El fundamento del proceso de privatización en todo el mundo, desde la perspectiva de sus principales impulsores entre los partidarios del libre mercado, es la profunda convicción en las virtudes de la competencia. Más allá de la polémica sobre si el Estado es ineficiente per se cuando se involucra como agente económico, lo que tenían en mente los mentores ideológicos de la privatización era la urgencia de liberalizar mercados monopólicos.
Es cierto que muchos gobiernos y políticos abrazaron la causa privatizadora por otras razones más pragmáticas o urgentes: la necesidad de obtener recursos para reducir el endeudamiento público, y detener la hemorragia que las pérdidas de empresas operadas por el Estado ocasiona a las arcas fiscales.
También es evidente que el consumidor (cliente, o usuario, como se prefiera llamarlo) apoyó la tendencia sobre la base de que se le prometían mejores servicios, aunque quizás a mayor costo.
Cuando la experiencia lleva ya una década en el mundo industrializado, los más entusiastas partidarios de privatizar se plantean serias dudas sobre si se logró el ansiado objetivo desmonopolizador en áreas tan sensibles como las telecomunicaciones, la provisión de agua potable, gas y electricidad.
La reflexión es más que oportuna en el punto del proceso en que se encuentra el país, a punto de concretar la mayor parte de las transferencias previstas al sector privado. Las primeras conclusiones que se extraen de la experiencia de países que avanzaron notablemente en este camino muestran que se lograron éxitos de importancia, tanto en la obtención de recursos financieros como en la creación de una nueva y extendida clase de accionistas (“capitalismo popular”, como se le ha dado en llamar). Igualmente significativa es la despolitización de las decisiones en esas empresas, que representan una porción importante de la economía.
En cambio, desde la perspectiva de la liberalización de los mercados -verdadero artículo de fe- la comprobación es que es poco lo que se ha avanzado, tanto que autoriza a decir que es una prioridad postergada. Si ello es así se debe en buena medida a la contradicción evidente que existe entre asegurar un buen rendimiento a los empresarios e inversionistas que tomaron el control de las nuevas empresas privadas, y la más abierta competencia.
Dicho de otro modo: quienes invirtieron, reemplazando al Estado, tienen la expectativa de una buena tasa de retorno. Cuanto más se liberaliza un producto en el mercado, más riesgosas y difíciles son las perspectivas de ganancias para las empresas que intervienen. Un ejemplo evidente es el caso de las operadoras telefónicas que necesitan reservarse todas las áreas actuales y futuras del negocio.
Esta comprobación, suministra munición a los adversarios de la privatización. Les permite afirmar que el hecho de pasar de pública a privada no garantiza necesariamente que una empresa sea más eficiente. Más aún, dicen, la lógica de maximizar los beneficios, implícita en todo negocio, puede hacer que los servicios no estén al alcance de largos segmentos de la población.
Hay una tercera posición, que desarrollan John B. Goodman y Gary W. Loweman en la Harvard Business Review (edición noviembre-diciembre 1991). La cuestión -dicen- no es si la propiedad es pública o privada. Lo que importa es bajo qué condiciones es más probable que los gerentes de esas empresas actúen en beneficio del interés público. Para lo cual el Estado debe precisar cuál es el interés público en juego antes de transferir la propiedad, para que los inversores sepan qué se espera de ellos.
El corolario es simple: hay que olvidarse del debate ideológico. Lo que importa es la calidad de la gerencia. La privatización será efectiva si los gerentes actúan conforme al interés público, lo que no incluye únicamente eficiencia. Se sirve al interés público cuanto mayor es la competencia. De lo contrario estará siempre pendiente la espada de Damocles de una futura intervención del Estado.
LA HORA DEL CONSUMIDOR.
La década del ´90 es el tiempo en que el consumidor dictará las reglas de juego. Por lo menos así lo pronostican, para las principales economías del mundo, los adelantados de las nuevas teorías de marketing. Entre nosotros, todavía falta mucho para llegar a ese estadio, pero en cambio crecen las demandas de los usuarios de empresas de servicios públicos ahora privatizadas.
Gran Bretaña no es un país especialmente importante en la economía mundial. Sin embargo, sus experiencias en la década del ´80 la convirtieron en un laboratorio cuyas ideas y experimentos fueron seguidos con singular atención e influyeron en todo el mundo. Antes fue la privatización, el “capitalismo popular” y la ortodoxia monetarista. Hoy son los derechos del consumidor, la nueva bandera levantada por los conservadores, con cuya ayuda aspiran a retener el gobierno en las próximas elecciones generales.
En todo caso, la creciente relevancia del consumidor, la necesidad de que las empresas se preocupen especialmente de las demandas y exigencias de sus clientes, está firmemente instalada en la agenda política y económica de los ´90.
Los apóstoles de la nueva teoría vaticinan que se acerca la hora en que toda la actividad económica estará orientada a satisfacer las crecientes expectativas del consumidor. Se supone que éste estará mucho más informado, con mayor conciencia de sus intereses y necesidades, y con un elevado nivel de expectativas.
Es probable que esta visión del “consumidor-rey” sea una predicción que tarde más tiempo del previsto en materializarse. Aun así es evidente que en las economías de vanguardia ya no basta con tener una marca bien establecida y un buen producto: es preciso consultar y satisfacer las apetencias de consumidores cada día más exigentes. Toda la actividad de marketing, comercialización, distribución y almacenamiento estará signada por esta nueva realidad.
En mercados como el nuestro, todavía rezagados en cuanto a diversificación de la oferta y a la conciencia de los consumidores sobre sus propios derechos, el proceso será mucho más lento. Pero hay un área donde esta creciente exigencia se plantea con claridad: la calidad del servicio que prestan las empresas privatizadas.
En esta dirección se inscribe una iniciativa de Telecom que se está dirigiendo directamente a los actuales usuarios del servicio para proporcionar información sobre la situación que confronta la empresa y las previsiones que se están adoptando para solucionar los problemas. Es un paso en la dirección correcta. Pronto habrá que complementarlo. Esta empresa -como las otras en idéntica condición- deberán averiguar qué piensan realmente sus clientes y qué expectativas tienen. Acelerar este proceso es parte también de la modernización del país.
LIBRE MERCADO Y CONTRADICCIONES.
Es un exceso de nuestra era: las verdades y conveniencias de dejar operar libremente a las fuerzas del mercado se han convertido en una superchería. Esta parece ser la más reciente conclusión de ensayistas de fama mundial como Jacques Attali, Alan Touraine y Robert Kuttner, entre otros. Todo lo resuelve la “mano invisible” del mercado. Los que difunden la teoría viven en economías donde las ventajas son tan obvias que a nadie sorprende la intervención o regulación del Estado en muchos aspectos de la vida cotidiana. Tal vez por esta obviedad, no se registra el papel del Estado cuando la
teoría se exporta.
Para los países de Europa central que pugnan por salir de una economía rígidamente planificada y para muchas naciones de América latina y de otras latitudes que, por primera vez en décadas hacen el intento de abrir sus economías, el trasplante sin reservas puede ser fatal.
Una cosa es entender que el Estado industrial ha muerto. Otra muy distinta vaciarlo de todo contenido y misión. La mejor manera de entender el problema en su real dimensión y significado es registrar algunas circunstancias, polémicas y contradicciones que son frecuentes en las economías más prósperas.
* Alemania -por lo menos la Alemania Federal- es un ejemplo paradigmático de las bondades del libre mercado. Lo que no se dice frecuentemente es que el gobierno otorga subsidios (una palabra prohibida para los profetas del libre mercado) anuales por valor de US$ 70 mil millones (más o menos la misma cifra en que se estimó el costo de la unidad con la zona del este). Están en pie más de 1.200 subsidios a distintas industrias. El más llamativo es el que se otorga a la minería del carbón, que insume US$ 7 mil millones al año, merced a lo cual se extraen 40 millones de toneladas de carbón que se podrían comprar a bajo precio en la vecina Polonia.
* También en Alemania surgió la noción de economía social de mercado entendida como un compromiso entre el Estado, sindicatos y empresarios para mantener precios y salarios dentro de ciertos límites. La sola idea de un acuerdo sobre estas materias repugna a los defensores del libre mercado a ultranza, pero los resultados fueron tan espectacularmente favorables que debieron silenciar sus críticas.
* La Política Agrícola Común de la CEE es un caso extremo de intervencionismo al que ninguno de los 12 socios parece dipuesto a renunciar. Para contraatacar, Bruselas ha puesto a disposición un largo listado de regulaciones y medidas intervencionistas en la economía estadounidense.
* Los fabricantes de automóviles en EE.UU. han forzado “acuerdos de caballeros con los productores japoneses, uno de los ejercicios más intervencionistas y proteccionistas de que se tenga memoria. Algo muy parecido lograron los fabricantes de microchips para frenar la penetración japonesa, aunque el resultado haya sido el encarecimiento del producto para todo el mundo.
* También en Estados Unidos se empiezan a descubrir las limitaciones del libre mercado en algunos campos. La Heritage Foundation, un bastión del libre mercado, acaba de descubrir que el Estado deberá intervenir para lograr un eficiente sistema de salud nacional (la salud es competencia exclusiva del Estado en Japón y casi exclusiva en los países europeos).
* La crisis del sistema bancario en EE.UU. tiene que ver con que se confundió regulación con supervisión. Estuvo bien desregular, pero mal cuando se olvidó el papel esencial de supervisar el comportamiento de las instituciones cuando los depósitos tenían garantía del gobierno federal.
Ahora hay que enfrentar los resultados desastrosos de la crisis del sistema de “saving loans”, que deberá pagar toda la sociedad.
* El entrenamiento y aprendizaje de los recursos humanos no es algo que preocupe al libre mercado, pero las consecuencias son definitivas para la economía de un país. Por eso países como Francia, Suecia o Alemania imponen contribuciones específicas a los empleadores. Es el Estado quien debe asumir la responsabilidad por contar con recursos humanos calificados y es quien debe fijar las reglas de juego.
La equidad dentro del cuerpo social, la mejor distribución del ingreso, la calificación de los recursos humanos, el disponer de una sociedad sana, educada y con capacidad de consumir, es responsabilidad del Estado. Una cosa es reducir el poder del Estado, limitar su capacidad de intromisión, y otra muy distinta es socavar su capacidad para cumplir la función asignada. Si los empleos públicos -que deben ser pocos- son mal pagos y poco prestigiosos, a nadie debe extrañar que no exista la adecuada capacidad de regular y arbitrar.
EL DEBATE POLITICO DE LOS ´90.
La fórmula es: autonomía y libre mercado, en coexistencia con el Estado de bienestar. No hay audiencia más ansiosa que los políticos cuando se trata de detectar los temas que estarán sobre el tapete en los próximos años.
Perciben que hay una imperiosa necesidad de renovar la agenda y de ofrecer nuevas alternativas al electorado. Si primero fue el centroizquierda quien se quedó sin libreto, luego le tocó el turno al centroderecha.
En Gran Bretaña, desde las preocupadas filas del Partido Conservador, protagonista de cambios radicales con Margaret Thatcher durante una década, y ahora anquilosado, aparece un nuevo profeta cuyo mensaje se expandirá velozmente.
John Gray acaba de publicar su ensayo The Moral Foundations of Market Institutions (editado por The Institute of Economic Affairs, 7,95 libras), que puede ser la fuente de inspiración que demandan políticos de varios continentes. Desgraciadamente para los que militan en la izquierda o en el centro, Gray viene de la derecha y a ella se dirige. No obstante está dispuesto a dar unos cuantos sobresaltos a los de la propia tribu.
Los pilares de la propuesta del académico de Oxford son: el sentido de la política es promover la autonomía del ser humano, que es un estadio más avanzado que la libertad. La autonomía implica capacidad de elegir por parte del individuo y una auténtica gama de opciones provista por su entorno. Si no existen estas opciones, la autonomía se desvanece y no importa que el individuo tenga derecho a elegir.
El libre mercado es esencial siempre que genere mecanismos para defender y mejorar la autonomía.
Allí reside la justificación ética del libre mercado. Es que el mercado no lo es todo: para que haya opciones reales a disposición de todos, el Estado debe satisfacer las necesidades básicas del individuo a través de políticas culturales y de bienestar. Pero con carácter supletorio: cuando el mercado, la familia o entidades gubernamentales fallen en ese cometido.
¿Y cómo se define “necesidad básica”? Es aquella cuya satisfacción es esencial para que la vida valga la pena. Los reclamos del ciudadano al Estado no derivan de derechos o de la justicia: solamente se justifican por la necesidad.
Para que quienes deberían estar cercanos a su pensamiento no se asusten, Gray clarifica que piensa en un Estado pequeño, que será suplementario y no reemplazante de la actividad privada. Un Estado, en fin, que no consuma más de la cuarta parte del PBI.