La aplicación del IVA a los seguros a partir de abril no provocó alteraciones de importancia en el mercado, aunque, para tener una noción más exacta, habrá que esperar hasta julio o agosto, cuando se conozcan las cifras reales de producción del segundo trimestre del año.
Es probable, incluso, que las cifras aparezcan distorsionadas, debido a que, ante la proximidad de la implantación del gravamen, muchos asegurados que tenían vencimientos en abril decidieron anticipar a marzo la renovación de su póliza, haciendo uso de la franquicia que posibilita adelantar en un mes la renovación del contrato.
Según Daniel Salazar, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), la difícil situación financiera de las empresas del sector tornó imposible que pudieran absorber el IVA, y el impuesto se trasladó en su totalidad a los clientes. Por lo tanto, el costo de las pólizas se incrementó a partir de abril en 18%, el equivalente a la alícuota del IVA. Ello, sostiene Salazar, hizo retrotraer los precios a dos años atrás. Incluso, según su apreciación, el costo actual de los seguros todavía es inferior al vigente en 1990.
Esto se explica por la desmonopolización y desregulación, que durante el año pasado y principios del actual contribuyeron a que el precio de los seguros declinara en promedio 20%.
Roberto A. Blanco, titular de la compañía de Seguros del Interior y presidente del recientemente creado Movimiento Asegurador Privado (MAP, que nuclea a la Buenos Aires, Grupo Juncal, Iguazú- Zurich, Interamericana, Central del Plata, La República y la propia Seguros del Interior), sostiene que las nuevas normas que regulan la actividad obligarán a las compañías a actuar con más objetividad, establecer tarifas que respondan a criterios técnicos y poner mucho más énfasis en las cobranzas.
Esto permitiría que a corto plazo, posiblemente antes de fin de año, las compañías dejen de ser deficitarias y comiencen a capitalizarse “no a costa de los accionistas, sino de los resultados favorables de la explotación”, afirma Blanco.
En su opinión, las nuevas condiciones de la plaza conducirán inexorablemente a un proceso de concentración, ya que no parece razonable que sobre 195 compañías existentes en el mercado, 50 absorban 85% del volumen total de los negocios, mientras que las 145 restantes cubran sólo 15%.
Este período de decantación y depuración puede demorar, según Blanco, no más de dos años, aunque todo esto estará condicionado a la política que en el futuro adopte la Superintendencia de Seguros con respecto al ritmo que se imponga a las empresas para adecuar su situación a las nuevas reglas de juego.
VOLVER AL NEGRO.
Si las empresas comienzan a mostrar balances con cifras en negro, los accionistas serán los primeros interesados en mantener el negocio y aportar los fondos necesarios para que la compañía continúe desarrollando y ampliando sus actividades, sostiene Blanco.
El actual régimen de libertad para contratar el reaseguro y la mayor actividad económica pronosticada para el año próximo contribuirán a que el mercado tienda a afianzarse. Esto se hará mucho mas evidente, agrega Blanco, en el rubro automotor, teniendo en cuenta que la mitad de los vehículos que hoy circulan por las calles no están cubiertos con ningún tipo de seguro, ni siquiera el de responsabilidad civil. Tarde o temprano, esto tendrá que regularse en el país, lo que incidirá significativamente en el mercado asegurador, donde este segmento absorbe prácticamente 60% del total.
Si se considera que el año pasado el monto total de las pólizas ascendió a US$ 3.200 millones, es posible estimar que el rubro automotor representó cerca de US$ 1.800 millones. Un incremento de 50% de esa cifra elevaría el importe total del sector a US$ 3.000 millones, con el consiguiente efecto multiplicador sobre toda la actividad aseguradora.
El mercado también se verá tonificado cuando el disuelto INDER (Instituto Nacional de Reaseguros) comience a liquidar el run-off con las compañías aseguradoras; es decir, el pasivo remanente de las operaciones de reaseguro contratadas con la entidad.
Como se advirtió en la anterior edición de MERCADO, las deudas del INDER aún no fueron debidamente cuantificadas; las estimaciones más optimistas las sitúan en US$ 1.000 millones, pero algunos analistas sostienen que se acercan a US$ 1.800 millones. Todo indicaría, sin embargo, que la realidad está en el medio de ambas cifras.
La cancelación de esa suma quedará a cargo de la comisión liquidadora recientemente creada, cuyos fondos provendrán de los impuestos internos que gravan la actividad aseguradora, que en promedio representan 7,2% de las primas.
Considerando que las primas totales se acercan a US$ 270 millones por mes, se deduce que los fondos a disposición de la comisión sumarán entre US$ 18 y 20 millones mensuales. Salazar opina que es muy importante que se garantice la total transparencia de las actividades de la comisión y que se brinde una pormenorizada publicidad de todos sus actos. Esto es de suma importancia, sostiene, porque de su accionar depende el futuro de muchas compañías de seguros.
Por lo tanto, tendría que aplicarse una mecánica explícita de liquidación para evitar subjetividades en un tema opinable, dado que el run-off está integrado en su mayor parte por la participación que le corresponde al INDER en las demandas judiciales contra las compañías de seguros, especialmente en los casos de accidentes de trabajo y responsabilidad civil en automotores.
La comisión liquidadora deberá informar, según Salazar, el monto detallado de sus ingresos y de las imputaciones efectuadas contra ellos. Por eso, es indispensable la existencia de criterios previamente establecidos para determinar cómo se distribuirán los recursos fiscales a su disposición.
El asunto es muy claro. Si el organismo dispone de recursos por $ 100 y sus obligaciones inmediatas alcanzan a $ 200, deberá establecerse con absoluta precisión cómo se asignarán los fondos para evitar injusticias e inequidades.
Como en la actividad aseguradora la transacción previa a la sentencia judicial es una mecánica normal en los siniestros, Salazar sostiene que en esa instancia previa debe intervenir activamente la comisión, aceptando y participando en los términos de la negociación. Si en este terreno no hay una respuesta rápida de la comisión, los costos siniestrales finales de las carteras reaseguradas en su momento en el INDER se verán sensiblemente aumentados.
Si se confirma que los ingresos anuales de la comisión bordearán US$ 250 millones, el plazo de vigencia de este organismo se extenderá entre cinco y seis años, aunque Blanco opina que puede acortarse a tres o cuatro. Para eso, debe actuar con rapidez y concretar buenos arreglos.
Esta es la aspiración de todos los sectores aseguradores, porque implicaría que las empresas podrán recuperar con rapidez acreencias que en su momento aparecían como irrecuperables. Además, al concluir su labor la comisión liquidadora, dejarán de tener sentido los impuestos internos que hoy alimentan su presupuesto. De esa forma, el costo de las pólizas disminuiría en 7%, lo que contribuiría a brindar un nuevo y sostenido impulso a toda la actividad.