El Estado industrial ha muerto. El Estado empresario quebró hace tiempo. Pero el Estado, ese aliado indispensable de la empresa privada para ayudar a penetrar mercados externos y derribar barreras, debe ser revigorizado y modernizado.
Quienes pregonan el fin del Estado tienen tanta posibilidad de acierto como los profetas del fin de la historia. El Estado debe acentuar su papel como árbitro de intereses sociales en conflicto, debe cumplir la tarea que el libre mercado no está en condiciones de realizar, y debe propiciar equidad entre los miembros del cuerpo social.
Hay consenso en una amplia banda de opinión -que incluye desde el Banco Mundial hasta los partidos políticos más importantes en que tan urgente y necesario como la apertura económica y la liberalización de los mercados, es invertir en la gente.
Sin ciudadanos sanos, educados, y con efectiva capacidad de consumo, no hay posibilidad de un só1ido y sostenido crecimiento económico.
La conclusión es obvia: hace falta más -y no menos- gasto público. Un gasto que debe ser eficiente y acompañado por ingresos genuinos. Lo que significa que es preciso avanzar leguas en pocos saltos para mejorar la capacidad de recaudación del sistema tributario.
La reflexión es oportuna cuando se está a las puertas de definir el contenido del presupuesto 1992.
El criterio rector -si se advienen las instrucciones giradas por el ministerio de Economía- parece ser acentuar la disminución del gasto público y la persistencia en el crónico ajuste.
Vale la pena recordar la tendencia de la última década y confrontar los datos locales con los de otras economías.
Según las estimaciones del Banco Mundial, el gasto público durante 1990 en Argentina fue igual a 15,5% del PBI. En Chile, un caso que se ofrece como paradigmático en la región, fue de 32,5% del Producto Bruto. En el caso argentino, el PBI de ese año se estimó en US$ 53.070 millones, mientras que el de Chile era de US$ 25.250 millones. Es decir que Chile, con menos de la mitad de nuestra población, gastó US$ 8.206 millones mientras que en Argentina la cifra equivalente fue de US$ 8.225 millones. España, otro caso frecuentemente citado como modelo, afectó 34,3% de su PBI a gasto público.
Naturalmente, las cifras de ingreso guardan relación con las partidas de gastos. El ingreso fiscal como porcentaje del PBI fue -ese mismo año- de 29,4% para España, de 30,8% para Chile, y de 13,2% para Argentina. Expresado de otro modo, Chile con 13 millones de habitantes recaudó US$ 7.777 millones, mientras que Argentina -con 32 millones- alcanzó a US$ 7.005 millones.
En el caso argentino, el gasto de la administración nacional entre 1980 y 1982, fue de 15% del PBI; entre 1983 y 1987, de 18%; y en 1990/91 alcanzará a 10,5%. En términos generales, los servicios, bienes e inversiones a cargo del Estado cayeron en un tercio en una década. El indicador es más grave si se repara en que el PBI disminuyó y en que la población aumentó durante el mismo lapso. La
conclusión es que, en el marco de una severa reducción del gasto, los rubros administración general y salud aumentaron su participación; seguridad y ciencia y técnica mantuvieron sus valores absolutos y tienden a elevar su participación porcentual, mientras que bienestar social y cultura acompañan la
caída general pero conservaron su participación porcentual. En verdad, las partidas de Defensa, economía y deuda pública son aquellas sobre las cuales descansó el ajuste.
Durante este año, el gasto global permanece en los mismos niveles que en 1990. La reducción del déficit de 3,3% a 1,7% del PBI se dio a través del aumento en los impuestos y de los ingresos por privatizaciones.
Si el proceso de transferencia de empresas estatales -responsables en gran medida del déficit- continúa al ritmo acelerado que se pretende, el gobierno estará en condiciones de reestructurar el gasto, en lugar de usar el Presupuesto con un criterio estricto de caja.
Es el tiempo adecuado para observar que los organismos multilaterales de crédito, las teorías económicas dominantes y la nueva convicción de dirigentes políticos en todo el mundo apuntan a poner de relieve el papel protagónico del Estado en promover el crecimiento económico y en asegurar mayor equidad en la distribución del ingreso. El nuevo consenso propicia:
* Invertir en la gente. Hay que aumentar el gasto en educación, en salud y en nutrición. Poner el énfasis en los requerimientos del capital humano.
* Hay que estimular un mejor clima para los negocios. Seguridad jurídica, desregulación, mejoramiento de la infraestructura son las prioridades.
* Es preciso incorporarse a las grandes corrientes del comercio mundial, reducir aranceles y remover barreras que traban el comercio externo.
* Hay que continuar con la reducción del déficit fiscal y mantener la inflación bajo control.
Desarrollar un mercado de capitales propio es esencial para financiar el crecimiento, en una época en que los capitales internacionales disponibles son escasos.
Es saludable temer al gasto improductivo. La inversión en el campo social expande la productividad, y mercados libres de regulaciones y trabas aumentan el retorno derivado de mejores indicadores en educación y salud Pero el ajuste continuo no tiene futuro. No es disminuyendo constantemente el gasto público como se logra expandir la economía. Como contrapartida, hay que asegurar que se pondrá fin a la evasión fiscal. No es cuestión de inventar nuevos impuestos. Lo que hay que hacer es recaudar eficientemente los que ya existen.
RIESGOS DE LA EUFORIA EN LA BOLSA.
Decir que la bolsa bate todos los records debido a un complot, o a una maniobra inducida, es una necedad. Creer que el súbito auge indica el fin de los problemas económicos del país, es una peligrosa inocentada.
Los datos objetivos son que la Bolsa registró operaciones en un solo día -23 de agosto, US$ 115 millones-, superiores al volumen negociado durante todo el mes de julio. En el primer semestre del año, el monto promedio de las transacciones diarias era de US$ 5 millones. En las primeras 17 jornadas hábiles de agosto, fue de US$ 35 millones. Las cifras de operaciones que se mencionan se refieren exclusivamente a la venta de acciones, pero hay otro volumen aún más significativo en la transacción de bonos y títulos en el mercado de capitales.
Son estos los elementos que ayudan a entender y explicar la súbita fiebre bursátil que ha permitido a Buenos Aires superar, en las últimas semanas, las marcas de Santiago y San Pablo, México y Caracas.
1) Las tasas de interés son reducidas en las principales plazas financieras internacionales. bonos del Tesoro de EE.UU., a un año, pagan 6,2%. El título equivalente en Alemania paga 8,6% anual. El certificado de depósito a tres meses, abona 7,6% en Japón y 5,7% en EE.UU.
Es negocio – como lo fue en México y en Venezuela- comprar títulos de los gobiernos que rinden por encima del 12%. Para compensar riesgos, los inversionistas reparten los huevos en diferentes canastas. Compran Bonex, por ejemplo, y acciones en el mercado bursátil.
2) Como promedio, 30% de las operaciones de la Bolsa local son “intrauterinas”, como dicen en la jerga. Recircula el mismo dinero: no hay ingreso de capitales frescos. 20 % del volumen transado son operaciones “de pase”. Cuando se compra en plaza normal se tienen 72 horas para pagar y perfeccionar la operación. Según la cotización del día en que corresponde pagar se puede optar por abonar vendiendo las acciones en plaza de contado inmediato, cuya liquidación debe hacerse ese mismo día, embolsando la ganancia si la hubo y pagando el quebranto en el supuesto contrario. La
operación de pase consiste en pasar para adelante el vencimiento, vendiendo de contado inmediato y recomprando en plazo normal (72 horas), es decir, que en esta fase no entra dinero nuevo al mercado. Finalmente están las operaciones que -50% del actual volumen- implican ingresos de nuevos fondos en el circuito.
3) En proporción abrumadora, son fondos provenientes del exterior. Buena proporción de los recursos son aportados por fondos especiales de inversión de EE.UU. y Europa occidental. También hay ingresos no significativos, de países vecinos.
La modalidad de fondos de inversión, que diversifica el riesgo y concentra enormes recursos, ha dado lugar en los dos últimos años a fondos especializados en América Latina que operan desde Nueva York y Londres. Argentina, está por primera vez en la mira de estos inversionistas de mediano plazo (dos a tres años como mínimo).
Mientras las tasas de interés internacional sigan en los actuales niveles, el flujo de fondos puede continuar -igual que el programa de convertibilidad- aunque no con la misma magnitud de los últimos días. Aún con lo positivo que es este panorama, nadie debe llamarse a engaño: falta mucho para hablar seriamente de un mercado de capitales.
ACUERDOS POLITICOS.
¿SOBRE QUÉ?.
Hay clima para un acuerdo de fondo entre los dos grandes partidos. Un entendimiento que significará ampliar las bases para consolidar la democracia, reforzar la gobernabilidad del sistema, y coincidencias programáticas sobre una agenda parlamentaria y económica. La posibilidad de este pacto parece asegurada cualquiera sea el resultado de las elecciones que se avecinan. Aunque seguramente el desempeño que obtenga cada partido en estos comicios incidirá en la amplitud de los términos del debate.
Los empresarios serán llamados a participar de este convenio esencial. Los políticos han adelantado en líneas generales lo que pretenden en el campo institucional, de la política económica y de las relaciones exteriores. La intención es asegurar la institucionalidad y la previsibilidad del sistema.
Falta precisar cuál es el contenido que los empresarios aspiran que tenga ese acuerdo capital. Es cierto que la Unión Industrial ha avanzado en la formulación de coincidencias sobre precios, salarios, impuestos y otras materias con la subsecretaría de Industria y Comercio. Pero eso no es suficiente. Es importante, para avanzar en la apertura económica, en la vigencia del libre mercado, y en la formación de un sólido mercado de capitales, que exista plena seguridad jurídica y especialmente claridad en las normas legales. A los inversionistas foráneos -y a los locales también- les interesan reglas de juego claras y estables, y la certeza de que un cambio de gobierno no significa barajar y dar de nuevo. Los empresarios pueden preferir un partido a otro, pero necesitan tener la certeza de que el sistema democrático y los lineamientos básicos de la política económica no variarán cualquiera sea la agrupación en el poder. Como ocurre en muchos otros países, el relevo en el gobierno no es una catástrofe sino una circunstancia más o menos conveniente, pero cuyos costos y consecuencias son siempre previsibles.
Está en juego la convergencia en el campo de la reforma de las instituciones, de la propia Constitución, y del papel que se espera del Estado. En el campo económico, sin soslayar la estabilidad y el control de la inflación, lo urgente es la reactivación y el crecimiento. El mero ajuste no es suficiente. En el plano social, la reforma educativa, la inversión en salud y en el bienestar familiar, importa tanto al empresariado como a los políticos. No hay acuerdo posible sobre deuda externa si no cuenta con el apoyo explícito de las principales fuerzas políticas, económicas y sociales.
El consenso sobre temas de fondo es imperativo y condición necesaria para salir del marasmo.
PREJUICIOS, PRECONCEPTOS Y ALGO MAS.
Lo primero que hay que decir es que son los periodistas los que tienen la costumbre de repetir la verdad revelada, convertir expresiones felices en slogans exitosos, asumir como propias ideas ajenas sin mayor revisión ni análisis. Lo segundo, es que a los empresarios les pasa lo mismo.
Con este telón de fondo, hay que convenir en que la reunión anual de ADEBA que acaba de finalizar, ha sido excepcional en más de una manera.
El encuentro anual está ya consagrado a debatir, no temas financieros, sino aquellos que son realmente de fondo para la vida nacional. Esenciales, relevantes y sobre los que hace falta la inspiradora luz de un debate inteligente y en profundidad.
Antes de este encuentro, muchos de los participantes hubieran despachado el tema de la seguridad social y de las prestaciones de salud con dos conceptos: “Hay que ir a un modelo a la chilena, y hay que alentar la actividad de las empresas de medicina prepaga”.
Los que se enriquecieron con las deliberaciones, han quedado más pensativos. Cualquiera sea el criterio que favorezcan ahora es seguro que tienen posición tomada contra el preconcepto, el prejuicio, el conformismo intelectual que gusta de repetir antes que de analizar. El documento central preparado por Fiel (de quien nadie sospechará un súbito entusiasmo estatista) refleja las peculiaridades propias, intransferibles, de la situación argentina y propone un papel para el Estado, insoslayable, de ordenamiento y control de la libre competencia en esos sectores. Una reflexión inteligente, moderna, ponderada, pero sobre todas las cosas, nada estatista.