Las firmas argentinas dedicadas a la informática y las telecomunicaciones cruzan los dedos para que no se las incluya forzadamente en la unificación de nomenclador arancelario que deber regir desde el 1º de enero de 1995 en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en el marco del Mercosur.
En estos días, la comisión intergubernamental respectiva tendrá que expedirse acerca de si los empresarios de los países miembros, en especial los brasileños y argentinos, alcanzan un acuerdo para entrar en el convenio con un arancel que debería ubicarse entre los topes de 0 y 20%.
Hasta el momento, la posibilidad de un entendimiento que conforme a las partes asoma como remota. Desde la gestión de Carlos Menem, de este lado de la frontera se bajó la protección de los equipos de computación de 100% a 0 por considerarlos bienes de capital fundamentales para el desarrollo de la economía y la administración.
De este modo, en 1991 se importó por US$ 260 millones, más del doble que el promedio de los cinco años anteriores. En 1992, la cifra llegar a los 350 millones, según indicó el gerente de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina, Oscar Buzón.
Brasil, en cambio, tenía prohibido el ingreso desde el exterior de estos bienes hasta octubre de 1992, cuando se levantó la veda para permitir una actualización en calidad, tecnología y precio de su industria informática, que creció al amparo de la reserva de mercado con que se protegieron los proyectos.
TRANSICION POR SEIS AÑOS.
Una vez levantada la barrera, se fijó un arancel de 60%, luego de 40% y, a partir del mes que viene, de 35%. Según el titular de la Subcomisión de Comercio Exterior de la cámara, Alfredo Ballarino, a este nivel habría que agregarle las exenciones al impuesto a la producción industrial con que se benefició al sector, que significaría 15% adicional. Claro que de este lado, paralelamente, se estableció un “derecho de estadísticas” de 10% en el paquete anunciado el año pasado por el ministro Domingo Cavallo.
De las últimas conversaciones celebradas en Montevideo surgió una coincidencia entre los países por 75 a 80% de las posiciones para la constitución del nomenclador único. El resto, incluida la informática, entró en una transición que podría extenderse a seis años si se siguiera en la tónica refrendada en la reunión de presidentes en Asunción, durante diciembre de 1992. La informática es uno de los sectores que quedarán a la espera.
En el ámbito de las discusiones, todos veneran la integración y el Mercosur, pero ni los brasileños aceptan bajar el arancel a 20% ni los argentinos subirlo desde cero. Aunque en algunas de las empresas locales sospechan que algunos de sus colegas (connacionales y vecinos, o ambos de la misma casa matriz) no verían con tanto desagrado la compulsiva fijación del valor máximo como fórmula política, ya que con ello justificarían el traslado de negocios hacia Brasil.
Sin embargo, la posición del conjunto de empresas que actúan en la Argentina, expresada por la entidad que las agrupa, se sintetiza en que la rebaja de aranceles fue la que posibilitó inversiones en modernización productiva y administrativa, y que incluso se refleja en la cantidad de profesionales en sistemas, que antes no tenían trabajo, que pudieron acceder al mercado gracias al abaratamiento de las computadoras personales.
En la Secretaría de Industria y Comercio Exterior no quieren saber nada de que se encarezca el costo de las inversiones en informática, fruto de una transacción por el Mercosur que eleve el arancel. Y en Brasil defienden con uñas y dientes lo que va quedando de su industria mientras sueñan con una actualización tecnológica. Todas las compañías privadas que participan en las discusiones tienen puestos los pies en ambos países y, en muchos casos, su casa central anda por la Comunidad Europea o por el NAFTA.