993. Todas las reestructuraciones posibles han sido hechas. Ese mecanismo no está disponible en el futuro.
6.- FIN DE LAS PRIVATIZACIONES QUE APORTAN RECURSOS AL FISCO.
El ingreso en efectivo derivado de las privatizaciones alcanza a 1% del PBI: unos US$ 2.400 millones.
Es posible que la venta de acciones de empresas eléctricas y gasíferas, más otras privatizaciones residuales, todavía otorguen financiamiento al sector público durante 1994. Pero a partir de ese momento, ese recurso está agotado.
También se detecta inquietud en el dictamen de Moody´s por el crónico desajuste de las economías regionales y la baja calidad de los activos de los bancos provinciales, que arrojan más sombras sobre la marcha de las finanzas públicas.
Para estos experimentados analistas, la resistencia que hasta ahora logró trabar en el Parlamento las reformas previsional y laboral (presentadas como los paradigmas de la transformación estructural que conducirá hacia la competitividad de las empresas y, por ende, inducirá inversiones) oficia de
expectativa negativa a la hora de realizar las proyecciones. Y tampoco deja margen subjetivo favorable a las cifras el enrarecimiento del clima político que trae aparejada la insistencia del presidente Menem y de sus más directos colaboradores en la reforma constitucional con reelección.
Aun en los asépticos laboratorios económicos donde se miden los comportamientos de los indicadores y sus tendencias, no están ausentes una diversidad de elementos que hacen temer a los consejeros de los inversionistas extranjeros que puedan ser utilizados como vehículos para modificar la orientación de cambio en el rumbo económico hacia 1995.
El informe de Moody´s no sólo repercute en el ánimo de los inversionistas internacionales. Los deudores locales en moneda extranjera representan nada menos que 62,3% de los pasivos empresarios y no poseen seguro de cambio. Cualquier modificación en la paridad les caería de lleno y no todos estarían en condiciones de afrontarla con igual fortaleza. La encuesta del Instituto
Argentino de Ejecutivos en Finanzas identifica a 47,5% de las endeudadas como Pymes, mientras que 34,2% corresponde a las empresas medianas. Grandes son el restante 18,3%.
Si el flujo de capitales de corto plazo que sostiene el programa se cortara antes de que se incentiven las inversiones y se incremente la capacidad de ahorro, podría sobrevenir un colapso financiero de magnitud y consecuencias internas incalculables.
Claudio Viguera.