La posibilidad que ahora tienen las empresas locales de obtener fondos a mediano plazo en los mercados internacionales es uno de los logros más significativos del plan de convertibilidad.
Quienes tienen acceso a esa alternativa logran importantes beneficios, tanto en su desenvolvimiento económico como financiero. La obtención de préstamos en el exterior les significa acceder a tasas fijas que oscilan entre 8 y 10% anual, que contribuyen a disminuir notablemente la gravitación de los intereses dentro de los costos, una de las características principales que surgen de analizar los balances de las empresas.
La explicación es sencilla. En los años previos a 1991, las tasas de interés reflejaban el efecto inflacionario y el riesgo emergente de la inestabilidad económica. Esto último quedaba de manifiesto en los elevados spreads que las instituciones financieras percibían por su intermediación.
En la Argentina la experiencia es muy amplia en este aspecto; hubo épocas en las que el costo de la intermediación era muy superior al nivel de la tasa de interés pasiva. En esas condiciones no era de extrañar que empresas de envergadura, que desarrollaban sus actividades dentro de parámetros considerados normales, soportaran una carga por intereses superior a 40% de las ventas.
Esta era una de las razones por las que los directivos reducían al mínimo indispensable las inversiones productivas con una doble finalidad: por un lado, pagar la menor cantidad posible de intereses y, por el otro, mantener una buena liquidez financiera para actuar como colocadora de fondos en el mercado. Esto trajo como consecuencia que la mayoría de las empresas se transformaran en mesas de dinero con una actividad complementaria industrial, que en la mayoría de los casos, por lo menos contablemente, arrojaba quebranto.
DESDE EL EXTERIOR.
Con la confianza que el actual programa generó en los mercados internacionales, las empresas y las entidades financieras se volcaron en forma masiva a la obtención de fondos externos. Es así que, hasta fines de setiembre, las emisiones de obligaciones negociables aprobadas por el gobierno y las que se encontraban en trámite sumaban US$ 2.300 millones.
Una gran parte de las obligaciones negociables emitidas, que deben concretarse a un plazo mínimo de tres años, tienen como referencia la tasa Libor, más un porcentual que oscila entre 1 y 3 puntos anuales. Por lo tanto, las empresas que lanzaron títulos en esas condiciones abonan tasas que giran en torno de 0,5% mensual, mientras que en el mercado local oscilan en 1,5%, computando todos los adicionales que normalmente forman parte del costo de un préstamo.
En promedio, puede estimarse que el ahorro por diferencia de intereses que significa para las empresas la emisión de obligaciones negociables oscila entre 0,7 y 1,2% mensual, que sobre el importe total de US$ 2.300 millones, representa entre US$ 16 y 28 millones (US$ 190 y US$ 330 millones en un año).
Esta tendencia probablemente se acentúe en el futuro, siempre y cuando no se produzcan cambios de importancia en la confiabilidad externa. Esto permitirá que, con el tiempo, no sólo las grandes empresas accedan a esa alternativa, sino también las medianas y en una etapa posterior las de dimensiones más reducidas.
La dificultad de acceso de las medianas y pequeñas empresas al crédito externo es una de las razones que contribuyen a que este sector resulte el más perjudicado por el actual programa económico; los préstamos que obtienen en la plaza financiera raramente se ubican por debajo de 3% mensual y muchas veces superan 5% mensual, especialmente en el interior del país.
A partir de noviembre, las condiciones para concretar emisiones de obligaciones negociables cambiarán sustancialmente. Las empresas que decidan hacerlo deberán estar evaluadas por dos calificadoras de riesgo.
Sin este requisito, la Comisión Nacional de Valores no otorgará la autorización correspondiente, que en este caso sería prácticamente un requisito casi formal, teniendo en cuenta que, a través de la categoría que las calificadoras de riesgo otorguen a la empresa y a la emisión, los inversores estarán en mejores condiciones para evaluar con mayor aproximación los riesgos que asumirán al suscribir esta clase de títulos.