Hay un giro en el humor de los agentes económicos y en la percepción de lo que deparará 1993.
Hacia finales del tercer trimestre aumentaron las predicciones de dificultades y contratiempos que acecharían a la economía en los próximos meses. La profecía tendió a cumplirse, y ocurrió -antes de lo previsto- la minicrisis de noviembre.
Si bien el problema de fondo -la estructura de precios relativos- no se corrigió, la firmeza y celeridad del gobierno para conjurar la crisis, pero también una buena dosis de ponderación por parte de las empresas y la sociedad, dio nueva sobrevida al programa económico.
Es probable entonces que 1993 resulte mejor que lo que avizoraron los profetas del desastre, aunque quizá no tan bueno como prefieren creer los optimistas a ultranza.
Hay, además, un telón de fondo en el escenario de 1993: los comicios de renovación parcial de la Cámara de Diputados y el destino de la reforma constitucional que propicia el gobierno. Falta por ver si opera la “maldición del cuarto año”. A todos los gobiernos constitucionales les ha resultado imposible ganar elecciones parciales al ingresar en el último tercio del período. Si Carlos Menem logra superar esta prueba, además de batir una marca se habrá consagrado como un líder político de inusual habilidad -y suerte-.
Los debates que cobrarán relieve en el campo económico -y el desarrollo de los procesos a que darán lugar- no serán inocentes en esa contienda política. Por ello es doblemente importante levantar el mapa de los “accidentes”, discusiones, pujas, conflictos y demandas que serán titulares de los periódicos durante los próximos doce meses.
1 LA REFORMA PREVISIONAL.
La sabiduría convencional repite que el destino del plan de convertibilidad se juega aquí. Si no se aprueba el proyecto de reforma previsional -se dice- será el principio del fin.
Lo que está claro es que se avanza hacia un sistema mixto, con un sector manejado con las reglas de la capitalización, y otro, como hasta ahora, con el mecanismo de reparto a cargo del Estado.
Mediante este mecanismo de ahorro compulsivo de los asalariados (que en el primer año permitiría contar con una masa de US$ 3 mil millones), se podrían alimentar las necesidades del mercado de capitales. De aquí provendrían los recursos para financiar la inversión y el crecimiento.
Obviamente, para el sector financiero la cuestión es de capital importancia, ya que los recursos del sistema llegarán a ser más importantes que la masa total de depósitos (en Chile, tras once años de operaciones, los fondos de jubilaciones y pensiones manejan US$ 20 mil millones, contra US$ 12 mil
millones del sistema bancario).
La resistencia de los jubilados, de los sindicatos y de la oposición política ha obligado al gobierno a conceder mucho más de lo previsto en el proyecto original. El Estado asumió compromisos que pueden devenir en una nueva hipoteca nacional, ya que los gastos para atender estas obligaciones suponen un desequilibrio de caja por lo menos hasta el año 2025.
El gasto público dedicado al sector de población mayor de 65 años es ya equivalente a 13% del PBI (incluido el PAMI). ¿Cómo se financiarán este gasto y el que resulte del nuevo sistema?
La alternativa para el gobierno es colocar títulos de deuda pública para captar recursos de los fondos de pensión. Para los bancos no hay inconveniente: prestar al Estado no ha sido nunca mal negocio.
Pero, en la medida en que el gobierno capture parte sustancial de esos fondos, no quedarán tantos capitales disponibles para financiar inversiones privadas. Podría argumentarse que al Estado le queda otra alternativa: aumentar los impuestos. Ninguna de las dos es satisfactoria para el sector privado
que demanda créditos.
2 LEGISLACION LABORAL.
Los sindicatos se oponen a la “flexibilización”. Los empresarios la postulan para poder reducir el “costo argentino”, aumentar la productividad y facilitar el ajuste.
Las distintas concesiones que podrían hacerse en este terreno y en el de las obras sociales puede resultar en efectos no previstos ni queridos.
El tema guarda íntima vinculación con la estructura de precios relativos de la Argentina. Ninguna nueva legislación puede garantizar un impacto inmediato sobre la productividad. En consecuencia, el tema de los salarios altos, expresados en dólares, se mantendrá como una de las grandes dificultades
en 1993.
3 POSTPRIVATIZACION.
Se ventilará, con mayores datos, la polémica sobre si las privatizaciones son una verdadera “mina de oro” para las empresas privadas que asumieron el reto. Para poder financiar las inversiones comprometidas es casi seguro que los nuevos propietarios demandarán incrementos en las tarifas,
especialmente en gas y electricidad.
En suma, es probable que muchos de los que ganaron licitaciones de privatización reclamen modificaciones en los pliegos originales, lo que abrirá un nuevo frente de fricciones. Además, surgirá la discusión sobre quién manda en las grandes empresas que dominaron el proceso de privatización: los accionistas o los gerentes. Al igual que en el mundo industrializado, los gerentes suelen tener un notable poder de decisión (exagerado, según muchos observadores). Si algunas de las empresas protagonistas entran en dificultades financieras -como se sospecha en los bancos con relación a algunos casos concretos- ese debate alcanzará niveles sin precedentes.
4 ¿NUEVA OLIGARQUIA?.
Los que prefieren analogías históricas simplistas comienzan a hablar ya de una “nueva oligarquía”. Así como en 1880 -dicen- el botín fue la abundante tierra pública disponible, ahora lo son las empresas estatales.
Desde otra óptica, hay quienes sostienen que los grandes grupos ganadores de las privatizaciones son la nueva versión del empresariado “schumpeteriano”. Innovadores, creativos, capaces de construir nuevos imperios económicos.
Lo cierto es que jamás hubo tanta visibilidad de los grandes grupos empresariales locales (ver la encuesta “El poder en la Argentina”, a partir de la página 14).
Los grandes grupos deberán estar preparados para este debate. Es mucho lo que está en juego. Otro caso complicado como el de Aerolíneas puede arrastrar incluso a los que lo estén haciendo bien.
5 NAFTA VS. MERCOSUR.
La ofensiva contra el esquema de integración regional ganará en intensidad. El gran argumento lo brinda la “incertidumbre brasileña”, aunque el motor real de la campaña lo aportarán los intereses afectados. Es cierto que hay un déficit comercial muy importante con Brasil, pero también lo es que, además de las medidas correctivas adoptadas por el equipo de Cavallo, comienza a repararse
también en la magnitud del déficit comercial con Estados Unidos.
Una posible integración continental, a partir del Nafta (sigla inglesa para el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá), es atractiva, pero de difícil concreción. George Bush deja el gobierno y habrá que ver el destino de su “Iniciativa para las Américas”. Bill Clinton debe hacer explícita su política hacia la región.
Pero, en todo caso, no hay un solo ejemplo de integración económica en el mundo que no comience con los países vecinos.
6 ¿RECESION Y DESEMPLEO?.
En el campo de la macroeconomía, el gobierno se encontrará con una difícil disyuntiva. Descartada la devaluación, y visto el reducido margen de maniobra que tiene la aplicación de políticas públicas que no satisfagan enteramente al mercado, la posibilidad de la recesión -aunque no querida por el gobierno- gana intensidad.
Hay indicadores que señalan que el nivel de desempleo podría acercarse a 10% en algún momento de este año. Esta circunstancia dominará totalmente el debate electoral. Para el gobierno es claro que los logros económicos no son garantía cierta de ganar los comicios de septiembre, pero en cambio
las dificultades económicas pueden contribuir a una eventual derrota.
El contexto internacional es adverso. Prácticamente todo el mundo industrializado está inmerso o próximo a ingresar en una recesión. Las posibilidades de exportar o de incentivar el ingreso de capitales foráneos encontrarán una restricción objetiva.
7 DEMORA EN LA VENTA DE YPF.
Desde la perspectiva fiscal, los ingresos que supone el proceso de privatización de YPF tornan imperioso acelerar el trámite y cumplir a rajatabla con las fechas fijadas.
Hay dos polémicas abiertas sobre este tema. La primera tiene que ver con el tamaño de la futura YPF.
Una tesis es que la actual empresa debe subdividirse en tres o cuatro empresas de parecido tamaño, y recién entonces proceder a su privatización. El argumento central: que se recaudará más por la venta y se preservará la competencia en el mercado.
La otra posición (ver página 48) es la del titular de YPF, José Estenssoro, que prefiere la privatización de una sola empresa de buen tamaño -aunque menor que el que tenía- ya que el actual proceso de internacionalización de la actividad garantiza la competencia y evita la colusión, cualquiera sea el
tamaño de las compañías que operen.
Otra disputa es sobre el modo de privatizar. Están los que sostienen que se debe optar por colocaciones abiertas en el mercado de capitales, y los que creen que es mejor recurrir a colocaciones condicionadas.
8 AJUSTE EN LAS PROVINCIAS.
La tesis oficial es que las provincias deben pasar por el mismo riguroso ajuste a que se vio sometido el gobierno nacional. La embestida de Cavallo contra los bancos provinciales -al exigirles que presten a tasas especiales- apunta en esa dirección, aunque en la práctica se ha demostrado que es una directiva de cumplimiento imposible.
Por otra parte, el discurso oficial ha comenzado a enfatizar la importancia del gasto social durante este ejercicio fiscal. Como muchas de las actividades vinculadas -en educación y salud- fueron transferidas a la órbita provincial, son los gobiernos locales los que tendrán a su cargo la mayor parte del gasto social.
Es imposible que esta confrontación no sufra el impacto del clima preelectoral. Tal vez en 1993 la opinión pública llegue a conocer, con la mayor aproximación, cuál es el verdadero estado financiero de las provincias. Cuáles son las deudas que mantienen con la Nación, cuáles son las bien administradas, cuáles las más dispendiosas o negligentes.
9 BOOM DE LOS RECURSOS NATURALES.
Aumentar exportaciones industriales parece difícil dado el efecto combinado del “costo argentino”, el proteccionismo de países industrializados y la semi-recesión en los principales mercados. La colocación externa de productos básicos de la agricultura está condicionada al resultado final de la Ronda Uruguay del GATT, y es difícil -en todo caso- que se perciba un efecto positivo durante 1993 en este terreno.
El gran tema, por lo novedoso, promete ser el esfuerzo deliberado por promover la exportación significativa de nuevas materias primas, o la explotación intensiva de los recursos naturales.
Aunque sea por un corto período, hay posibilidades de incrementar la venta externa de gas y petróleo en una suma estimada en US$ 1.000 millones. El sector pesquero, incentivado, podría aportar otros US$ 500 millones.
Pero lo novedoso sería la explotación minera. El ejemplo de Chile ha impactado al gobierno nacional. A menos de 20 kilómetros de la frontera argentina se han registrado masivas inversiones australianas y neocelandesas por valor de US$ 1.000 millones, que además de importante ingreso de capitales significan potenciación de las exportaciones. Argentina puede intentar convertirse en un
nuevo “El Dorado” este año.
En síntesis, el país avanzaría hacia un modelo menos industrial, para privilegiar la explotación intensiva de sus recursos naturales y el desarrollo de un sector de servicios sofisticado.
10 PODER SINDICAL CONCENTRADO.
Probablemente este año se vea con claridad un nuevo fenómeno: la concentración del poder sindical en menos de 20 gremios importantes, con gran peso de negociación y habilidad para influir en las decisiones. (Especialmente en un año caracterizado por una contienda electoral cuyo resultado es
esencial para los planes de continuidad del gobierno).
Mientras los empresarios se preocupan por la notable visibilidad que han alcanzado una decena de grandes grupos empresariales y los riesgos que puede suponer para toda la comunidad de negocios, un proceso similar se está dando sigilosamente en el campo de los sindicatos.
Lo que ocurra con la ley de obras sociales será determinante para comprobar si de verdad está en marcha una redefinición del poder sindical, cuyos efectos políticos será preciso calibrar.