Lamentablemente, las empresas distribuidoras de electricidad no cuentan con un recurso tecnológico que habría permitido evitar tanto sinsentido. No existe -al menos por ahora- un disyuntor que bloquee exclusivamente a los “colgados” de la red. Por tanto, cuando aumenta la demanda de una zona, más allá de lo razonable para el patrón de consumo de los usuarios comprendidos, el disyuntor actúa expeditivamente. Se corta el suministro para todos, “colgados” y clientes normales.
¿Cómo es posible que una empresa como Edenor -como podría ser Edesur- haya puesto en marcha una política cuyos resultados eran más que previsibles? Hay quienes acuden a la teoría del complot para explicar lo sucedido: las empresas buscaban este enfrentamiento -dicen- para en su momento pedir compensaciones, indemnizaciones o aumento de tarifa. La línea argumental es poco seria.
Para tener algo de claridad en este confuso episodio es conveniente formular algunas precisiones:
* Las empresas de distribución eléctrica deben hacer lo necesario para eliminar el fraude que significa que haya quien use electricidad y no la pág. ue. Lo que se deja de percibir para las tres empresas distribuidoras se estima en US$ 140 millones anuales.
* Las empresas no pueden, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, interrumpir el servicio intencionalmente -y eso es precisamente lo que implica el uso del disyuntor- a los clientes, usuarios o consumidores, como cada uno prefiera llamarlos.
* No es cierto el argumento tardío de que los famosos disyuntores están para proteger a los equipos generadores de la sobrecarga que originan los “colgados”. El mecanismo se planteó como un acto deliberado de la empresa para interrumpir el servicio. No importaría siquiera que, de 100 personas a las que les cortaran el servicio, 99 fueran “colgados”. Con que haya un solo cliente que abona su factura, el corte es una aberración.
* La decisión empresaria de impulsar este mecanismo dejó, en primera instancia, en difícil situación al Ente Regulador de la Electricidad, que acaba de comenzar a operar (ver página 99 de esta edición).
Y puso al límite de tensión los mecanismos previstos por la ley. ¿Qué debía hacer el Ente, convocar audiencias públicas mientras se incendiaba el Gran Buenos Aires?
* Las empresas debieron capitular de la peor manera: aceptando la injerencia y autoridad de quienes no tenían mucho que ver con el tema. El convenio firmado en el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, entre usuarios y empresa, significa que los primeros prometen consumir lo mínimo posible, y la segunda reducir al mínimo la eficiencia del famoso disyuntor (en verdad, a no usarlo).
* Es cierto, como aseguran voceros de la empresa, que se politizó el conflicto. A lo cual es necesario oponer dos reflexiones: 1) ¿A nadie se le ocurrió qué podría pasar al aplicar el mecanismo de corte en vísperas de una elección interna del peronismo en una zona clave como La Matanza?; 2) y más grave:
¿quiere decir que, si se elige un lugar y una oportunidad donde haya garantías de que no habrá intervención política, es posible la política de cortes punitorios?
Tanto las empresas cuanto el organismo regulador, los poderes públicos y los consumidores/usuarios deben extraer algunas enseñanzas de este absurdo episodio.
* Es la empresa quien debe resolver el problema de los “colgados”. No es fácil. Pero no se puede hacer lesionando el interés de los clientes que pagan, y mucho menos provocando interrupciones deliberadas del servicio que, por ley y según los términos de la concesión, hay obligación de garantizar.
* A la luz de este incidente, es menester revalorizar, rescatar, precisar el contenido de la noción de interés público. Estar en un negocio, por atractivo y ventajoso que pueda ser, donde está involucrada en primer plano la idea de interés público, impone restricciones y prudencias necesarias.